La reforma de la negociación colectiva ha iniciado su andadura en el Congreso con una votación en Pleno que el PSOE ha salvado sólo con sus votos y tras garantizarse en el último momento la abstención de CiU y PNV –a los que se han sumado UPN y CC– a cambio del compromiso para negociar un paquete de enmiendas que modifica la norma aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 10 de junio.
Así, además de despejar el principal ‘escollo’ en la negociación aceptando la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales y abrir la puerta a una mayor flexibilidad interna de las empresas y cambios puntuales de los plazos sobre la ‘ultraactividad’ de los convenios, el acuerdo también introduce las cuestiones sobre mutuas y el absentismo –que el Gobierno aparcó al fracasar el acuerdo entre patronal y sindicatos– y una mención explícita a la ligazón entre salarios y productividad.
Para el Ejecutivo, no se trata de un cambio de postura sobre el decreto, pues siempre se han mostrado «abiertos» a debatir estas cuestiones. Eso sí, sin comprometer el «equilibrio» entre empresas y trabajadores. «No nos hemos negado en ningún momento a estudiar estas cosas, pero no abandonemos la filosofía de la norma para estimular el compromiso de los trabajadores», ha incidido en este sentido el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.
Mientras en el Pleno tenía lugar un extenso debate que se ha prolongado durante dos horas y media, ya que el ministro respondido a ERC-IU-ICV, que hicieron uso del turno en contra, y después a los portavoces de CiU y PNV, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los vicepresidentes Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Salgado, apuraban la negociación con los portavoces nacionalistas Josep Antonio Duran i Lleida y Josu Erkoreka.
NO ERA UN ACUERDO DE 15 MINUTOS
Gómez ha defendido ante el Pleno que el Gobierno «hubiera sido irresponsable de no asumir» la reforma de la negociación colectiva, una vez constatado el fracaso de la negociación, que ha achacado a la última propuesta presentada por la patronal, basada en un modelo de «libre disposición» por parte de la empresa, algo que de ninguna forma se ha incluido en el decreto presentado por el Gobierno.
En cualquier caso, ante los reproches unánimes de toda la oposición, el ministro ha remarcado que el proyecto responde a los consensos alcanzados por los agente sociales, pero no a un «preacuerdo» por escrito. «No había un texto sobre el que presentar una norma quince minutos después», ha incidiendo, rebatiendo las declaraciones del mismo Rubalcaba, tras la ruptura de las negociaciones.
CIU QUIERE UNA «RECTIFICACION» Y EL PNV «EXTRAÑA» A CORBACHO
Durante el debate, el diputado de CiU, Carles Campuzano, ha asegurado que su formación apuesta por un modelo de derecho del trabajo que no condene a un «paro estructural» y «trabajo precario», lo que exige una «reforma en profundidad» y no el «fracaso» que ha presentado el Gobierno, que ve «claramente insuficiente» y exige una «rectificación imprescindible». «El problema no es la música que nos tocan, sino la letra de la partitura», ha remarcado.
Por su parte, el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, ha acusado al Gobierno de adelgazar la norma hasta convertirse en «manifiestamente inoperante», pues no va a permitir nuevos convenios colectivos ni garantizar creación de empleo. «Algunos grupos nos consideramos engañados», ha incidido, denunciando que se «pulverice» la negociación colectiva en el ámbito autonómico con una «trampa saducea» para que el empresarial tenga la preeminencia.
«Nunca pensé que diría esto, pero casi echo de menos a su predecesor», Celestino Corbacho, ha apuntado, a lo que Gómez ha replicado con cierta sorna que él también.
El diputado de UPN Carlos Salvador ha remarcado que el Gobierno «va tarde» en una «reforma muy esperada que se queda un tanto corta» que no animará a los emprendedores, mientras que el representante de Coalición Canaria Fernando Ríos ha justificado su abstención «por coherencia», aunque considera que la norma «no convence a nadie ni es chicha ni limonada».
EL PP INSISTE EN QUE NO ES CREIBLE
La ‘popular’ Fátima Báñez ha asegurado que el debate ha puesto de manifiesto la «debilidad» de un Gobierno sin apoyos en el Parlamento y presenta reformas «sólo para salir del paso» de la presión de Bruselas y los mercados y no es creíble. «Es una maniobra para ganar tiempo cuando la realidad es que el tiempo lo estamos perdiendo todo, sobre todo los cinco millones de parados», ha remarcado, asegurando que por ello no apoyan la norma.
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha justificado el rechazo de su formación y de sus compañeros de grupo parlamentario, ERC e ICV, ante un decreto «regresivo y desequilibrado» que supone un «nuevo sacrificio a los mercados» y un «servicio a la derecha» que parte sin acuerdo de los agentes sociales, lo que supone un «caldo de cultivo para nuevos Gobiernos».
Su compañero y portavoz de ERC, Joan Ridao, ha acusado al Gobierno de seguir la receta del capital de «desregular» el mercado de trabajo e «invalidar» además la aspiración catalana a contar con un «marco de relaciones laborales» propios. «Los convenios autonómicos van a ser una mera comparsa», ha incidido.
EL ARBITRAJE SOLO ES UN «ESTIMULO»
Gómez ha replicado a estos grupos defendiendo que el arbitraje obligatorio si no hay acuerdo para renovar el convenio, y auque ha asegurado que entiende las objeciones por la constitucionalidad a esta disposición, basta con un sólo acuerdo vigente de solución extrajudicial de convenios para que la norma se desactive. «Así que no es una cuestión importante, es un estímulo a que lo haga», ha incidido.
La representante del BNG, Olaia Fernández Davila, también ha rechazado el decreto por la prevalencia de los convenios de empresas en materias que pueden suponer un «grave perjuicio» sobre los trabajadores, lo que debilita la negociación y desembocará en mayores recortes. «Su Gobierno sigue plegándose a las exigencias del capital,
la banca, el Ecofin, el FMI y la dictadura de los mercados», ha incidido.
La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha señalado que la norma es «el primer fracaso de la era post-Zapatero bajo la dirección de Rubalcaba» y se ha «perdido un tiempo precioso» para una reforma que sería la más importante «si se hubiera hecho bien».
