El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes, con los únicos votos en contra de IU, ICV y UPyD, la propuesta de reforma del Estatuto de Extremadura, la novena norma autonómica que llega a las Cortes Generales desde 2004 y la séptima que prospera. Con esta amplia mayoría, el texto pasará al Senado para su tramitación definitiva, por lo que podría entrar en vigor antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2011.
La propuesta de reforma llegó a la Cámara Baja con el consenso de los dos partidos con representación en la Asamblea extremeña, PP y PSOE, un gran acuerdo que también ha quedado plasmado durante la tramitación en el Congreso con la incorporación de varias enmiendas de carácter técnico y de una nueva redacción del apartado dos de la disposición adicional segunda.
En la presentación del Estatuto, el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, ha hecho hincapié en la «normalidad democrática» que supone la aprobación de este texto porque lo «normal es que las leyes puedan reformarse para adaptarse mejor a las nuevas circunstancias y a los nuevos desafíos».
A su juicio, lo que necesita el Estado autonómico son «mejoras en el perfeccionamiento de sus estructuras» y no un «retroceso en el autogobierno de las comunidades autónomas». «Este Estatuto es un paso más, importantísimo, y para eso es útil la autonomía, el autogobierno, sabiendo integrar la defensa de los propio en lo común que es España», ha explicado.
Aunque ha admitido que en el modelo autonómico se han producido «disfunciones, duplicidades de competencias», el vicepresidente tercero ha subrayado que el sistema «lo solventa cada día» a través de los instrumentos previstos en la Constitución de coordinación y cooperación a través de las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas.
Los portavoces del PP y el PSOE, Mariano Gallego y María Antonia Trujillo, respectivamente, han coincidido en valorar el hecho de que el «consenso» que se alcanzó en la Asamblea extremeña para aprobar el nuevo Estatuto se haya trasladado a la Cámara Baja a pesar de la «demora» en la tramitación del texto desde que llegó hace más de un año.
ACELERAR EL PROCESO DE CONVERGENCIA
Este retraso se ha debido fundamentalmente a la nueva redacción del apartado dos de la disposición adicional segunda, relativo a las inversiones del Estado en la comunidad. Tras la negociación en el Congreso, este punto establece que, «con objeto de acelerar el proceso de convergencia de la región con el conjunto nacional, el Estado realizará, cada año y por un periodo de siete, inversiones complementarias del 1 por ciento del PIB regional».
Para Gallego, todos los nuevos estatutos de comunidades cuyo PIB se sitúe por debajo de la media española deberían incluir una cláusula similar a esta porque «salvaguarda el principio de solidaridad» del Estado hacia las autonomías.
Aunque la enmienda presentada por el BNG, referida a la inclusión de una disposición que reconociera oficialmente la existencia de una variante del gallego-portugués denominada ‘A Fala’ y del portugués de Olivenza, ha sido rechazada, el diputado de esta formación Francisco Jorquera ha apoyado la reforma del Estatuto.
No ha ocurrido así en el caso de IU, cuyo ponente, Gaspar Llamazares, ha defendido sus 17 enmiendas remarcando que la norma extremeña es una «oportunidad perdida» porque «prácticamente se queda en el mismo sitio».
REACCION AL ESTATUT
Tras lamentar que IU no haya sido «llamado a la negociación» del texto tanto en la comunidad autónoma como en el Congreso, Llamazares ha criticado que este Estatuto nació fruto de una reacción a la aprobación de la norma catalana y su posterior interpretación por parte del Tribunal Constitucional, y «no de las necesidades de Extremadura».
Sin embargo, Trujillo ha asegurado que el rechazo a estas enmiendas se ha fundamentado en que «la mayoría» de ellas requieren una «reforma constitucional» y otras ya están incorporadas en el texto con otra redacción o su contenido ha sido incluido en las que han presentado conjuntamente PP y PSOE.
Por su parte, la diputada de UPyD, Rosa Díez, ha vuelto a criticar que la reforma de las normas autonómicas como esta tiene «letra de estatuto y alma de Constitución», ya que opina que sirve para reformar la Carta Magna «por la puerta de atrás».
Además, ha calificado de «despropósito» parte del contenido del Estatuto por suponer un «despilfarro» en momentos de crisis, y ha añadido que a «quienes tienen problemas» no les importa una norma que pone «énfasis» en la identidad extremeña. «Con esto no se resuelven los problemas de los españoles», ha aseverado.
Tanto CiU como PNV han expresado su apoyo a la decisión tomada por la Asamblea de Extremadura, de modo que han votado favorablemente a la reforma. En el caso del diputado catalán Jordi Xuclà, su partido muestra con su voto «el mismo respeto» que mostró el Congreso cuando aprobó el Estatuto catalán.
«PROCESO MODELICO»
En la votación de la reforma de la norma han estado presentes en el hemiciclo del Congreso dirigentes del PP y el PSOE extremeños. El portavoz adjunto de los socialistas en la Asamblea regional, Francisco Macías, ha calificado en declaraciones a los medios el «proceso modélico» que ha llevado a la aprobación del texto
A su juicio, este Estatuto va a dar «respuesta a la demanda de los ciudadanos» y aportará «tranquilidad» al resto de españoles porque «no va a suponer más gasto» aunque suponga «mayores ingresos para Extremadura».
Mientras, el líder ‘popular’ en esta comunidad autónoma, José Antonio Monago, ha destacado el «consenso» que ha presidido la elaboración de esta reforma. «Creo que tiene que ser motivo de satisfacción que hayamos podido llegar a un acuerdo para dotarnos de una norma que ha nacido, a diferencia de otras veces, del consenso y la unanimidad», ha añadido.
