La vuelta a España de Ángel Carromero no ha servido, por el momento, para aclarar las circunstancias reales del fallecimiento de los opositores cubanos Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL), y Harold Cepero, dirigente juvenil del MCL, como resultado del accidente de tráfico sufrido por el coche que conducía el joven político español. Al contrario, la familia de Payá y el MCL siguen reclamando una investigación internacional para esclarecer los hechos, petición a la que se ha sumado Esperanza Aguirre.
Además, se suman nuevas incógnitas sobre si el Gobierno español ha ofrecido alguna contrapartida al régimen castrista a cambio de la repatriación de Carromero, algo que se niega desde el Ejecutivo y que no ha podido ser confirmado. Lo único que parece claro es que el Ejecutivo trata de mantener un perfil informativo bajo en este asunto.
Desde el MCL y la familia de Payá se sostiene que la auto inculpación de Carromero fue una estrategia diseñada por el Ministerio de Asuntos Exteriores español —Carlos Payá: «El Ministerio de Asuntos Exteriores español es quien decidió la auto inculpación de Carromero–, y han explicado que las relaciones con el PP se han reducido al mínimo en la actualidad. Las tensiones entre el grupo opositor cubano y la formación gobernante española, que tenían relaciones muy fluidas en el pasado, en los últimos meses han sido permanentes.
El director de Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, tenía una excelente relación personal con el fallecido Oswaldo Payá, así como con los representantes del MCL en España. Sin embargo, aunque sí fue al funeral oficiado en Madrid en memoria de los dos disidentes muertos, no ha mantenido apenas contacto personal ni político con la familia de Payá y los representantes en España del Movimiento Cristiano de Liberación. Las relaciones distan mucho de tener la misma fluidez que en el pasado.
ESPERANZA AGUIRRE Y PABLO CASADO
La voz disonante en el seno del Partido Popular ha sido la de Esperanza Aguirre. La ex presidenta de la Comunidad de Madrid participó junto con Rosa Díez en un acto en homenaje a Payá y Cepero organizado por el MCL en la capital de España el 4 de diciembre de 2012. La asistencia de miembros del PP fue mínima, mientras que sí estuvieron presentes varios diputados y cargos de responsabilidad de Unión Progreso y Democracia. De hecho, UPyD se ha mostrado como la formación política más activa a la hora de reclamar el esclarecimiento de las circunstancias del accidente. Es, además, a día de hoy el partido español con una relación más fluida con el grupo disidente de Payá.
Pero Aguirre no se ha limitado a participar en ese acto. Tras la vuelta a España de Carromero ha sido la más activa defensora de su inocencia y, tras visitarle en la prisión de Segovia, ha puesto en duda la versión oficial de los hechos y ha reclamado una investigación internacional sobre lo ocurrido. Además, y contradiciendo el discurso oficial del Gobierno español, ha dicho que las condiciones en las que se mantuvo al joven español en las prisiones cubanas pueden son tortura. El diputado Pablo Casado, amigo personal de Carromero y presidente de NNGG de Madrid, mantiene un difícil equilibrio entre ambas posturas enfrentadas. Es a día de hoy prácticamente el único miembro destacado del PP que mantiene unas relaciones fluidas con la familia Payá y el MCL, con lo que podría servir de puente entre las organizaciones española y cubana.
Tras su visita a Carromero en prisión ha concedido varias entrevistas a medios de comunicación donde trata de mantener el equilibrio entre la postura del Gobierno y la de Esperanza Aguirre y el MCL. En declaraciones a Carlos Herrera en Onda Cero, dijo el 3 de enero de 2013, evitó dar datos concretos sobre lo ocurrido en el momento del accidente, diciendo que no quiso preguntar sobre ello en su primera visita a su amigo encarcelado. Sin embargo, sí dijo que Carromero tiene todavía numerosas lagunas sobre lo ocurrido y que hablará cuando crea que pueda y deba hacerlo.
Al respecto de esto último, la periodista cubano-española Gina Montaner (columnista de El Mundo y de El Nuevo Herald de Miami) ha dicho a Periodista Digital por correo electrónico:
Es importante señalar que los dos supervivientes [Carromero y el sueco Aron Modig] nunca han negado lo que muchos sospechan. Sencillamente han dicho que no recuerdan nada.
El otro extranjero que viajaba en el coche, el presidente de las juventudes del Partido Democrisitiano Sueco, Aron Modig, mantiene desde que ocurriera el accidente que no recuerda nada de lo sucedido. En una curiosa coincidencia temporal, ha dimitido de todos sus cargos políticos coincidiendo con la repatriación de Carromero. Aunque ha aducido motivos que no tienen nada que ver con ello, como que no quiere dedicarse toda su vida a la política, fuentes de la disidencia cubana exiliada en Suecia han dicho a Periodista Digital que es muy probable que su renuncia y la vuelta del militante de NNGG a España sí estén vinculadas.
