La Comisión Constitucional del Congreso aprobó este miércoles, sin ningún voto en contra, la modificación de la Ley del Tribunal Constitucional (TC) para que el mandato de los magistrados que lo componen se acorte en el caso de que su renovación se bloquee o retrase. PSOE y PP consideran esta reforma una solución a largo plazo, mientras que los grupos minoritarios la ven como una receta «técnica» apresurada y provisional.
La modificación se votó un día después de ser acordada en la ponencia de la Comisión Constitucional que aprovechó una enmienda presentada por CiU a la reforma electoral sobre la papeleta del Senado para introducir este cambio en la ley del TC.
Todos los grupos votaron a favor, a excepción de ERC que se abstuvo para no obstaculizar una modificación que debe entrar en vigor antes de que el Senado designe próximamente a los cuatro magistrados, cuyo nombramiento acumula un retraso de tres años.
En nombre del PSOE, Jesús Quijano, defendió que esta es una medida que en el futuro facilitará la renovación del TC en los plazos previstos y dió la bienvenida al próximo relevo, aunque se produzca tarde. La fórmula adoptada para abordar estos cambios es, bajo su punto de vista, «perfectamente correcta» pese a la «rapidez» con la que se ha acordado.
En todo caso, Quijano consideró que es una solución a largo plazo que garantizará la renovación sin retrasos del TC y rechazó la idea propuesta por otros grupos para que expiren los mandatos transcurridos seis meses de su límite legal. Esa medida, dijo, no garantizaría la renovación y haría perder poco a poco sus miembros al Alto Tribunal.
Juan Carlos Vera, del PP, insistió en que ésta es «una fórmula aceptable» que resuelve la situación actual y otras que puedan «producirse en el futuro».
«Quizá no sea la mejor técnica jurídica», reconoció Vera, «pero ha sido considerada por todos adecuada y cumple sobradamente con los preceptos de la Constitución».
Por su parte, el diputado de CiU Jordi Jané, criticó duramente esta solución «técnica» que no puede ser tomada por definitiva y que evidencia que las cosas, dijo, «se han hecho mal».
En nombre del PNV, Aitor Esteban, también insistió en que ésta sólo puede ser una medida «puntual» que no da solución de «futuro» a la regulación del TC.
Joan Ridao, portavoz de ERC, tildó de «cambalache» entre el PSOE y el PP esta reforma, por entender que se ha hecho «aprovechando que el Pisuerga pasaba por la Ley Electoral».
También Ana Oramas, de CC, arremetió contra el «espectáculo público» que se está dando en relación al TC y lamentó que hasta ahora esta institución haya estado más sometida al «interés partidista» que a los dictados del «interés general».
Con esta modificación se garantiza el cumplimiento de la Constitución, que en su artículo 159.2 establece que los miembros del TC serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres años: Cuatro por el Congreso, otros cuatro por el Senado, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Después de tres años de bloqueo en el Senado, ahora toca al Congreso designar a sus miembros del TC, una coincidencia temporal que incumpliría la Constitución y que se quiere evitar con la reforma acordada hoy.
La reforma votada hoy recoge, además, que las vacantes producidas por causas distintas a la expiración de los mandatos serán cubiertas también por el tiempo que le restase de mandato al magistrado que se sustituye.
