Antonio Gutiérrez, diputado del Grupo Socialista en el Congreso y ex secretario general de Comisiones Obreras, ha mostrado su disposición a firmar la petición de un referéndum sobre la reforma de la Constitución auspiciada por el PSOE y el PP.
Poco antes de asistir a la reunión del Grupo Socialista donde se debatirá la propuesta de reforma, Gutiérrez ha reiterado que la iniciativa es un muy profundo error para España, para el proyecto europeo y para toda la ciudadanía.
Nuestro país tiene una Ley de Estabilidad Presupuestaria, y en la Constitución ya habla de ello en su artículo 40, y no lo recoge como un dogma porque el legislador abogó por orillar las discrepancias. «Y nos ha ido bien así», agregó. A su juicio, con esta reforma se pone un «dogal» (soga para ahorcar al reo) a la economía de este país.
Tras lamentar que, hasta la víspera de primera votación, no ha tenido la mínima opción de debatir este asunto, Gutiérrez ha confirmado que, en principio, votará en contra de la proposición de ley. Pero, además, ha revelado que está dispuesto a firmar para que se celebre un referéndum.
Otros cinco diputados del Grupo Socialista han apoyado estos días la celebración de un referéndum. Se trata de los tres de Izquierda Socialista (Manuel De la Rocha, Juan Antonio Barrio y José Antonio Pérez Tapias), más el gallego Xavier Carro y el cordobés Juan Luis Rascón.
EL PNV TIENE LA LLAVE
Para que la consulta salga adelante se precisa la firma de 35 diputados. Los partidos partidarios del referéndum (IU-ICV, CiU, UPyD, CC y BNG) suman 20 votos, que con la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, y los seis citados del Grupo Socialista elevarían la cifra a 27. Si también lo apoya el PNV, que tiene seis diputados, ya sólo faltarían dos firmas.
Sin embargo, el ex ministro Jesús Caldera, encargado del programa electoral de Alfredo Pérez Rubalcaba, ha desaconsejado en el Congreso, también en los minutos previos a la reunión del Grupo Socialista, la celebración de la consulta pues considera que «no hay tiempo» para ello porque «la virtualidad de estas medidas consiste en su inmediata entrada en vigor». «De lo contrario, la situación podría empeorar», asegura.
