El Consejo de Consumidores y Usuarios –organización que engloba a las 11 organizaciones de consumidores más representativas de España– ha solicitado al Gobierno que apruebe por decreto una moratoria hipotecaria de al menos tres años para compradores de vivienda habitual de hasta un determinado precio, a establecer en el texto legal, que corran el riesgo de ver ejecutada su hipoteca por impago.
La organización ha remitido la petición al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, y a la ministra de Sanidad, Leire Pajín.
Según explicó en rueda de prensa la presidenta del Consejo, Francisca Sauquillo, las elecciones generales del 20-N abrirán un periodo de meses en los que no se podrán tramitar proyectos de Ley al disolverse las Cortes y en el que la actividad de la Comisión creada para debatir la reforma de la Ley Hipotecaria se ha suspendido.
Sin embargo, alertó de que durante ese tiempo muchas familias podrían no solo perder su vivienda víctima de una ejecución hipotecaria sino también obligadas a seguir pagando al banco tras el proceso al haber contratado hipotecas por encima del valor de los inmuebles, por lo que tildó la situación de «preocupante» y la solución de «urgente». «No se puede esperar», añadió.
Así pues, el Consejo plantea una moratoria de tres años, pudiendo prorrogarse en tanto en cuanto, transcurrido este plazo, no se hayan modificado las condiciones económicas del país, las leyes vigentes y la situación actual del mercado hipotecario. En paralelo, la organización propone continuar con el debate sobre la reforma de la Ley Hipotecaria, en el que considera necesario hablar de la dación en pago.
Las moratoria sería aplicable a aquellos consumidores que tuviesen contratado un préstamo hipotecario para vivienda habitual que no fuese superior a un determinado importe y que se encuentren en un grado determinado de dificultades económicas, revisables anualmente, que objetivamente impidan pagar el crédito. Todas estas condiciones habrían de concretarse en el decreto del Gobierno.
Además, la moratoria tendría efecto retroactivo, de forma que aquellos que estuviesen incursos en un procedimiento de ejecución hipotecaria y cumpliesen con las condiciones que se estableciesen verían «suspendido o paralizado» dicho proceso.
EL SECTOR FINANCIERO DEBE CARGAR CON SU PARTE DE CULPA.
Preguntada por si esta iniciativa puede perjudicar al sistema financiero, Sauquillo aseguró que no debería puesto que «se está hablando de una moratoria no de una cancelación» del pago de las deudas.
Además, la organización argumenta que «el gran damnificado jurídica y económicamente de la actual crisis es sin duda el consumidor de créditos y de vivienda habitual», ya que las entidades financieras han estado concediendo hasta 2007 hipotecas de hasta 40 años, que en muchos casos suponían al mes más del 50% de los ingresos de los propietarios, y por un importe que superior al 100% del valor de tasación, frente al 80% exigido por la Ley del Mercado Hipotecario.
Por ello, considera que «no resulta razonable ni justo que, con todos los abusos de que ha sido objeto, el consumidor pueda ser víctima además de un procedimiento de ejecución hipotecaria fulminante».
AVISO AL PP.
Por otro lado, Sauquillo justificó el momento de la petición por la convocatoria de las elecciones generales, pero recordó que el Consejo ya remitió en febrero de 2009 al Gobierno un primer informe en el que alertaba de esta situación. Asimismo, avanzó que el Consejo también prevé remitir este informe al resto de los partidos políticos para que «lo tengan en cuenta en sus programas electorales».
Preguntada por si han hecho llegar también la petición de la moratoria al PP ante la posibilidad de que llegue al Gobierno tras el 20-N, Sauquillo, recordó que quien tiene que tomar las decisiones en estos momentos es el actual Gobierno, pero instó al partido presidido por Mariano Rajoy a «que tenga presente» esta petición.
