La Ciencia española contará con una agencia de financiación antes de que finalice esta legislatura, según han consensuado en una enmienda transaccional PSOE, PP y CiU, durante la votación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en el Congreso.
Para ello, la Ley de la Ciencia crea dos agencias de financiación para el nuevo ‘Sistema de I+D+i’ español: la ‘Agencia Estatal de Investigación’, para la financiación de la I+D en España, y por otro lado se reconoce al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial o ‘CDTI’, adjunto actualmente al Ministerio de Ciencia e Innovación, como agencia para la financiación de la Innovación.
En concreto, la ‘Agencia Estatal de Investigación’ ha supuesto uno de los principales puntos de desacuerdo entre los grupos parlamentarios que, finalmente, han preferido consensuar en que esta agencia quede creada antes de que termine la legislatura socialista.
En declaraciones a los medios al término de la Comisión de Ciencia del Congreso, la diputada del PSOE y encargada de defender la normativa en el trámite parlamentario, Juana Serna, ha explicado que esta agencia es «fundamental» para dar mayor eficiencia al uso de los recursos económicos y materiales del Sistema de Ciencia español.
CARRERA INVESTIGADORA Y MAYOR MOVILIDAD DE CIENTIFICOS
En cuanto a la carrera de los investigadores, se eliminan las escalas científicas propias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que pasan a ser de los Organismos Públicos de Investigación (OPI’S), y se suprimen las becas en el ‘sistema 2+2’ en contratos de cuatro años.
El diputado de IU, Gaspar Llamazares ha mostrado su disconformidad con la normativa, entre otros aspectos, porque considera que se perjudica la carrera investigadora y no se mantienen «los derechos salariales actuales».
De esta manera, las modalidades de contrato específicas que se establecen en el nuevo Sistema son: un contrato predoctoral, con el que se suprimen los ‘becarios-precarios’ del sistema público y concertado de la I+D+i, que será prorrogable por periodos anuales; un segundo contrato de acceso, cuyo objetivo será la consolidación de los investigadores dentro del sistema de ciencia; además de un contrato de investigador distinguido, para que se pueda atraer talento de otras instituciones.
En relación a los contratos Ramón y Cajal, que actualmente tienen una duración de cinco años y con los que los investigadores se ‘quedaban en la calle’ una vez fuesen finalizados, se ha consensuado un mejor acceso al sistema de ciencia español para ellos, a través de las dobles evaluaciones que ya realizaban en sus programas y subprogramas.
Además, se potencia la movilidad y el intercambio de investigadores entre distintos agentes de ejecución públicos y privados, en el ámbito español, en el marco de la UE, y en el de los acuerdos de cooperación recíproca internacional y de los acuerdos de colaboración público-privada, es decir, se crean unas ‘pasarelas’ para que los investigadores tengan más facilidades para poder trabajar en otros centros.
CONTRATOS TEMPORALES
En relación al contrato por horas y servicios que, además de en la normativa se refleja en el Estatuto de los Trabajadores, Serna ha explicado que «siempre ha estado en el sistema de universidad español». Concretamente, la ley deroga que los investigadores puedan renovar sus contratos por obra hasta en tres años.
«Es como si se hubiera quedado con unas perchas legislativas que, al derogarse, no tuvieran barras de colgar, por lo que en la ley de 2011 se ha tenido que meter una barra legislativa para que la universidad vaya colgando cada contrato que va haciendo», ha explicado la portavoz socialista.
En este sentido, ha apuntado que si no se hubieran realizado los cambios en la ley «centenares de científicos se irían a la calle» en cuanto ésta se pusiera en marcha, porque tienen contratos temporales. «Nunca he entendido por qué Llamazares y sindicatos no han defendido esto», ha declarado, tras este punto en desacuerdo que también ha mostrado el diputado de IU.
UN SISTEMA DE SISTEMAS
Asimismo, se acepta a la Innovación dentro del Sistema de Ciencia y Tecnología español, y pasa a denominarse ‘Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación’. Además, se tiene en cuenta el conocido como ‘sistema de sistemas’ que articula lo público y lo privado y que integra el reconocimiento a las competencias de determinadas comunidades autónomas.
De hecho, se recoge de forma «explícita» la transferencia de la competencia en materia de Innovación al País Vasco, así como la competencia adquirida a Cataluña, dos peticiones ‘muy demandadas’ por los grupos nacionalistas.
DOS NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA CIENCIA
Es más, en la nueva normativa se establecen dos estrategias para la gestión del sistema: ‘La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología’ y la conocida como ‘E2I’ o ‘Estrategia Estatal de Innovación’, que pasará a denominarse ‘Estrategia Española de Investigación’.
Para relacionar ambas estrategias habrá un nuevo ‘Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación’, que estará constituido por la cartera de Ciencia y las comunidades autónomas. Hasta ahora, no existía en el Ministerio un órgano de diálogo con las comunidades autónomas, a diferencia de otros departamentos ministeriales.
RECONOCIMIENTO A CENTROS TECNOLOGICOS ESTATALES
En la normativa, además, se contempla el interés general de la actividad desarrollada por organismos de investigación privados como los Centros Tecnológicos de ámbito estatal, así como el papel de agentes más vinculados a favorecer la transferencia tecnológica y la cooperación entre los diferentes agentes del sistema como, por ejemplo, parques científicos y tecnológicos, plataformas tecnológicas y las agrupaciones de empresas innovadoras.
En el mes de octubre, esta normativa superó su primer trámite parlamentario en el pleno del Congreso, con el rechazo a la enmienda a la totalidad de UPyD. Ahora ha superado una segunda etapa con la aprobación en el Congreso, gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo IU-ICV.
Será ahora en el Senado donde se aporten las últimas ‘coletillas’ a la normativa en la negociación de enmiendas para que, posteriormente, sean ratificadas en la Cámara baja y la futura Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación entre en vigor esta primavera, en torno a abril o mayo de este año, tras cerca de dos años de redacción y negociación.
