La Unidad Militar de Emergencias, alumbrada por José Luis Rodríguez Zapatero y José Bono en 2005 como una «unidad para intervenir de forma rápida en cualquier lugar del territorio nacional en casos de catástrofe, grave riesgo u otras necesidades públicas», debe ser «eliminada».
De acuerdo con el informe de «racionalización orgánica» en Defensa que ha sido distribuido por los cuarteles, existe la necesidad de «distribuir el material (de la UME) en las Unidades de la Fuerza, incrementando su capacidad para actuaciones de apoyo local o de zona» y solicita la «integración del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) y de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (Esfas) en un mismo organismo».
Tan ambiciosa fórmula tiene su origen en el compromiso de 35.000 millones de euros heredado de la gestión socialista en el Ministerio de Defensa (25.000 de deuda más la satisfacción de los intereses pertinentes hasta el año 2025).
Esta austeridad proyectada sobre el departamento que dirige Pedro Morenés es extensiva a otras carteras del Ejecutivo.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy purgan las cuentas anteriores de aquellas polémicas partidas que financiaron proyectos estrella del zapaterismo.
En concreto, el revisionismo histórico de las últimas legislaturas queda ahora relegado a la mínima expresión tras experimentar un recorte de 3,7 millones de euros.
Asimismo, la cobertura con dinero del erario público que recibió la Ley del Aborto también se ve afectada y, por ejemplo, desaparece la partida de un millón de euros para el Observatorio de Salud de la Mujer.
Por otro lado, la Alianza de Civilizaciones queda relegada a un puro formalismo, pues las subvenciones en Cooperación y Desarrollo son recortadas en un 65,4%, casi 1.400 millones de euros.
En lo que respecta a los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CC OO) y Unión General de Trabajadores (UGT), el Ejecutivo también mete la tijera en estos privilegios y cierra el grifo al «apoyo instrumental a la negociación colectiva».
Las ayudas para que asistan a mesas de la Función Pública con representantes ministeriales se ven disminuidas de 1,28 millones a 760.000 euros.
NOTA.- leer artículo original en ‘La Gaceta‘