La Fiscalía de Madrid ha planteado la posibilidad de solicitar el embargo de bienes de los dirigentes de USCA
A Rubalcaba no le gusta que le evidencien. Menos aún que le toreen. Por eso no se lo ha pensado dos veces a la hora de espiar y escuchar las conversaciones telefónicas de los máximos representantes de los controladores aéreos para saber dónde se encontraban el 3 de diciembre de 2010, cuando se produjo la baja masiva de muchos de estos trabajadores originando una huelga encubierta. También, el Gobierno ha querido saber las propiedades e inversiones financieras de cada una de ellos.
El Mundo publica esta información este lunes 10 de enero de 2010 titulada Rubalcaba ya dispone de un informe sobre la vida y propiedades de los controladores donde asegura que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) proporcionó al vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, información y datos personales de los representantes del sindicatos de los controladores USCA.
El trabajo fue encargado por el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, al director general de la Policía y Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez.
Según el diario de Pedrojota «las investigaciones, seguimientos y escuchas telefónicas del CNI y agentes especializados de Interior» se han centrado en los tres dirigentes sindicales del USCA: el presidente, Camilo Cela; el secretario de comunicación, César Cabo, el portavoz, Daniel Zamit y el abogado del sindicato, Francisco Maroto, «que ha tenido un seguimiento muy especial».
El objetivo principal de la búsqueda de las propiedades de los representantes sindicales de los controladores está motivada porque la Fiscalía de Madrid ha planteado la posibilidad de solicitar el embargo de bienes de los dirigentes de USCA, por las posibles responsabilidades civiles que se deduzcan como consecuencia de la huelga ilegal que llevaron a cabo los pasados 3 y 4 de diciembre.
En este sentido, el diario de Unidad Editorial también ha podido saber que, en la Fiscalía de Madrid, «existen ciertas discrepancias sobre la forma y manera en la que se han conseguido algunos de los datos personales y profesionales de los dirigentes sindicales de los controladores aéreos».
Esas diferencias se centran en que, en algunas de las conversaciones telefónicas intervenidas por el CNI y otros agentes de los servicios secretos españoles, aparecen el abogado Francisco Maroto y otros letrados.
Si esa información fuera incorporada a la causa judicial que está abierta contra los controladores aéreos, la situación que se podría generar sería similar a la que ya se ha dado con las intervenciones que llevó a cabo el juez suspendido Baltasar Garzón de las comunicaciones entre los encarcelados por el caso Gürtel y sus abogados en los locutorios de la cárcel. De esa manera, la defensa de los controladores podría solicitar la anulación de algunas de las pruebas que se incorporaran a la causa, argumentado que se obtuvieron de manera irregular.