La consejera portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, ha asegurado este viernes que recibir regalos «por Navidad y en determinadas efemérides» es «un uso social en este país», que no es «una cuestión del Consell», y ha resaltado que el límite «no está legalmente marcado» sino que lo establece «la ética y la moral de cada uno, y en este Gobierno tenemos muy claro dónde está».
Así lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, tras ser preguntada por las declaraciones realizadas recientemente por la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, quien, tras el levantamiento del secreto sumarial en relación con el ‘caso Brugal’ y la parte relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aseguró que era normal aceptar regalos por Navidad.
«No es una cuestión del Consell. Los usos sociales y regalos por Navidad y determinadas efemérides es un uso social en este país y el límite no está legalmente marcado. Lo marca la ética y la moral de cada uno y en este gobierno tenemos muy claro donde está ese límite», ha manifestado.
Preguntada por si las conversaciones grabadas por la Policía al empresario alicantino Enrique Ortiz, investigado en el caso, van a afectar a la tramitación del PGOU, Sánchez de León ha señalado que, hasta la información de que dispone, porque no quiere «distorsionar el tema», «las conversaciones nada tienen que ver o no tienen ningún reflejo en el PGOU y eso demostrará que no existe delito».
Según la portavoz del Consell, el planeamiento urbanístico alicantino «ha seguido un trámite ordinario y los cauces que ha tenido que seguir», al tiempo que ha descartado hacer ninguna otra valoración porque no quiere «alimentar discursos interesados». No obstante, para la consejera, «cualquier conversación telefónica descontextualizada y cortada a trozos, puede dar lugar a cualquier interpretación que cualquiera quiera dar».
PRESUNCION DE INOCENCIA
En todo caso, la portavoz del Consell ha resaltado que en España «existe un derecho que prevalece sobre los demás, que es la presunción de inocencia, que todo el mundo debe respetar» y ha abogado por «respetarlo y dejar que las cosas se vayan explicando donde corresponde y por quien corresponde».
En su opinión, «hemos excedido lo que es la normal contienda política y hemos pasado una línea y entrado en el juego de la acusación y del debate de la judicialización y me gustaría que el inicio de la legislatura empezara entre todos, contribuyendo a que se resuelva en los tribunales lo que es de ahí y de los políticos lo que es de los políticos».
En el mismo sentido se ha pronunciado sobre las informaciones publicadas sobre presuntas irregularidades en las ayudas a la cooperación valenciana por parte de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, y ha resaltado al respecto que el titular de este departamento, Rafael Blasco, «explicó y ha explicado con papeles y todos los datos y justificando hasta el último detalle la actuación de la Consejería». En todo caso, ha recalcado que el Consell «tiene plena confianza en todos sus miembros y especialmente en Blasco».
En esta misma línea, ha vuelto a invocar la «presunción de inocencia», la «proporcionalidad y mesura» en las declaraciones y a solicitar que «en aras a la normalidad y buen funcionamiento de las instituciones en esta legislatura», es necesario centrarse «en los problemas de los ciudadanos, en el empleo y la crisis y salir de la situación a la que nos ha llevado Zapatero».
La consejera ha lamentado que se ha llegado a un final de legislatura «marcada por la crispación, el insulto y la acusación permanente» y ha instado «invocando la responsabilidad de todos, a hacer un ejercicio de prudencia, normalidad, democracia y sentido común y devolver la normalidad al discurso político».
Preguntada por si el Gobierno valenciano hacen alguna investigación de sus miembros cuando conoce alguna presunta irregularidad, ha señalado que de lo que se preocupa el Consell es de
«cuando hay una acusación de irregularidad que queda en nada y una sentencia absolutoria es saber por qué ha pasado eso y saber qué podemos hacer y por qué se hacen acusaciones de irregularidades que no confirman los tribunales y distorsionan la vida política».
«FALSAS ACUSACIONES»
«El gobierno tiene plena y absoluta confianza en cada una de las personas que lo conforman», ha dicho, para añadir que las responsabilidades que pueda exigir el Consell a sus miembros «es cuestión del Consell». «Lo que nos preocupan son las falsas acusaciones», ha sostenido, y ha considerado que a los ciudadanos «lo que les interesa es que demos soluciones a su situación, que generemos empleo y que hagamos lo que esté en nuestras manos para que Zapatero convoque elecciones anticipadas y se pueda poner fin a esta situación de absurdo y despropósito de estos años».
Para Sánchez de León, «ése es el mandato que nos han dado en las últimas elecciones, que han dado el mandato al PP porque creen en esta forma de hacer política y es con la que vamos a continuar». Al mismo tiempo, ha resaltado que intentarán que ésta también sea «la forma que esté en el Gobierno de España y podamos poner fin a esta situación vivida en las últimos años que solo tiene un culpable», ha reiterado.
