Los atentados del 11-M en Madrid, que provocaron 192 muertos y cientos de heridos, han costado un total de 325 millones de euros en indemnizaciones, según informó hoy en el Congreso el subsecretario del Ministerio del Interior, Justo Zambrana.
Zambrana compareció en la Comisión de Interior de la Cámara Baja, donde sustituyó al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, para explicar los presupuestos de este ministerio para 2011. Camacho no acudió a esta comisión al encontrarse en Luxemburgo en la reunión de responsables de Interior de la Unión Europea.
El subsecretario se refirió a este asunto en respuesta a una pregunta del portavoz del PP, Ignacio Cosidó, que se interesó por la reducción de la partida de víctimas del terrorismo en el proyecto de presupuestos de 2011, donde esta partida pasa de 27 a 23 millones de euros.
A este respecto, Zambrana explicó que estos créditos son �ampliables� y que no debe haber �ninguna preocupación� al respecto, puesto que es una cantidad que se puede incrementar si es necesario. En este contexto, el subsecretario aludió a que ya se han pagado 325 millones de euros en indemnizaciones por los atentados del 11-M.
�RAZONABLEMENTE BUENO�
Sobre el conjunto de los presupuestos de Interior, Zambrana explicó que, descontando los créditos electorales para los comicios de 2011, las cuentas de Interior para el año que viene bajan en un 5,19 por ciento respecto al presente ejercicio.
Este alto cargo de Interior destacó que este descenso es bastante inferior a la media del 15 por ciento que experimentarán los presupuestos del resto de ministerios durante el próximo año. Por este motivo, el subsecretario señaló que puede calificarse como �razonablemente bueno� el presupuesto para 2011 del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba.
Por su parte, Ignacio Cosidó, en nombre del PP, aseguró que ésta es la primera vez en la democracia en la que desciende el gasto en seguridad ciudadana. Al mismo tiempo, este diputado expresó su inquietud por el efecto que este recorte puede tener en el �profundo malestar� que ya existe entre policías nacionales, guardias civiles y funcionarios de prisiones.
