El Gobierno volvió a recurrir a la risita, pese al justificado acoso al que le sometió el PP

Risas en vez de responsabilidades

El decisivo giro que el juez Ruz ha imprimido al chivatazo deja al ministro del Interior con las vergüenzas al aire

La bancada azul del hemiciclo tenía que haberse puesto ayer roja… de vergüenza. Pero en lugar de eso, el Gobierno volvió a recurrir a la risita, pese al justificado acoso al que le sometió el PP en dos frentes que han dejado contra las cuerdas a Rubalcaba y a Chaves: la investigación del Faisán
y la sentencia del TSJA sobre el caso Matsa. Los dos tenían ayer menos excusas que nunca para la arrogancia, pero los dos optaron por huir hacia adelante.

El decisivo giro que el juez Ruz ha imprimido al chivatazo deja al ministro del Interior con las vergüenzas al aire, al convertir las actuaciones en sumario, señalar que el soplo a los extorsionadores de ETA constituye supuesto delito de colaboración con banda armada y sumar otro supuesto delito de revelación de secretos que sólo pudo ser cometido por miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Las graves sospechas que la reapertura del caso proyecta sobre la Policía exigían, en buena lógica democrática, una explicación del responsable jerárquico de los imputados en la causa. En lugar de eso, Rubalcaba se enzarzó en un cuerpo a cuerpo con el tenaz diputado Gil Lázaro.

Así redujo el chivatazo a la categoría de «incidente», cuando se trata de una de las pruebas que evidencian que el Gobierno nunca interrumpió del todo el tam-tam con los terroristas. Tanto, que la Justicia ha sacado del dique seco la investigación que hicieron encallar Garzón y el fiscal.

Si es un simple «incidente», ¿por qué Rubalcaba se apresuró a decir que «la lucha contra ETA va muy bien», como si buscara en el recuento del número de detenciones una justificación para excusar el soplo?

Análoga finta, por cierto, a la negativa a destituir al delegado del Gobierno en Murcia, porque «tal cosa sería admitir que tuvo algo que ver con la agresión al consejero Cruz». ¿Quién lo dice? Lo único que pide el PP es que lo destituya por su pasividad ante la escalada de agresiones contra el Gobierno de esa comunidad.

Rubalcaba espetó al ariete popular: «Usted no es el juez instructor» del Faisán. ¿A quién trata de confundir? El caso está ahora en manos de un juez de la Audiencia que va a rastrear a fondo las conexiones entre el soplo e Interior.

Pero no es preciso esperar a las conclusiones. En una
democracia existen unas responsabilidades políticas y Rubalcaba debe dar cuentas ante la Cámara, sede de la soberanía popular. Gil Lázaro no es el juez, pero sí un diputado que legítimamente exige una explicación al ministro. A parecida estrategia se confía Chaves cuando alega que él no ha sido «condenado ni imputado» en relación al caso Matsa.

Lo que sustancian en el Parlamento son
sus responsabilidades políticas, algo que ha dejado aún más en evidencia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia andaluz al apuntar que debió ser expedientado por la Junta por subvencionar con 10 millones a la empresa en la que trabajaba su hija Paula.

Es fácil de entender: el presidente de una comunidad autónoma debe inhibirse cuando su Gobierno decide ayudas para una empresa en la que tiene a un familiar directo. Es de cajón… no hace falta invocar ni el Código de Buen Gobierno ni el de Hammurabi.

Nada más lógico que el TSJA subraye que ese señor debió ser expedientado por la Junta. Chaves ha mentido a los andaluces, a los españoles y a los diputados, como le recordó el PP ayer. Y, como Rubalcaba, se ha reído del Parlamento día tras día y se ha tomado a título de inventario la soberanía popular. ¿Qué más hace falta para que dimitan? Lo que nos diferencia de Estados Unidos: la vergüenza.

Editorial de La Gaceta.

 

Autor

Luis Balcarce

Desde 2007 es Jefe de Redacción de Periodista Digital, uno de los diez digitales más leídos de España.

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