GESTOS DEL GOBIERNO HACIA EL CASTRISMO
Fuentes del Grupo Parlamentario Popular han insistido a Periodista Digital en que no se ha hecho pago político alguno. Sin embargo, en los últimos meses sí se han producido cambios con respecto a la tradicional política de firmeza frente al casticismo defendida por el PP tanto desde la oposición como cuando ha tenido responsabilidades de Gobierno. Si desde Génova se criticó con dureza al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero por no invitar a representantes de la disidencia a la recepción en la Embajada de España en La Habana con motivo de la Fiesta Nacional, eso fue precisamente lo que ocurrió el 12 de octubre de 2012, ya con Rajoy en La Moncloa. Ningún miembro de la oposición democrática al régimen comunista fue invitado al evento celebrado en la legación diplomática en la capital cubana.
Algo más de un mes después, hubo otro cambio fundamental. El 19 de noviembre se abrió en la Unión Europea una puerta para alcanzar un acuerdo de cooperación con Cuba, lo cual supondría un cambio fundamental con respecto a la política de firmeza marcada por la Posición Común Europea impulsada en su momento por Aznar. Aunque desde el Ejecutivo español se dijo todavía no se habían producido en la isla unos cambios políticos que justificaran el fin de dicha Posición Común, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, dijo que sobre la misma cabe una «interpretación flexible». La realidad es que, por el momento, no se ha concretado en nada.
INTERESES COMERCIALES EN CUBA
Lo que sí son hechos concretos son los amplios intereses económicos españoles en Cuba, que podrían explicar el interés del Ejecutivo en no abrir un punto de conflicto con el castrismo. A principios de noviembre de 2012 se celebró en la capital cubana la XXX Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2012). España, tercer socio comercial de la nación caribeña, fue el país con una mayor presencia en dicho encuentro comercial.
Según los datos ofrecidos en ese momento por el embajador español en Cuba, Juan Francisco Montalván, y recogidos por los medios oficiales del régimen, el intercambio comercial entre ambos países en 2011 fue de 818 millones de euros y se aspiraba a que a finales del ejercicio de 2012 alcanzaran los mil millones de euros. Según la misma fuente, dos centenares de compañías españolas tienen oficinas comerciales en la isla y existen unas 50 empresas de capital mixto (formula obligatoria para la inversión extranjera en Cuba, por la que la compañía foránea tiene que crear una sociedad en la que su socio sea el Estado cubano). La mayor parte de ellas son cadenas hoteleras. La expansión de estas empresas sigue manteniéndose. Así, por ejemplo, el 24 de diciembre de 2012 el diario oficial del Partido Comunista de Cuba, el Granma, informaba de la apertura de dos nuevos hoteles por parte de una cadena española.
NUMEROSAS INCÓGNITAS SOBRE EL ACCIDENTE
A pesar de que desde el Gobierno español se insiste en que el proceso judicial contra Carromero fue impecable, ni la familia de Oswaldo Payá ni el abogado del joven español, José María Viñals, comparten esta idea. El hermano del fallecido líder del MCL, Carlos Payá, explicó a Periodista Digital que los propios hijos del fallecido no pudieron entrar en la sala donde se celebraba el juicio, algo llamativo si se tiene en cuenta que eran interesados directos en la misma. El motivo podría radicar en que la viuda del disidente, Ofelia Acevedo, y sus hijos rechazaron una propuesta que, según explica Carlos Payá, les ofreció el Gobierno español y que habría satisfecho al régimen castrista.
Según la familia de Payá, se les ofreció que Carromero se reconociera culpable de la muerte del líder del MCL y les pagara una idealización. De esa manera su salida de Cuba hubiera sido inmediata. Sin embargo, para los familiares del disidente se trataba de una opción inaceptable por eliminar cualquier posibilidad de que se investigue a fondo las circunstancia del accidente. De hecho, ellos siguen defendiendo la inocencia del español. Desde el MCL se insiste en que la primera noticia de que algo pasaba llegó a través de un SMS enviado desde el teléfono móvil del sueco Aron Modig, que viajó a Cuba junto a Carromero, informando de que les habían embestido desde un Lada Rojo. Las siguientes informaciones que les llegaron desde Cuba hablaban de tres personas en el hospital, vivas, y un desaparecido. En ese momento nos sabían las identidades de los cubanos que iban en el coche ni que los muertos, finalmente, serían los dos disidentes.
El abogado Viñals ha relatado en diversas entrevistas que el proceso no tuvo las necesarias garantías jurídicas. Dice que no se les permitió hacer peritajes independientes y que los testimonios presentados por la fiscalía cubana no resultan demasiado creíbles. Resulta sospechoso, por ejemplo, que los supuestos testigos presenciales pudiera medir la distancia entre el lugar del accidente y una señal de tráfico con una precisión de centímetros, o que dicha señal fuera misteriosamente movida después 500 metros por unos desconocidos.
Entre los defensores de la limpieza del juicio figura no sólo el Gobierno español, también algunos medios de comunicación. Gina Montaner dice al respecto:
El editorial que publicó el País hace un par de días pone en duda las sospechas de la familia Payá y yo me pregunto porqué les cuesta creer más a las víctimas del castrismo que a las de franquismo y qué tipo de validez puede tener una investigación llevada a cabo por un régimen totalitario cuando las víctimas son disidentes políticos.
