Exhibiciones de fuerza, como el cese fulminante de la directora del CIS, no le han servido

De la Vega paga su fallos de coordinación y cae en el pulso que le echaron Rubalcaba y Blanco

La salida coincide con la presentación de la nueva ley Electoral que tilda de “fraudulento” su padrón en Beneixida

De la Vega paga su fallos de coordinación y cae en el pulso que le echaron Rubalcaba y Blanco
Despedida de De la Vega y Salgado en el Congreso.

La gestión de la Función Pública pasa ahora a Chaves

Un efusivo abrazo para enterrar el hacha. así se despidieron ayer la que ha sido vicepresidenta primera del Gobierno y la número tres del Ejecutivo en su bancada del Congreso de los Diputados tras tumbar las cinco enmien- das registradas a la totalidad de los PGE.

Una victoria política que ocultaba una gran derrota: el afán de Fernández de la Vega por permanecer en el cónclave monclovita. Durante estos meses, ella ha mantenido acalorados enfrentamientos con Elena Salgado, ministra de Economía; principalmente, por no descolgarse del círculo decisorio más próximo a José luis Rodríguez Zapatero.

El presidente del Gobierno la ha reemplazado para apostar por un Ramón Jáuregui que “habla muy bien”, y es que la descoordinación, y, sobre todo, el fracaso en disimularla le ha costado el puesto a la vicepresidenta primera.

En el rosario de fallos está el del pasado enero, cuando salió en rueda de prensa junto con Salgado para anunciar el retraso de la jubilación a los 67 años, una medida que tan sólo 72 horas después quedaría en una “mera propuesta”. Uno de los momentos más delicados se produjo en febrero, cuando unas declaraciones del secretario de Estado de Hacienda,Carlos Ocaña,en las que dejaba la puerta abierta a un recorte salarial de los funcionarios y desautorizaba de plano a De la Vega, quien, tan sólo unos meses antes –en concreto, en septiembre de 2009–, aseguró que ella se había encargado personalmente de firmar un pacto salarial con los sindicatos y empleados públicos donde no se contemplaba ninguna rebaja.

Al final, Elena Salgado intervino y dio el visto bueno a las tesis que había sugerido su subordinado.

Éstas desembocarían poco después en el mayor recorte de derechos sociales de la Democracia: tijeretazo del 5% en las nóminas de los funcionarios.

REORGANIZACION

Tanto desajuste interministerial en este sentido ha dado lugar a que Zapatero deje ahora en manos del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, todas las competencias en materia de Función Pública que antes controlaba De la Vega.

Será su hasta ayer secretaria de Estado de esta área, Consuelo Rumí,
la que comparezca hoy en Comisión Parlamentaria. En ella, deberá dar respuesta al PP sobre el empadronamiento irregular de quien ha sido su jefa.

La vicepresidenta, enojada por el modo de su salida, se despedirá hoy en Moncloa con una rueda de prensa. En la antesala
de la aprobación del decretazo, De la Vega encajó el primer serio revés de quienes han querido acumular más dominio en la órbita zapateril: el ministro del Interior, alfredo Pérez Rubalcaba, a través de su protegida Salgado, y el titular de Fomento, José Blanco.

Tanto el vicesecretario general del PSOE como el responsable de Industria, Miguel Sebastián conformaron junto con la vicepresidenta segunda la troika de los conocidos como Pactos de Zurbano.

De la Vega, ninguneada por el principal partido de la oposición en las sesiones plenarias de control al Gobierno –la número dos del PP en el Congreso, Sáenz de Santamaría, preguntó durante semanas a Salgado–, quedó completamente fuera de una terna cuyos acuerdos con otros partidos fueron poco más allá de reducir el IVA del fontanero.

Así, las presiones a Rodríguez Zapatero desde el entorno de Blanco y Rubalcaba para pensar en un relevo de la vicepresidenta primera se fueron acrecentando hasta el punto de que en la crisis de Gobierno–”golpe de efecto”– que se esperaba para el Debate del Estado de la Nación, la salida de De la Vega se daba prácticamente por hecha.

Ante este pulso, desplazada y sin apenas estrecho respaldo en el seno del Ejecutivo, se ha dedicado a realizar sucesivas exhibiciones de fuerza.

Uno de estos arrebatos por sacar músculo tuvo lugar recientemente con el emplazamiento del futuro almacén temporal centra- lizado (aTC) de fondo.

De la Vega frenó en seco la intención de Industria de elegir Zarra (Valencia) como lugar idóneo para albergar el silo nuclear.

La valencianidad de la vicepresidenta –el Ejecutivo de Camps podría utilizar la concesión del aTC en clave electoral para las autonómicas de marzo– pesó en que ella contribuyera a generar el revuelo –en otro caso de falta de coordinación–, instando al encargo in extremis de un informe jurídico competencial acerca de la viabilidad de instalar el aTC en Zarra o en el municipio tarraconense de ascó.

Asimismo, con la sustitución de la directora del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Belén Barreiro, por un hombre de su confianza, Ramón Ramos –se conocen desde la Universidad–, De la Vega quiso dar otro golpe de autoridad sobre la mesa.

Ello después de que forzara a Barreiro a retrasar un sondeo hasta la celebración del Debate sobre el Estado de la Nación y ésta se negara.

Incluso había intentado en las últimas semanas hacer las veces de fiel escudera del jefe del Ejecutivo, diciendo a los que ya preparan el poszapaterismo, que él es “el mayor activo del PSOE”.

Sin embargo, no ha logrado salvarse de la quema, justo cuando la nueva ley del Régimen Electoral General, presentada esta semana en el Congreso de los Diputados, cuestiona su empadronamiento “fraudulento” en Beneixida (Valencia) –desvelado por la revista ÉPOCa–, y la acumulación de querellas emborrona ya demasiado su expediente.

Con esta redacción de la loreg, consensuada por PP, CiU, PNV y su propio partido, el PSOE, la número dos del Ejecutivo no podría repetir lo que hizo en 2007 para poder votar en Beneixida y presentarse, así, como cabeza de lista de los socialistas en aquella comunidad.

La propuesta establece “reforzar las garantías para impedir que los denominados empadronamientos fraudulentos o de conveniencia con fines electorales consigan su objetivo”, por lo que se amplía el plazo actual para cerrar el censo de cara a los comicios.

En cuanto a las causas judiciales pendientes, De la Vega se encuentra en el grupo de aforados –junto con Zapatero, Salgado, el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Pedro Castro, y el director del BOE, Fernando Pérez Sánchez– que el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid debe seguir investigando a instancia del TS.

Además, la asociación para la Defensa del Valle de los Caídos anunció hace unos días otra querella en su contra tras la apertura de los osarios de la basílica sin autorización de un juez competente.

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