El Grupo Parlamentario Popular centrará sus preguntas de la próxima sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja en la crisis económica y en el escándalo de la SGAE. Su presidente, Mariano Rajoy, preguntará a José Luis Rodríguez Zapatero si, teniendo en cuenta los últimos datos económicos, mantiene «que asistimos a una aceleración de la recuperación de la economía española».
La portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, preguntará Ejecutivo «cómo valora que un miembro del Gobierno afirme que sabe lo que hay que hacer para crear empleo cuando en España se ha alcanzado la cifra de casi cinco millones de parados».
Arturo García Tizón pedirá que se le aclare si es «ético que el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno haya empezado a organizar las elecciones generales durante su mandato como ministro del Interior».
La titular de Cultura contestará sobre el grado de «responsabilidad» del departamento que dirige «en la supervisión de las entidades de gestión, especialmente de la SGAE».
En esa misma línea, el ministro de Industria deberá aclarar «qué controles ha aplicado el Ministerio sobre las subvenciones y ayudas concedidas» a dicha sociedad de autores.
La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, responderá a dos preguntas del Grupo Popular, una sobre las medidas que piensa adoptar para que los astilleros españoles puedan seguir operando con el sistema de ayudas fiscales a la construcción de buques, y la otra sobre si considera que tiene alguna justificación «haber hecho esperar un año a los ayuntamientos para poner en marcha medidas contra la morosidad».
Además, el vicepresidente tercero deberá aclarar qué opinión le merece que el Tribunal de Cuentas considere que «resulta conveniente acometer una investigación» sobre el escándalo de los Eres en Andalucía, y el titular de Trabajo «cómo valora los datos de afiliación a la Seguridad Social, que han caído en el último año en casi 200.000 afiliados».
Finalmente, Andrés Ayala preguntará al ministro de Fomento, José Blanco, si «ha calculado los efectos negativos que va a causar su propuesta de imponer nuevas cargas fiscales a los transportistas por el uso de las autovías españolas».
Por otro lado, el PP defenderá una interpelación sobre «las medidas que va a adoptar para garantizar el control del cumplimiento de la legalidad en las entidades de gestión de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, especialmente la SGAE».
