El hermetismo galopante del Gobierno de la Nación sobre la supuesta remodelación efectuada en el Parque Móvil del Estado (PME) tras las elecciones generales del pasado 20 de noviembre ya es historia.
La herencia dejada por los socialistas en este órgano no ha sufrido grandes ajustes, sobre todo en lo que a número de vehículos oficiales se refiere. Los populares prometieron en su programa electoral para la cita del 20-N que de llegar a La Moncloa acometerían un «uso más eficiente» de estos coches como medida de austeridad.
Asimismo, en su tarea de oposición durante la pasada legislatura, presentaron una proposición no de ley en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para que la Cámara instara al Gobierno a reducir los coches oficiales que no fueran estrictamente necesarios para el servicio público.
Esta iniciativa, registrada justo tras anunciar José Luis Rodríguez Zapatero su tijeretazo de mayo de 2010 -el mayor recorte de derechos sociales de la Democracia al congelar las pensiones-, decía que antes de ello «debería haber procedido a una severa reducción de ministerios, altos cargos y también de otros gastos, como los vehículos oficiales, que en este momento son prescindibles». El PP añadía que en aquel momento tenía «difícil justificación» el elevado número de coches que utilizaban tanto altos cargos como asimilados, desde el director general hasta el ministro, pasando por secretarios generales, subsecretarios y secretarios de Estado.
Ahora, el momento para las arcas públicas también es delicado, pero dicha flota sólo se ha visto rebajada en 130 unidades, apenas un 13%.
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero llegó a disponer de 970 vehículos para uso de sus altos cargos y de autoridades pertenecientes a instituciones como la Casa del Rey, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o el Tribunal de Cuentas, entre otras.
Con la victoria del PP en las urnas y la reestructuración ministerial, el PME pasó de depender de la cartera de Economía y Hacienda que dirigía Elena Salgado al departamento de Hacienda y Administraciones Públicas que capitanea Cristóbal Montoro. Efectuado el aterrizaje por parte de su nuevo director general, Miguel Ángel Cepeda, y tras un semestre de evaluaciones, sale ahora a la luz que el parque móvil con el que cuenta el Gobierno de Rajoy asciende a 840 vehículos.
Los mayores ajustes han tenido lugar en la flota de turismos de entre 76 y 118 CV (caballos de vapor), cuyo número ha sido rebajado en medio centenar de unidades, y en la de turismos de alta gama con una potencia superior a los 119 CV, que han pasado de 720 a 684. También ha sido recortada la cifra de furgonetas a partir de 119 CV (de las ochos existentes con anterioridad queda ahora una) y la de autocares, que pierde nueve de entre 40 y 59 plazas, y tres de 10-19 plazas. En cuanto a las dos ruedas, las motocicletas de entre 150 y 350 centímetros cúbicos descienden de 93 a 70, y las que superan esta cilindrada, de siete a cuatro.
En cambio, no sufren alteraciones otras dotaciones, cuyas cantidades permanecen intactas antes y después de los comicios del 20 de noviembre: por un lado, 37 furgonetas de entre 54 y 118 CV, y por otro, tres camiones de 3,5 a 10 TM (toneladas métricas).
De momento, no hay previsiones de más recortes si se tiene en cuenta que el Ejecutivo acaba de poner en marcha la contratación de un seguro de responsabilidad civil, «a cuyos efectos, el parque automovilístico del PME se compone para el 2013 de 840 vehículos». El importe fijado se sitúa en los 370.931,43 euros y la prestación del servicio será de 24 mensualidades.
