El Gobierno central señala que no hay responsabilidad de ningún funcionario en el recurso presentado fuera de plazo por la Abogacía del Estado sobre la prescripción de cuatro supuesto delitos fiscales del todavía presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, según consta en una respuesta a la diputada de Iniciativa en el Congreso, Nuria Buevantura.
En esta respuesta, también se indica que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a través de la Abogacía del Estado, ha solicitado del Tribunal Supremo la anulación de la declaración de prescripción de los delitos fiscales que presuntamente pudo cometer Carlos Fabra en los ejercicio 2000 a 2003, «debiendo estarse a lo que en definitiva se resuelva en sede judicial».
El Ejecutivo central señala que la falta de preparación tempestiva del recurso de casación por la Abogacía del Estado contra el auto de la Audiencia Provincial de Castellón, de 23 de diciembre de 2010 dictado en el denominado ‘caso Fabra’ vino motivada por la indicación en el mismo de que no cabía recurso alguno.
Se recuerda que posteriormente se presentó recurso de casación que fue inadmitido por extemporáneo mediante auto de febrero de 2011, en el que la Audiencia Provincial entiende que la mejor solución no radica en la admisión del recurso de casación preparado por la Abogacía del Estado, sino en la adhesión a los recursos ya admitidos por la vía del artículo 861 CECr., que ofrece idénticas posibilidades procesales para el adherido a la casación que las disponibles para los recurrente iniciales.
La Abogacía del Estado, paralelamente, se había personado ante el Tribunal Supremo adhiriéndose a los recursos de casación de las otras acusaciones.
La respuesta explica que, a la vista de los hechos citados, el abogado general del Estado dispuso la incoación de un procedimiento de información reservada que concluyó mediante un informe del que se concluye que no hubo responsabilidad de ningún funcionario.
Para los ecosocialistas, «esto demuestra la falta de interés real de la administración central para avanzar en la solución de un caso de la trascendencia pública y mediática como éste, al no haber agotado en su día todas las vías posibles ante lo que era una resolución de la Audiencia Provincial más que cuestionable, y que el tiempo ha demostrado que no tenía fundamento y sí se podía recurrir».
Según el portavoz de Iniciativa en Castellón, Carles Mulet, «en este caso concreto, como en muchos relacionados con el ‘caso Fabra’, el ritmo e implicación del Gobierno central, de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía es exasperado, dejando pasar un tiempo precioso», pues –ha añadido– «una cosa es respetar la autonomía del poder judicial y otra no asumir las propias competencias».
