Bono y Rojo preparan para después de las elecciones un informe con las propuestas sobre las prestaciones parlamentarias

Los presidentes del Congreso y del Senado, José Bono y Javier Rojo, tienen preparado ya un informe con todas las propuestas que los grupos parlamentarios les hicieron llegar a finales de enero con el fin de estudiar una posible reforma de los complementos de pensión parlamentarias, una eventual mejora del régimen de incompatibilidades y la posibilidad de dar más transparencia al patrimonio privado de diputados y senadores, informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.

Bono y Rojo pusieron este debate encima de la mesa a principios de año después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, abogara en un mitin por suprimir las pensiones parlamentarias por considerarlas «un privilegio». Fue entonces cuando ambos decidieron enviar sendas cartas a los grupos políticos instándoles a que les hicieran llegar sus ideas con el fin de revisar estos temas.

Los partidos respondieron en plazo pero, desde entonces, el asunto ha estado aparcado, si bien los presidentes de ambas cámaras han mantenido diversos contactos telefónicos para hacer un compendio de las iniciativas enviadas por los grupos, un informe que prevén presentar a los partidos políticos a la vuelta de las elecciones del día 22.

El objetivo, según precisaron las fuentes consultadas, es que se den las condiciones de lograr un consenso con el fin de que en el último trimestre del año dé tiempo a tramitar las medidas oportunas y así poder aplicar las reformas desde el inicio de la próxima legislatura.

En el Congreso, PNV, Esquerra Republicana, Izquierda Unida, Iniciativa Per Catalunya, Unión, Progreso y Democracia, el Bloque Nacionalista Galego y Nafarroa Bai reclamaron a Bono que promoviese un régimen de dedicación exclusiva para los diputados impidiendo que, mientras estén en el Parlamento, puedan seguir manteniendo sus negocios o sus despachos, como ocurre hasta ahora.

O ESCAÑO O DESPACHO

El PSOE, por su parte, no especificó si apoyaría una posible reforma del vigente régimen de incompatibilidades de los parlamentarios, aunque el propio Bono ya se encargó de recordar que, conforme al Reglamento del Congreso, los diputados deberían ejercer su labor «en régimen de dedicación absoluta» y que compatibilizar el sueldo privado con el parlamentario podría tener menos justificación que los complementos de pensión que han pedido suprimir el PP y UPyD.

Los que sí recogieron el guante son el grupo de ERC-IU-ICV, el PNV, el BNG, UPyD y NaBai, que defienden la necesidad de limitar las actividades privadas de los diputados. En concreto, los nacionalistas vascos recalcan que quien cobre un sueldo del Parlamento no debería tener dobles o terceros sueldos de la actividad privada, ni de los partidos políticos o de las fundaciones, y tampoco compatibilizar dos retribuciones públicas. «O escaño o despacho», resumen.

ERC e IU-ICV sólo permitirían a los diputados actividades extraparlamentarias vinculadas a su condición política, como la participación en mesas redondas o impartir conferencias, e incluso apuntan la conveniencia de fijar un régimen sancionador. También el BNG, UPyD y Nafarroa Bai, tres de los cinco partidos del Grupo Mixto, apuestan por la exclusividad. «Como los ministros y los secretarios de Estado», apunta Rosa Díez.

Tanto el BNG como el diputado de UPN, Carlos Salvador, abogan por comenzar a estudiar las incompatibilidades en las que podrían incurrir aquellos diputados y senadores que compatibilizan su escaño con la Alcaldía de un municipio. En cambio, Coalición Canaria y CiU entienden que no hay motivo para derogar la vigente compatibilidad legal entre alcalde y diputado pues enriquece al Parlamento, aunque sí tienen claro que sólo debería percibirse uno de los dos sueldos públicos.

MAXIMA TRANSPARENCIA

Sobre la conveniencia de dar transparencia al patrimonio de los políticos, la idea cosecha ya el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara Baja pues a estos siete partidos minoritarios se unen también el PSOE y Coalición Canaria (CC).

En concreto, los socialistas propondrán que diputados y senadores estén obligados a dar publicidad a todos sus bienes, incluyendo los ingresos y las rentas que reciban «por cualquier concepto», y a su patrimonio mobiliario e inmobiliario. La idea de incluir a los cónyuges también es compartida por Nafarroa Bai. El propio José Bono ya ha avanzado su apuesta por publicar las declaraciones de bienes y de rentas pues de hecho ya lo llevó a cabo en Castilla-La Mancha cuando era presidente autonómico.

También ERC e IU-ICV, al igual que los nacionalistas gallegos y la diputada de UPyD, Rosa Díez, se han mostrado partidarios de dar «la máxima transparencia» a los intereses privados de los parlamentarios porque, según arguyen, eso ayudará a mejorar el respeto por la clase política, tan vilipendiada en los últimos años. ERC-IU-ICV aconseja incluso publicar la declaración de IRPF de cada año.

Más cauto en este punto se muestra el diputado de UPN, Carlos Salvador, quien pese a ver con buenos ojos el hecho de dar a conocer los bienes de los parlamentarios, cree que «la excesiva publicidad» puede ser «contraproducente» amén de la existencia de la banda terrorista ETA.

El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, expresó en su momento su disposición a publicar sus bienes pero alertó de que este tipo de reformas pueden acabar convirtiendo al Congreso en una Cámara de «funcionarios» y «gente sin recursos».

El PP no detalló sus recetas pero la secretaria general, María Dolores de Cospedal, sí avanzó que promoverán más transparencia e incluso recordó que hay Parlamentos, como el de Castilla-La Mancha, donde ya rige esta publicidad de las declaraciones de bienes.

MAS MATICES CON LAS PENSIONES

Respecto a los complementos de pensión, que hasta hace un mes sólo cuestionaba públicamente la diputada de UPyD, las opiniones de los grupos parlamentarios son más matizadas. La revisión de este sistema era el único tema que pensaba plantear el PP tras la propuesta lanzada por Mariano Rajoy, tachado de «oportunista» y «populista» por el resto de formaciones.

En el resto de los grupos parlamentarios se advierte del riesgo de perjudicar a quienes ya se han acogido a este derecho, en su mayoría políticos que no cotizaron por haber estado en el exilio o la clandestinidad durante la dictadura, pero sí están abiertos a revisar o limitar su aplicación de ahora en adelante para evitar esos «privilegios» que denuncian PP y UPyD.

Eso sí, el actual sistema de complementos de pensión parte del hecho de que los diputados no cotizan como el resto de ciudadanos y no tienen derecho a subsidio de desempleo. De ahí que UPyD, ERC-IU-ICV, NaBai, UPN y Coalición Canaria aboguen por regular la protección social de los parlamentarios para incluirlos en el régimen de Seguridad Social común a todos los ciudadanos.

Además, el PSOE y el PNV piden dejar sin indemnización por cese a los diputados que pasen al sector privado, mientras que el BNG y Nafarroa Bai proponen suprimir el plan privado de pensiones que la Cámara gestiona a los diputados.

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