El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), reclaman, a través de una carta dirigida a la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, la puesta en marcha de un marco político «coherente» que garantice la incorporación de la discapacidad en la agenda política y legislativa de la Unión Europea, además de defender el desarrollo de políticas específicas.
En relación con la recientemente aprobada Estrategia Europea de la Discapacidad para el periodo 2010-2020, consideran que «es preciso que dicha estrategia pueda ser adoptada a través de una decisión del Consejo de Ministros y del Parlamento Europeo, lo que garantizaría la puesta en marcha de un marco más efectivo para las políticas de discapacidad de la UE».
Por otra parte, en el ámbito de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Cermi y el EDF esperan que «pueda procederse al depósito oficial de la ratificación de la convención por parte de la UE». Además, consideran que resultaría «simbólico» que la confirmación se produjera el próximo 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
Sin embargo, para el Cermi y el EDF, «aunque supone un avance y a pesar de los propósitos y de las responsabilidades compartidas de las distintas instituciones y de los Estados miembros en la aplicación de la convención de la ONU a nivel de la UE, la estrategia se limita a la Comisión Europea».
Por ello, el movimiento asociativo de la discapacidad lamenta la falta de una estructura de gobierno y procedimientos concretos y la falta de medidas para habilitar una partida presupuestaria específica. En este sentido, con el fin de lograr el objetivo de la plena aplicación de la Convención de las Naciones Unidas, el EDF propone también la creación de un Comité Europeo de la Discapacidad
Así, plantea que este organismo debería contar con la participación de los máximos responsables de políticas de discapacidad de los Estados miembros, un representante del Parlamento Europeo y el EDF, como interlocutor reconocido de las instituciones europeas en materia de políticas de discapacidad.
«El comité tendría la responsabilidad de elaborar informes para apoyar la aplicación de las políticas de la Comisión Europea, al mismo tiempo que permitiría el intercambio de buenas prácticas y la elaboración de opiniones en materia de las competencias compartidas y propuestas legislativas para el Consejo», opina. De esta manera, según el EDF, «se facilitaría una mayor participación del consejo en las decisiones que afectan a las personas con discapacidad a nivel nacional».
«Creemos que estas peticiones ofrecen una estructura más coherente en cuanto a la efectividad de las políticas nacionales y europeas y la cooperación entre los Estados Miembros de la Unión Europea», concluyen.
