Fiscal general y defensor del Pueblo también la perciben
María Emilia Casas oficiará hoy por última vez las funciones de presidenta del Tribunal Constitucional (TC) en la toma de posesión de los nuevos magistrados designados por el Senado. Casas, que ha superado con creces (12 años) el tiempo marcado por la Constitución (9 años), abandonará el TC asegurándose “una pensión indemnizatoria mensual del 80% de su sueldo bruto anual durante los dos próximos años”, aseguran a LA GACETA fuentes jurídicas. El sueldo bruto para este año asciende a 129.271,46 euros.
Estas mismas fuentes han señalado que “este sueldo, asignado por la legislación vigente, no es incompatible con la percepción retributiva que la ex magistrada pudiera percibir de otra actividad pública o privada”. No obstante, advierten de que esta cuestión de compatibilidad remuneratoria está sometida a diferentes interpretaciones jurídicas.
En cualquier caso, “según la Disposición Adicional quinta de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1987, también se aplicaría a los cargos de defensor del Pueblo y fiscal general del Estado”, subrayan varios expertos.
Así las cosas, el nuevo destino más probable de María Emilia Casas será regresar a la cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, que es donde tiene la plaza reservada. Cuando fue nombrada magistrada en 1998 se le asignó la categoría administrativa de servicios especiales.
Fuentes jurídicas han explicado que “Casas, desde el mismo momento de su cese, puede reintegrarse en su anterior puesto de trabajo”. En su caso, “tomará posesión de su nuevo cargo con un mero trámite administrativo”, apuntan.
Estas cuantías idemnizatorias son distintas a las que especifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para los magistrados del tribunal que hayan desempeñado el cargo durante un mínimo de tres años. En este caso, tendrán una remuneración de transición, durante un año, equivalente a la que percibieran en el momento del cese.
Por otra parte, ayer juraron el cargo ante el Rey, en La Zarzuela, los cuatro nuevos magistrados del TC designados por el Senado con más de tres años de retraso. Adela Asúa Batarrita y Luis Ignacio Ortega Álvarez fueron propuestos por el PSOE. Francisco José Hernando y Francisco Pérez de los Cobos fueron elegidos a instancias del PP.
Ortega Álvarez, catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad de Castilla-La Mancha es considerado “como un hombre del partido socialista cien por cien”, comenta a este diario un destacado miembro de la judicatura. Además, “ha participado en la elaboración de medidas de reforma administrativa”, subraya.
Por su parte, Asúa Batarrita es catedrática de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, de tendencia progresista. También procede de la docencia Pérez de los Cobos, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense. El único magistrado de carrera que juró ayer el cargo es el ex presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ Francisco Hernando.
Originalmente publicado en La Gaceta.