Cuatro grandes instituciones del Estado están afectadas por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para renovar su dirección. A los magistrados del Tribunal Constitucional que debe nombrar por consenso el Congreso, hay que sumar el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y, ahora, RTVE por la dimisión de Alberto Oliart.
La lista de organismos públicos que se ven afectados por la falta de acuerdo es cada vez mayor. El primer escollo importante surgió con los cuatro jueces del Tribunal Constitucional designados por el Senado que finalizaron su mandato en diciembre de 2007.
Se trataba de la antigua presidenta María Emilia Casas y de los magistrados Vicente Conde, Guillermo Jiménez y Jorge Rodríguez-Zapata. Su sustitución no se produjo hasta casi cuatro años después, ya que el consenso entre populares y socialistas llegó en enero de 2011.
PSOE y PP decidieron nombrar únicamente a los magistrados Luis Ignacio Ortega, Adela Asúa, Francisco José Hernando y Francisco Pérez de los Cobos a través del Senado, a pesar de que el Congreso también tenía entonces pendiente la renovación de otros cuatro jueces.
Por su parte, el antiguo Defensor del Pueblo Enrique Múgica abandonó su cargo hace un año, ya que el mandato para el que fue reelegido acabó el 30 de junio del pasado año. Desde entonces, la adjunta María Luisa Cava de Llano ha tomado las riendas de la institución a la espera de que se nombre a un sustituto.
Parecida es la situación del Tribunal de Cuentas, ya que los 12 consejeros que conforman la dirección finalizaron su mandato en noviembre de 2010. Lo mismo sucede con seis consejeros de RTVE a los que se tendría que haber cambiado en septiembre del año pasado. Son Francesc Bellmunt (ERC), Josep Manuel Silva (CiU), Mari Cruz Llamazares (PSOE), Jesús Andreu (PP), Manuel Esteve (PP) y Santos Miguel Ruesga (UGT).
Ahora, se suma a ellos el propio presidente de RTVE, Alberto Oliart, que ha presentado su dimisión tras el escándalo que ha provocado la concesión de un contrato del ente público a la empresa en la que trabaja su hijo.
En todos los casos mencionados, el nombramiento de los nuevos cargos requiere de un amplio acuerdo parlamentario entre PSOE y PP, ya que las renovaciones deben ser aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados con una mayoría de tres quintas partes.
Hace falta al menos el voto a favor de 210 de los 350 diputados de la Cámara Baja, para lo que se hace imprescindible el acuerdo de socialistas (169) y populares (152). Las conversaciones entre los dos partidos se han ido alargando ante la falta de acuerdo, lo que ha provocado que las negociaciones sean todavía más complejas.
PSOE y PP llevan años acusándose de forma recíproca de retrasar los nombramientos con una u otra excusa. Desde las filas socialistas, por ejemplo, se afirma que a los populares de Mariano Rajoy les interesa esperar al año que viene -ante una probable victoria en las elecciones generales- para tener mayor fuerza en la negociación y obtener una mayor representación en cada uno de estos órganos.
