El Pleno del Congreso aprobó este miércoles, con el voto en contra de PNV, ERC-IU-ICV, BNG y Nafarroa Bai, la toma en consideración de la reforma auspiciada por PSOE y PP para trasladar la Ley de Partidos a la legislación electoral y taponar a Batasuna toda vía de acceso a las instituciones. Los nacionalistas vascos y catalanes advierten riesgos de inconstitucionalidad en la proposición de ley, mientras que ERC cree preferible apostar por el diálogo y la excarcelación de Arnaldo Otegi.
El ponente del PP José Antonio Bermúdez de Castro ha justificado esta iniciativa en la necesidad de que el Estado de Derecho no acepte «espacios de impunidad» a ETA-Batasuna y ha aprovechado para advertir al Gobierno que los ‘populares’ estarán «vigilantes» en la aplicación de esta norma con el fin de que no se caiga «en las trampas de lenguaje» del entorno terrorista.
«No aceptemos señuelos de los violentos y no rebajemos el listón», ha enfatizado Bermúdez de Castro, para quien la respuesta del Ejecutivo frente a la imposición de la legalización de su brazo político que pretende ETA debe ser «la democracia».
Frente a la banda terrorista, ha añadido el parlamentario ‘popular’, sólo caben dos opciones «o su derrota o rendición», pero «sin atajos ni contraprestaciones, ni mediadores ni ambigüedad». «Debe haber vencedores y vencidos», ha concluido.
EL PSOE EVITA LOS AVISOS DEL PP
También el socialista José María Benegas ha recordado a ETA y a quienes la apoyan que no tienen más camino ni más alternativas que la cárcel o el abandono de la violencia. Eso sí, ha declinado replicar a las insinuaciones del PP y ha reclamado «el mayor esfuerzo de unidad», a pesar de las discrepancias de estas reformas.
Según ha explicado, desde la aprobación de la Ley de Partidos, Batasuna o la denominada izquierda abertzale han empleado la imaginación para buscar subterfugios y tratar de estar en las instituciones. «Tenemos una experiencia acumulada de cómo lo hacen y estas reformas buscan cerrar cualquier vía», ha resaltado, admitiendo que su iniciativa tiene un carácter instrumental para que, «quienes tienen que saberlo, sepan que vamos a taponar las vías ambiguas».
Así, en un primer bloque de modificaciones, la reforma busca ampliar los plazos para impugnar candidaturas, que estaban muy tasados, habida cuenta de Batasuna y sus marcas sucesoras aprovechaban que caducaba el plazo para desvelar sus intenciones y anunciar cuál era su apuesta para las elecciones.
Y en el supuesto de que la apuesta de Batasuna no se desvele hasta el mismo día de las elecciones, se amplía también el plazo para recurrir contra la proclamación de electos. De esa forma, se podrá evitar al menos que los electos puedan llegar a tomar posesión de sus cargos.
Un segundo bloque de cambios legales se destina a tratar de evitar que los sucesores de Batasuna permanezcan en sus escaños después de que se ilegalice la marca con la que se presentaron. Es decir, si una formación es expulsada después de la toma de posesión de sus cargos, éstos se situaran en una situación de incompatibilidad sobrevenida que podrán salvar si hay una renuncia expresa de las causas que motivaron la ilegalización de esa formación.
INCOMPATIBILIDAD SOBREVENIDA
El PSOE y el PP han previsto incluso el supuesto de que los ediles de una formación declarada ilegal después de unas elecciones salven esa incompatibilidad «por imperativo legal» y después vuelvan a las andadas. Su propuesta es que, si tiempo después de la renuncia se contradicen con su actuación, se les aplicará de nuevo la incompatibilidad sobrevenida.
Esa incompatibilidad sobrevenida es lo que a los nacionalistas les genera dudas de constitucionalidad. «Esta nueva vuelta de tuerca infringe lo establecido por la jurisprudencia y la propia Constitución», ha aseverado el diputado del PNV Aitor Esteban.
El representante de CiU, Jordi Xuclà, cuyo grupo optó por la abstención, anunció su «oposición frontal» a este punto, que, a su juicio, transmite un mensaje de discrecionalidad, no ya desde el punto de vista jurídico, sino de política antiterrorista. «Es un concepto jurídico indeterminado que nos sitúa en el extremo de las capacidades que nos reserva la Constitución», opina.
El portavoz de ERC, Joan Ridao, ha rechazado la admisión a trámite de esta proposición porque «va en contra del signo de los nuevos tiempos», desprende «cierto tacticismo y cálculo partidista» y supone «una vuelta de tuerca más» de un Pacto Antiterrorista que «en nada va a favorecer la paz en el País Vasco».
Una paz a la que, según ERC, no se llegará si, por ejemplo, no se empieza liberando al portavoz de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi –a quien se le va a juzgar «por motivos políticos»–, comenzando a hablar «con el enemigo» y derogando la actual Ley de Partidos por «excluyente». «Hay que tener mayor altura de miras, aparcar la visceralidad y abandonar la mochila de dolor y resentimiento», ha resumido.
POR VIA PENAL, Y NO ADMISNITRATIVA
De su lado, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha subrayado que no comparte ni la forma ni el fondo de esta iniciativa porque PSOE y PP la han presentado «con mucha retórica, en el último minuto y sin contar con el resto de fuerzas políticas» y porque, según ha argumentado, las formas de ilegalizar partidos «son penales y no administrativas».
Desde el Bloque Nacionalista Galego (BNG), su portavoz, Francisco Jorquera, ha justificado su voto en contra de la admisión a trámite de la proposición apuntado que ya existen instrumentos «suficientes» para evitar que Batasuna o sus herederos concurran a los comicios. «Son innecesarias nuevas reformas legales», ha remarcado.
En similares términos se ha pronunciado la representante de Nafarroa-Bai, Uxue Barkos, quien ha criticado el texto acordado entre socialistas y ‘populares’ por «pura coherencia política y democrática» y porque, a su juicio, supone «una continuación» de la primera reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Por contra, la diputada de UPyD, Rosa Díez, ha votado a favor de esta iniciativa, aunque ha avisado de que va a introducir enmiendas en su tramitación parlamentario «para endurecerla más». Pese a su respaldo, Díez ha acusado al Gobierno de haber permitido que en la pasada legislatura que Acción Nacionalista Vasca (ANV-EAE) se ‘colara’ en las instituciones al no aplicar leyes como la de Partidos y de Bases de Régimen Local.
También ha respaldado la proposición el representante de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador, para quien esta medida tiene que tener como objetivo que los que no creen en la democracia, «los fascistas», no puedan volver a reírse de la democracia con el objetivo de «destruirla».
