El Congreso de los Diputados aprobó este jueves de forma definitiva y por unanimidad la Ley de Derechos y Deberes de los Militares, con todas las enmiendas incorporadas por el Senado salvo las relativas al derecho de asociación.
La ley profundiza en los derechos de representación y asociación de los militares, pero les sigue vedando la afiliación a partidos políticos y diversas tácticas de presión social, como la huelga o la negociación colectiva.
Asimismo, instaura un Consejo del Personal Militar con representación paritaria entre las asociaciones y el Ministerio de Defensa y también un Observatorio de la vida militar.
La ministra, Carme Chacón, afirmó al término del debate sobre las enmiendas del Senado que, con esta ley, se culmina «el marco legal de transformación y modernización de nuestras Fuerzas Armadas».
Chacón subió al estrado, según dijo, «por gratitud» al «espíritu de consenso» que han evidenciado los grupos parlamentarios. En un momento en que la ciudadanía pide acuerdos y consensos, dijo, lo ocurrido en la Comisión de Defensa del Congreso debería ser «un granito de arena de algo mucho mayor».
La ministra también dedicó palabras de agradecimiento a los militares, de los cuales dijo que han recorrido «un camino impecable» y han protagonizado la transformación y el avance más incontestables de todos los estamentos de España en los 30 años que se llevan de democracia.
En correspondencia, celebró que, con esta ley, los militares sean «igual de profesionales y militares», pero «más ciudadanos», y aseguró que se salda «una deuda» con las Fuerzas Armadas. «Es una forma de darle las gracias a ese impecable camino que nuestras Fuerzas Armadas han hecho en democracia», sentenció.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
La mayoría de los portavoces de Defensa, que aseguraron que la tramitación parlamentaria ha mejorado mucho el proyecto del Gobierno, mostraron su acuerdo con una ley que profundiza en algunos derechos de organización, representación, reunión y expresión de los militares pero les sigue prohibiendo su afiliación a partidos políticos.
Sólo los portavoces de IU, Gaspar Llamazares, y UPyD, Rosa Díez, pusieron en solfa lo que consideran una restricción de la condición de ciudadanos de los militares. Díez, por ejemplo, dijo que ve en ello cierto «tufillo inmovilista» y un «recelo injustificado» al Ejército.
Desde el PSOE, Jesús Cuadrado celebró el consenso, negó que las restricciones recorten derechos a los militares y puso énfasis en la más importante de las enmiendas del Senado: la que insta al Gobierno a presentar en seis meses un proyecto de Ley de Reforma de la Ley de la Carrera Militar, que el Ejecutivo va a sustanciar en un proyecto de Ley de Disciplina Militar.
En nombre del PP, Beatriz Rodríguez Salmones agradeció la disposición al diálogo de Chacón y su equipo y estimó que en la ley «se han regulado bien los derechos militares» y que su desarrollo y el ejercicio la mejorarán. También piensa que el Observatorio y el Consejo del Personal Militar que crea la ley «se han dotado bien».
En el terreno semántico, la portavoz popular precisó que los diputados no conceden derechos ni hacen «más ciudadanos» a los militares, sino que sólo se regula su uso.
Por último, desde los grupos nacionalistas el portavoz de CiU, Jordi Xuclá, dio por superada una «asignatura pendiente» de la democracia, aunque le habría gustado que se incluyera el derecho a la afiliación política de los militares.
A su vez, el del PNV, José Ramón Beloki, enfatizó que no hay fin del camino cuando se trata de reconocer derechos y que esta ley va en «dirección correcta», aunque aún sigue siendo más precisa en la definición de los deberes que en la de los derechos.
