Presupuestos. La Cámara Baja rubrica la partida de 8.759 millones que recibirá Interior en 2011

El Pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde hoy a la partida de 8.759 millones que los Presupuestos Generales del Estado para 2011 reservan al Ministerio del Interior, en una votación que contó con 190 síes, 155 noes y dos abstenciones y, por tanto, tras rechazar todas las enmiendas presentadas, envía esta sección presupuestaria al Senado.

El titular de este departamento, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró en el debate sobre esta sección de las cuentas públicas que la dotación es «austera, como corresponde a estos Presupuestos, pero suficiente para mantener sus objetivos y prioridades».

Interior contará con 8.759 millones de euros, con una reducción del 3,08%, que se dedicarán de manera prioritaria a «bajar las tasas de criminalidad, combatir el terrorismo y el crimen organizado, atender a la población penitenciaria, los programas de seguridad vial y la protección de víctimas de violencia de género».

Una de las partidas que mayor reducción registra es la de gastos de personal, que supone 6.659 millones de euros, un 4,81% menos que el año anterior. Esta reducción proviene de la bajada del sueldo de los funcionariso aprobada por el Gobierno la pasada primavera, que, de media, suponía el 5%. En este caso la contracción no llega al 5% por la ampliación y consolidación de plantillas en el Ministerio de Interior.

Además, explicó, para 2011 aún hay dotación correspondiente al Plan E para rehabilitación de cuarteles y comisarías de policía.

La partida de Instituciones Penitenciarias es una de la más abultadas y alcanza 1.213 millones de euros y contempla la convocatoria de 267 plazas de funcionarios para los cinco nuevos centros penitenciarios que entrarán en sercicio el próximo año, junto a cuatro centros de inserción social y tres unidades de madres.

Además, Interior dedicará 5.387 millones de euros a seguridad ciudadana, que Rubalcaba considera suficiente para mantener los objetivos, al igual que ocurre con los 883 millones que se dedicarán a seguridad vial.

Ignacio Cosidó, portavoz del PP, arremetió contra las cuentas presentadas por el ministro, en especial por la reducción salarial aplicada a policías y guardias civiles, por entender que es fruto de una política económica errónea.

Acusó a Rubalcaba de haber «engañado» a los funcionarios y le exigió que «les diga la verdad y les pida disculpas por haber incumplido su promesa electoral» de mejorar su salario.

Según Cosidó, «peor que los recortes, que son malos en sí mismos, es que el Gobierno carece de criterio para hacerlos» y se limita a «quitar un poquito a cada unidad», lo que puede acabar en «el colapso».

«NI PARA UNIFORMES»

El diputado popular, que defendió una enmienda para dotar de más fondos a las víctimas del terrorismo, aventuró que el Ejecutivo socialista «nos va a dejar» el Ministerio de Interior «sin dinero para gasolina ni para uniformes», como, dijo, ocurrió en 1996, cuando el PP asumió el gobierno tras la derrota de Felipe González.

En nombre de CiU, Josep Sánchez Llibre considera que estos presupuestos son «insuficientes» para atender las demandas salariales de los funcionarios de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. CiU destacó de entre sus enmiendas una relativa a la extensión a los Mossos d’Esquadra el régimen de jubilación anticipada que rige en la Policía, así como otras relativas a la reclamación de ciertos municipios sobre algunas casas cuartel de la Guardia Civil, que quieren destinar a fines sociales y culturales.

El portavoz de ERC, Joan Tardà, reprochó al Gobierno que no haya consignado una partida en el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para fomentar el bilingüismo de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en aquellas comunidades autónomas con lengua propia.

Recordó que el propio Pérez Rubalcaba reconoció la necesidad de que los agentes fueran «competentes lingüísticamente» y que el director de la Guardia Civil «dio la palabra de que nunca más se iban a repetir situaciones en las que los derechos lingüísticos de los españoles se vieran vulnerados porque el funcionario exigiese el uso de la lengua española en la interlocución».

«Pues si resulta que hay su voluntad política y la palabra dada del director de la Guardia Civil, y afirma que se están firmando convenios, �dónde están las partidas económicas?», inquirió Tardà. Por otra parte, defendió la regularización de la prostitución, aunque reconociendo la opinión mayoritariamente contraria del Parlamento a este extremo, y reclamó que la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos sea «efectiva e implacable».

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