El Congreso de los Diputados decidirá este miércoles sobre la comparecencia en Pleno de Alfredo Pérez Rubalcaba solicitada por el PP para que el vicepresidente primero y ministro del Interior informe sobre el supuesto ‘chivatazo’ policial a la red de extorsión de ETA en 2006, conocido como ‘caso Faisán’, así como sobre los contactos con la banda reflejados en las actas de los terroristas.
Será en la reunión de la Junta de Portavoces donde los grupos parlamentarios expongan su apoyo o rechazo a esta petición , si bien todo parece indicar que el PSOE y las minorías echarán por tierra la pretensión del primer partido de la oposición, tal y como ya avanzaron cuando anunció su intención de solicitar la presencia de Rubalcaba en la Cámara Baja.
Entonces la portavoz de los ‘populares’, Soraya Sáenz de Santamaría, justificó su petición subrayando la necesidad de conocer las explicaciones del ministro del Interior sobre el contenido de las actas de ETA sobre las reuniones que mantuvo con el Gobierno entre los años 2005 y 2007 que se conocieron a finales del pasado marzo.
TENDRA QUE DAR EXPLICACIONES O DIMITIR
Y es que, según comentó la dirigente ‘popular’, hasta el momento sólo se conoce la versión de «una de las partes». De ahí que el PP quiera conocer la versión del Gobierno para averiguar «qué negoció, antes y después del atentado de la T-4» y «a qué compromisos llegó el Gobierno» con los terroristas. «Tendrá que dar explicaciones o dimitir», llegó a decir Sáenz de Santamaría.
La solicitud del partido de Mariano Rajoy se encontró, sin embargo, con el rechazo inicial de las minorías, que creen que el PP está utilizando la política antiterrorista para tratar de erosionar al Gobierno, como lo pusieron de manifiesto los portavoces de CiU y PNV en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, y Josu Erkoreka.
Duran señaló que los ‘populares’ se equivocaban utilizando el terrorismo como arma política respecto del adversario, una actitud por la que dijo sentir «vergüenza ajena». Y es que, según resumió, «entre ETA y el Gobierno, siempre del lado del Gobierno».
SALVAS PREELECTORALES
En parecidos términos se expresó en un apunte de su ‘blog’, recogido por Europa Press, Erkoreka, quien censuró que Rubalcaba esté siendo objeto por parte del PP de «una campaña de erosión en toda regla» al acusarle de «connivencia y complicidad» con el terrorismo. Es más, llegó a asegurar que los «aspavientos» con los que el PP busca «la cabeza de Rubalcaba», además de carecer de la más mínima credibilidad» son meras «salvas preelectorales».
Por su parte, el portavoz y secretario general del ERC, Joan Ridao, tachó de «desorbitada» la pretensión de los ‘populares’, recordó que todos los gobiernos democráticos han hablado con ETA «incluido Aznar» y calificó de «paradójico» que quien no da crédito a la banda otorgue carta de naturaleza a sus actas.
En representación de IU, Gaspar Llamazares también se mostró contrario a la solicitud del PP en el que dijo ver cierto «golpismo blando» al intentar convertir en un proceso «inquisitorio» al Gobierno la legitimidad que tiene y han tenido todos los Ejecutivos anteriores para abordar los procesos de paz.
Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso, quiso dejar claro que su grupo parlamentario iba a analizar la petición de comparecencia de Rubalcaba como cualquier otra, si bien quiso dejar claro que el ‘número dos’ del Gobierno viene informando al PP sobre el ‘caso Faisán’ tanto en el Pleno como por escrito. De ahí que previsiblemente voten en contra.
CHAVES Y SUS «ESCANDALOS»
En la reunión de la Junta de Portavoces de este miércoles el PP quizá también ponga encima de la mesa la inclusión en el orden del día del Pleno de la próxima semana de la proposición no de ley que registró el pasado día 13 pidiendo la reprobación del vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves.
En su iniciativa, los ‘populares’ ‘piden la cabeza’ de Chaves por su «implicación directa o indirecta en múltiples escándalos referidos a su gestión al frente de la Junta de Andalucía» unido a su trabajo «meramente testimonial» como miembro del Gobierno.
Entre estos escándalos citan los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) «ficticios» financiados por la Junta andaluza y los «presuntos» casos de nepotismo en los que se ha visto envuelto al favorecer a sus hijos desde su cargo como presidente andaluz.
