El Ministerio de la Presidencia ha informado de que entre los meses de mayo y septiembre ha realizado «prospecciones» en las criptas y osarios del Valle de los Caídos, como parte de un estudio sobre su estado de conservación, y ha puntualizado que en ningún momento se ha llevado cabo «ninguna exhumación ni traslado».
En un comunicado, el departamento que dirige María Teresa Fernández de la Vega ha explicado que «los estudios forenses aun no han concluido» y que, cuando llegue ese momento, el Ejecutivo «hará públicas sus conclusiones» y las dará a los grupos parlamentarios y a las asociaciones y familiares que se han interesado por este asunto.
Los estudios pretenden «comprobar el estado de los restos y la viabilidad de las exhumaciones» solicitadas por varias familias de víctimas del franquismo enterradas allí.
Presidencia ha señalado que este examen forense se ha emprendido «dentro de un procedimiento administrativo» en el marco de las competencias de Patrimonio Nacional, «que tiene la responsabilidad del mantenimiento y conservación del Valle de los Caídos», y ha añadido que tal procedimiento es público y que se ha dado información la comunidad benedictina que reside en el complejo.
Por el momento, el Gobierno ha comunicado a las familias que solicitaron subvenciones para exhumar restos que el monumento no está condiciones de dar entrada allí a particulares, sino que hace falta un trabajo previo documental –para elaborar un censo– y forense.
Así, según el Ejecutivo, su estudio sobre el Valle de los Caídos tiene varias partes, ya que además de comprobar el estado de las fosas desde el punto de vista forense y arquitectónico, hay una parte «documental», que consiste en compilar y examinar todos los documentos de la época para «determinar la distribución de los restos en los distintos osarios».
Todo ello se enmarca en el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica –la localización y exhumación de desaparecidos es una de las prioridades de las subvenciones otorgadas en virtud de la ley– y al mandato parlamentario de la Comisión Constitucional del Congreso que, el 30 de septiembre de 2009, aprobó una proposición no de ley instando al Gobierno a elaborar un censo de personas enterradas en el Valle de los Caídos y a facilitar las exhumaciones y «agilizar el traslado de los restos mortales de las personas allí enterradas» cuando lo pidan sus familiares o sus representantes.
También con ese fin, Patrimonio Nacional y la Oficina de Víctimas del Ministerio de Justicia firmaron hace un año un acuerdo para digitalizar las fuentes documentales de los estos inhumados en el Valle de los Caídos.
