El Gobierno español está a punto de abrir la veda contra el «falso parado», el subsidiario listillo, el españolito sin vergüenza o con ella que, en circunstancias de extrema necesidad o para incrementar sus ingresos clandestinos, pasa por la caja del SEPE y atraca a mano desarmada al Estado.
En un plató de televisión estaríamos escuchando una salva de aplausos. Cuando los españoles puedan leer en los periódicos éste acuerdo en un inminente Consejo de Ministros, exclamaremos todos juntos a coro: ¡ya era hora! Y quizá cuando la Ley Orgánica reguladora alcance unanimidad en el Congreso de los Diputados, un hito legislativo de esa naturaleza nos permitirá contemplar el mundo un poco más justo que el día anterior.
La idea se le ha ocurrido a Fátima Báñez, la señora Ministra de Desempleo, como alternativa a la impotencia de crear empleo. La ha ido madurando a medida que perdía toda esperanza de rebajar las cifras de paro. Ha pensado (porque los ministros a veces piensan) que, a un pueblo hambriento de trabajo, conviene entretenerlo echándole carnaza, ejecuciones públicas, delincuentes laborales ardiendo en las hogueras con el beneplácito de una masa predispuesta al linchamiento.
El Código Penal sale de nuevo al rescate
Nace pues, en pocas semanas, el delito de herejía laboral contra el Estado. Se incluye en el Código Penal, que se ha convertido en el cajón de sastre que suple los altos niveles de incompetencia de las administraciones públicas y se traspasa un nuevo marrón del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, con la preceptiva parada y fonda en el Poder Digital, o sea, esas instituciones abarrotadas de hombres y mujeres a los que llaman señorías, donde todo se arregla o se destroza (a gusto del lector) por el sencillo método de apretar un botón.
Es indiscutible que el Gobierno le va a echar un par. Que va a coger el toro del fraude laboral por los cuernos y se van a enterar de lo que vale un peine los «raterillos» que se sacan un sueldo, incluso un sobresueldo del Estado por la cara. Es probable que la entusiasta masa typical spanish entre en éxtasis y suban unas décimas la confianza en la clase política en las funestas encuestas del CIS. Incluso puede ocurrir que la España mediática, enardecida con «estímulos» extras, entone a coro un aleluya prácticamente unánime.
¿Por qué no se atreven con la «caza mayor»?
Pero siempre nos quedará una pregunta en el subconsciente, como a Bogart e Ingrid Bergman siempre les quedará París:
-¿Por qué no se atreven a empezar por la caza mayor?
¿No hay un hueco en el Código Penal para atracadores financieros? ¿No se les puede declarar delincuentes?
¿No son fraudes al Estado ocultar déficits en las cuentas autonómicas y municipales, tergiversar valoraciones de activos tóxicos, la opacidad torticera de la financiación de partidos, las adjudicaciones digitales de concursos públicos, que un ministro del gobierno esconda bajo el pico de la alfombra 2 puntos y medio de déficit del Estado, que los clubes de fútbol toreen a Hacienda, que se le meta mano, clandestinamente, a la sagrada caja del Pacto de Toledo, que…
O declaramos delincuente a todo el que se lo merezca, o pinchamos la pelota. O el Código Civil se abre para todos, o dejamos de llamarle Estado de Derecho, democracia, a esta pantomima en el que la Justicia funciona a dos velocidades, con distintas varas de medir y sometida a criterios Ejecutivos y Legislativos que practican el «apartheid»
La iniciativa de Fátima Báñez será plausible y arrancará adhesiones inquebrantables entre los españoles. Pero, por sí sola, como medida de «caza menor», convierte al Gobierno de la nación en uno de aquellos abusones de nuestras infancias escolares, durante los recreos, que siempre repartían ostias a los débiles y a los bajitos y, se lo hacían talmente en los pantalones, en cuanto se les plantaba delante un tipo más fuerte y más alto que ellos.
Los señuelos de Urdangarín y La Pantoja
Es una buena noticia que el Gobierno de Rajoy haya levantado la veda de la «caza menor» al raterillo del SEPE. Pero deja un sabor amargo, cierto olor a podrido y a gobernanza acojonada, que no levante simultáneamente la veda de la «caza mayor» en los cotos casi herméticamente cerrados de los partidos políticos, las cúpulas financieras y las maniobras orquestales en la oscuridad de los gobernantes.
¿Qué pasa con Divar, con Elena Salgado, con ZP, con Rato, con los trileros de las Cajas, con los inmunes al Gürtel o al feo asunto de los ERES andaluces, con los trapicheos catalanes, con la laxitud de MAFO, con los gestores de las quiebras generalizadas en las administraciones centrales, autonómicas, provinciales y locales de éste viejo y alucinado país llamado España?
Esperan que los señuelos de Garzón, de Urdangarín, de La Pantoja, desvíen la atención del respetable público. Que algunos arbolitos no dejen que los españoles escudriñen el frondoso bosque de la generalizada presunta picaresca delictiva política, económica, financiera, legislativa, judicial o sindical que conforma el surrealista decorado de fondo nacional.