Isaías Lafuente.

MADRID, 10 (OTR/PRESS)

Que la nueva marca de Batasuna, Sortu, sea o no sea legal dependerá de la decisión que en última instancia adopten los tribunales. Y no será fácil. Porque los estatutos registrados en el Ministerio del Interior parecen cumplir escrupulosamente con las exigencias de la Ley de Partidos, pero la sospecha sobre la sinceridad del paso dado por Batasuna es legítima tras décadas de engaños. La presión sobre quien tiene que decidir se produce en una doble dirección: la de quienes se fían y apremian al registro y legalización de la nueva marca política, y la de quienes sospechan y creen que sería mejor mantener a la nueva formación en una especie de cuarentena a la espera de que los hechos den valor a las palabras. Quienes defienden ambas posturas, legítimas, lo hacen en nombre de la democracia. Y lo que sería deseable es que la decisión que finalmente se resuelva sea respetada incluso por quienes no vean satisfechas sus expectativas.

Es más discutible la postura de quienes sostienen que en el mundo de Batasuna todo sigue igual, que nada ha cambiado. La realidad lo desmiente. Al margen de la situación de derribo que vive ETA, que su antiguo brazo político rechace explícitamente en los estatutos del nuevo partido la violencia de la banda terrorista e imponga a sus futuros candidatos una declaración explícita en ese sentido es una novedad sustancial no contemplada hasta hoy. Que ese rechazo no incluya los asesinatos pasados puede condicionar la confianza que nos inspire el cambio, pero no nos ha de impedir verlo.

Pero además, hay una cosa más que hace que las cosas no sean como ayer. El gobierno y los tribunales disponen hoy de un potente instrumento contra el engaño que no tenían hace cuatro años, cuando se coló una formación como ANV que devino ilegal pero que dejó instalados a sus cargos electos en las instituciones. La reforma de la Ley Electoral, aprobada hace unas semanas por amplísima mayoría en el Congreso, ensancha los plazos para promover la ilegalización de un partido y contempla una figura, la de la incompatibilidad sobrevenida, que permitirá sacar de las instituciones a los cargos elegidos de una formación que sea declarada ilegal a lo largo de la legislatura. Así que puede que Batasuna pretenda engañarnos una vez más, pero si tal situación se produce hoy tendría remedio. Y eso sí que es una novedad.

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