El Pleno del Congreso ha aprobado este martes la proposición de ley firmada por el PSOE y el PP más los nacionalistas catalanes y vascos con la que se procede a una revisión global de la Ley Electoral de 1985.
La reforma, que cosechó el voto en contra de ERC-IU-ICV, UPyD y BNG, se remite ahora al Senado para culminar su tramitación parlamentaria en la sesión extraordinaria que la Cámara Alta celebrará el 18 de enero. De ahí irá al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su aplicación en las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011.
25 AÑOS DESPUES
Veinticinco años después de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el Congreso ha culminado este martes su primera actualización global, para lo cual ha recogido todos los acuerdos adoptados en la subcomisión del Congreso que, presidida por Alfonso Guerra, estuvo dos años trabajando en los posibles cambios.
Entre las novedades figura la exclusión de los residentes en el extranjero en las elecciones locales, la posibilidad de voto en urna en consulados y embajadas para los emigrantes, la desactivación del papel clave de los tránsfugas en las mociones de censura municipales, la mejora del sistema de concejo abierto que rige para los pequeños municipios o el adelantamiento del censo válido para unas elecciones evitando empadronamientos de conveniencia.
También contempla la extensión de los criterios de pluralismo y proporcionalidad a las televisiones privadas, la prohibición de actos de inauguración en campaña electoral, la eliminación de publicidad política en precampaña, la exigencia de un aval testimonial de firmas a las formaciones sin representación parlamentaria que optan a escaños en Cortes, la reducción de los gastos electorales y la congelación de las subvenciones a los partidos.
Según han recordado el socialista José María Benegas y el ‘popular’ Juan Carlos Vera, desde el principio la subcomisión trabajó con los criterios de excluir propuestas que implicasen modificaciones de la Constitución y sólo permitir aquellos cambios que contasen con amplio consenso y siempre con presencia de los dos partidos mayoritarios.
TODOS HAN TENIDO QUE CEDER
Ello hizo que no prosperasen propuestas como la reforma en profundidad del sistema electoral (proporcionalidad) que planteaban IU-ICV y UPyD, la circunscripción especial para emigrantes que el PSOE incluyó en su programa de 2008, la reclamación del PP para que en los ayuntamientos gobernase la lista más votada o la demanda de CiU y PNV para implantar las circunscripciones autonómicas para las elecciones europeas.
Los diputados de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, y de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, las formaciones que se consideran perjudicadas por la legislación vigente, han vuelto a mostrar su disconformidad con la proposición de ley al considerarla insuficiente porque no entra en la proporcionalidad del sistema.
Ambos habían presentado sendas propuestas de reforma alternativas que fueron rechazadas por los cuatro grandes parlamentarios y ahora han optado por votar en contra de la proposición de ley, tachándola de «fraude», como la ha definido Llamazares.
La nueva regulación del voto emigrante cosechó también las críticas del BNG y de Coalición Canaria. Los nacionalistas gallegos acabaron votando en contra de toda la ley mientras que la formación canaria, que había protestado por la exclusión del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las elecciones locales, acabó votando a favor del dictamen dado que ésa es su única discrepancia y, en cualquier caso, el Gobierno canario ya ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
