El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el secuestro del atunero vasco ‘Alakrana’, que fue capturado el 2 de octubre de 2009 y permaneció retenido frente a las costas de Somalia durante 47 días, tomará declaración desde este miércoles hasta el viernes a 16 militares de la fragata ‘Canarias’ que intervinieron en la detención de los dos presuntos piratas Cabdullahi Cabduwily, alias ‘Abdu Willy’, y Raageggesey Hassan Aji, informaron fuentes jurídicas.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal comenzó a finales de enero a tomar declaración a los marineros que sufrieron el cautiverio. Algunos de ellos, entre los que se encontraba el patrón del pesquero Ricardo Blach, reconocieron a los dos acusados como sus secuestradores.
En el marco de la operación ‘Atalanta’, la fragata ‘Canarias’ detuvo a los dos días de comenzar el secuestro a Cabdullahi Cabduwily, alias ‘Abdu Willy’, y Raageggesey Hassan Aji, que se enfrentan a sendas penas de 220 años de cárcel por 36 delitos de detención ilegal –6 años por cada uno de los marineros– y robo con violencia y uso de armas, que está tipificado con 4 años más. Las acusaciones particulares de cuatro marineros acusan además a los presuntos piratas de un delito de asociación ilícita.
La detención se produjo cuando los dos presuntos secuestradores abandonaron en un esquife el ‘Alakrana’ y fueron seguidos por la fragata ‘Canarias’. A continuación, la fragata española volvió a orientar su rumbo hacia el pesquero secuestrado, que permanecía fondeado a unas millas de la costa somalí.
El tribunal, presidido por la magistrada Angela Murillo, rechazó citar como testigos a la ministra de Defensa, Carme Chacón; al ex titular de Asuntos Exteriores Miguel Angel Moratinos y al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, tal y como pedía la defensa de los acusados.
También desestimó que se desclasificaran los informes del CNI sobre este asunto, al entender que no son relevantes para enjuiciar los hechos. El abogado de los presuntos piratas, Andreas Chalaris, argumentó durante una vista previa al juicio que sus representados deberían ser indultados porque en estos documentos se recogería un supuesto acuerdo que habría incluido el pago de un rescate.
Además, la Sección Cuarta ratificó su jurisdicción para juzgar a los dos somalíes y rechazó la pretensión de sus defensas de que fueran entregados a Kenia, que fundamentaba en el hecho de que el delito de piratería no estaba contemplado en el Código Penal español en el momento en que se produjeron los hechos.
