El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado con los votos de PSOE, PNV, CC, UPN y UPyD y la abstención de PP, CIU, ERC, IU, ICV y BNG el decreto ley que, entre otras medidas, eleva el límite de ingresos inembargables por deudas hipotecarias hasta los 961 euros, crea una «regla de gasto» para las administraciones y constituye una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pagar las deudas de los ayuntamientos con autónomos y pymes.
Asimismo, el PSOE ha logrado derrotar la petición de los ‘populares’, los nacionalistas catalanes y las minorías de izquierda de tramitar como proyecto de ley una norma que la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha calificado como de «extraordinaria urgencia» en el actual contexto de elevada incertidumbre financiera, que podría «lastrar la recuperación».
No obstante, los portavoces del PP, CiU, ERC-IU-ICV y BNG, han criticado su carácter excesivamente heterogéneo, con medidas que en su mayoría «llegan tarde» y «se quedan cortas».
La mayoría fueron avanzadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el pasado Debate sobre el estado de la Nación y algunas de ellas, como las relativas a los deudores hipotecarios, pactadas precisamente con PP y CiU, tal y como ha recalcado Salgado desde la tribuna, insistiendo en la necesidad de «proteger a las personas que peor lo están pasando con la crisis».
PP Y CIU SE DESMARCAN DE UNAS MEDIDAS «QUE SE QUEDAN CORTAS».
El secretario de Economía y Empleo del PP, Alvaro Nadal, ha reprochado al Gobierno que presente las medias en un mismo bloque en el que «unas están muy bien», como las referentes a las medidas hipotecarias, la línea ICO, pese a haberla retrasado un año y no «garantizar la viabilidad financiera» de los ayuntamientos, mientras que trae un «auténtico papel mojado» con la regla de gasto, hecho sólo «de cara a la galería».
El portavoz adjunto de CiU, Pere Macías considera que este «decreto ómnibus» –que ha comparado con la ‘ley ómnibus’ que se tramita en el Parlamento catalán– incluye medidas sobre las que hay que «felicitarse», como las relativas a embargos, aunque en muchos otros, como los incentivos empresariales y la línea ICO para ayuntamientos morosos «se queda corto». «Debemos ser conscientes de que no resuelve el problema», ha asegurado, pidiendo que la norma se tramite como proyecto de Ley.
EL PNV VE «POSITIVA» LA REGLA DE GASTO Y ERC «DISCUTIBLE».
El diputado del PNV Pedro Azpiazu ha garantizado su apoyo al decreto porque pese a su «heterogeneidad» la aprobación del decreto tendrá efectos «positivos» al reforzar el compromiso con la austeridad de las administraciones, así como el alivio que supone la línea ICO de morosidad, y las garantías para los embargos hipotecarios, aunque no lleguen a permitir que la entrega de la vivienda salde el préstamo, la conocida como ‘dación en pago’.
El portavoz de ERC, Joan Ridao, ha recordado que se trata del decreto ley número 42 en lo que va de legislatura, si bien se trata de medidas «modestas» y de «muy diverso calado», en su mayoría «tardías e inocuas», e incluso «discutibles» como la regla de gasto, lo que motiva su abstención.
Su compañera de grupo parlamentario y diputada de ICV, Nuria Buenaventura, ha mostrado su «alegría» por algunas de las medidas sobre los embargos, «aunque lleguen tarde y lo hagan por calendario electoral», pero otras medidas, como los estímulos fiscales son inaceptables, a su juicio.
ROSA DIEZ LO VE «EN LA DIRECCION CORRECTA».
La portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, ha anunciado su abstención por la «insuficiencia» de las medidas sobre los deudores hipotecarios así como los estímulos fiscales a las empresas y, especialmente, en lo relativo a la regla de gasto.
La portavoz de CC, Ana Oramas, ha calificado la norma de como «decreto escoba» que «va barriendo todas las cosa pendientes», y ha lamentado que no se tramite varios de sus aspectos como proyecto de ley, si bien ha ratificado su apoyo. En línea similar, la diputada de UPyD, Rosa Díez, ha valorado positivamente las medidas sobre hipotecas y austeridad del gasto, así como la línea ICO, «que ve en la dirección correcta».
REGLA DE GASTO PARA LAS CC.AA.
Durante su exposición, Salgado se ha dedicado a desglosar los detalles del decreto, haciendo hincapié en el papel de la nueva «regla de gasto» de cumplimento obligatorio para el Estado y los entes locales, y que propondrá a las comunidades autónomas en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo 27 de julio.
Así, ha destacado que se trata de una «cuestión urgente e importante dada la inestabilidad de los mercados, especialmente en Europa», y ha recordado que se trata de una medida comprometida por el Pacto por el Euro.
SEGURIDAD JURIDICA PARA LOS BANCOS
Sobre las modificaciones en relación a los procesos de ejecución hipotecaria, Salgado ha señalado que tanto el aumento del umbral de sueldo inembargable como el incremente del porcentaje de valoración de los inmuebles para que las entidades los recompren si las subastas quedan desiertas.
En este sentido, ha remarcado que las medidas respetan el imperativo de «seguridad jurídica» para garantizar la «estabilidad y solvencia» del sistema financiero. «Hoy si cabe es todavía más importante que ayer», ha remarcado Salgado, a un día de que se publiquen los ‘tests de estrés’ a la banca.
Además, se ha referido a la línea de financiación para ayuntamientos morosos, una reivindicación de toda la oposición impulsada por PP y CiU desde hace más de un año al incluirla en la Ley de Morosidad con el voto en contra del Gobierno, que posteriormente la derogó.
Ahora, Salgado ha remarcado la «diligencia y compromiso» del Ejecutivo con su puesta en marcha, y explicado que el ICO ya está ultimando los procedimientos informáticos para que los ayuntamientos puedan empezar a solicitarla «en los próximo días».
