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En los últimos meses del segundo mandato del inolvidable -por imperdonable- José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, varios altos cargos que gozaban de su favor obtuvieron la dádiva de otro nombramiento, que en unos casos los blindaba por varios años (hasta seis), y en otros los dejaba más o menos emboscados con un modus vivendi con cargo al Erario que podría prolongarse durante más tiempo que el normal del relevo de los llamados puestos de confianza.
La operación se fue realizando sistemáticamente y con toda impudicia. Ha pasado ya más de medio año desde que el nuevo Gobierno tomó posesión.
Los que disfrutan de cargos blindados por varios años son inamovibles, a no ser que se modifique la legislación; es el caso de los órganos reguladores.
Los otros se van manteniendo, aprovechando que las urgencias de la crisis parecen haber distraído la atención de los actuales gobernantes.
Esta es, al menos, la interpretación que prima facie ofrece la actual situación.
Cabría, sin embargo, otro modo de ver el asunto. Podría atribuirse la quietud del Gobierno a la voluntad de no ser como sus adversarios.
Según esto, que sería admirable desde todos los puntos de vista, el Gobierno del Partido Popular habría decidido huir del clientelismo, tan denostado por la opinión pública, y practicar la democracia en su forma más patriótica prescindiendo de nepotismos, fulanismos y otros ismos, al menos en los casos de los que informamos en este número, aunque en otros como el CGPJ, el Tribunal Constitucional o RTVE se haya practicado lo contrario.
Pues bien, si nos ponemos en esta hipótesis, debemos señalar que hay varias maneras de hacer las cosas. Una es la que practica el Gobierno quedándose quieto.
La otra sería comprobar que las personas colocadas por Zapatero responden al perfil de competencia profesional y solvencia técnica exigible para los cargos que ocupan, y, de no ser así, proceder a sustituirlos por otras que cumplieran esos requisitos, aunque no fuesen de ningún partido.
De este modo, el Gobierno del PP no se aprovecharía de su poder para beneficiar a su partido, pero al menos no haría el primo, en la quinta acepción del diccionario.
Como subraya ‘La Gaceta’, lo que nos tememos, sin embargo, que no estamos en esta hipótesis buenista, sino en una situación de desconcierto más que regular.
La designación de Carmen Vela como secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación nos ofrece una pista lo bastante elocuente al respecto por partida doble: primero, porque se trata de un miembro activo del clan de la zeja, peticionaria del voto a Rodríguez en las dos últimas elecciones generales; segundo, porque si se pregunta a la comunidad científica, se descubre que su asombro por el nombramiento es mayor que el de los profanos en investigación, desarrollo e innovación.
No es que se haya mantenido a esta mujer nombrada por los socialistas, sino que la designación ha provenido de este Gobierno. Y andan los rumores anunciando, por ejemplo, que el ex director general de Tráfico, Pere Navarro, será nombrado consejero laboral en nuestra Embajada en Rabat.
¿Democracia purista? ¿Candor pazguato en estado puro? ¿Incompetencia en los criterios elementales de una política de nombramientos?
