Rajoy parece dispuesto a ahorrarnos más disgustos hasta después del 25 de marzo de 2012
Mariano Rajoy se estrenó el pasado fin de semana en su primer mitin en Andalucía con la famosa frase:
«Sé lo que tengo que hacer, y lo voy a hacer».
Lo malo es que a continuación no ofreció más pistas sobre sus intenciones, probablemente porque éstas sean incompatibles con el mensaje que desea transmitir ante la proximidad de los comicios andaluces.
Pero, ¿de verdad sabe l presidente del Gobierno, lo que tiene que hacer?
la pregunta es nuestra, pero una respuesta y hay varias posibles , la da el diario ‘El Economista’ en su editorial.
Explica el periódico económico que el Gobierno comenzó el año con una potente subida de los impuestos directos sobre la renta y los rendimientos del capital, en contra de sus promesas y de las teorías económicas que el PP defendió durante sus largos años en la oposición.
Esta semana, Rajoy prometió que antes del 10 de febrero presentará las reformas laboral y financiera, así como la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria para meter en cintura a las comunidades autónomas.
Sin embargo, nada se sabe sobre las medidas de recorte adicionales por cerca de 25.000 millones. El presidente esperará a elaborar el Presupuesto para darlas a conocer, lo que significa retrasarlas hasta después de los comicios andaluces.
Las comunidades autónomas llevan desde marzo del año pasado mareando la perdiz sin acometer recortes en profundidad -con excepción de Cataluña- por culpa de las elecciones, según se desprende de sus previsiones sobre déficit.
Y ahora, Rajoy parece dispuesto a ahorrarnos más disgustos hasta después del 25 de marzo de 2012. Es decir, que cuando comience a aplicar la tijera habrá pasado ya, como mínimo, un tercio del año.
En cuanto a la reforma laboral, abordará el fin de los convenios y acabará con la vinculación de los salarios a la inflación, dos iniciativas loables pero insuficientes para atajar la sangría del desempleo si no se recorta la indemnización por despido a 20 días, a lo que se opone el Gobierno.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, pretendía crear un banco malo que adquiriera los inmuebles de las entidades financieras a precio de mercado, pero no fue posible, porque ello requiere dinero externo o del Ejecutivo.
Rajoy se opone, ya que daría pie a que se interprete que el dinero público es utilizado para rescatar a la banca.
Con este acondicionamiento, De Guindos tendrá que cargar sobre la banca su saneamiento. Piensa primar las fusiones mediante la concesión de varios años para desembolsar las provisiones que se exijan a los bancos y la oferta de cargar el coste sobre reservas en lugar de sobre resultados.
Pero ha tropezado con el primer obstáculo, la unión de Bankia y CaixaBank, apoyada tanto desde su Ministerio como desde la Generalitat catalana.
Los servicios técnicos han concluido que es inviable, como informó elEconomista. El propio presidente de CaixaBank, Isidro Fainé, se encargó de enterrar el proyecto.
Ello puede obligar a De Guindos a extender esta oferta a las fusiones que ya estén en marcha, como la de Bankia.
Lo malo es que todo lo que sea prorrogar el problema se traducirá en un mayor deterioro del crédito y de la actividad.
Por último, está el problema autonómico. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, se esforzó esta semana en alcanzar una solución, que pasa por facilitar liquidez a las autonomías a cambio de que éstas rindan cuentas al Estado mensualmente y acepten un régimen sancionador si incumplen.
A priori, se trata de un buen planteamiento, a expensas de conocer el texto de la Ley de Estabilidad. Pero las cuentas no deben de cuadrar, porque Montoro escogió la edición germana de Financial Times para lanzar la descabellada idea de que sería bueno relajar el objetivo de déficit del 4,4 por ciento exigido por la UE hasta el 5,4 por ciento.
Algo inaudito que nos colocaría a los pies de los caballos frente a los mercados, y volvería a dejar como un mentiroso a Rajoy. Éste se pasó las semanas posteriores a su elección prometiendo que cumpliría con la UE.
Claro que siempre puede decir que no concretó la fecha. ¡Menos mal que este 20 de enero de 2012 la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, puso un poco de cordura!
Con una reforma laboral descafeinada en ciernes, una reforma financiera a la japonesa que puede alargar el saneamiento de la banca y el recorte del gasto pendiente, pueden presumir de saber lo que hay que hacer, pero no lo hacen.
