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Los delitos económicos y la corrupción, dos ejes de la reforma del Código Penal

Un nuevo delito de financiación ilegal de partidos políticos

Los delitos económicos y la corrupción, dos ejes de la reforma del Código Penal
Soraya Sáenz de Santamaría con Alberto Ruiz-Gallardón. EFE

El Gobierno ha aprobado este viernes 20 de septiembre de 2013, en Consejo de Ministros, su proyecto de ley de reforma del Código Penal, que incrementa la persecución contra los delitos de corrupción y agrava las penas de los incendios forestales y la piratería, entre otros.

La principal novedad de la reforma penal promovida por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón es la nueva pena de prisión permanente revisable, que podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad como los asesinatos terroristas, el homicidio del jefe del Estado o de su heredero y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad.

En este sentido, el propio ministro de Justicia ha destacado la flexibilidad de esta reforma del Código Penal al afirmar que se «adecúa a la realidad» que preocupa a la sociedad española y a las «agresiones a nuestra convivencia».

En la rueda de prensa posterior al Consejo, Gallardón ha subrayado que la futura ley, que sustituirá a la vigente que data de 1995, no se trata de una modificación más sino que supone una «auténtica transformación» para situar la legislación penal a la altura de los principales democracias del mundo.

Lucha contra corrupción

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un informe con un total de 40 medidas que el Gobierno pretende poner en marcha para hacer frente a la corrupción y que espera consensuar con el resto de los grupos parlamentarios.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que las medidas están centradas en el control de la actividad económica de los partidos, una mejor regulación de los cargos públicos y medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción.

Entre las medidas que el Ejecutivo quiere negociar con los grupos se encuentra la creación de un nuevo tipo delictivo de financiación ilegal de los partidos o la prohibición del uso de tarjetas de crédito en los gastos de representación.

En el apartado de la financiación ilegal, el proyecto de ley que se remite a las Cortes Generales revisa los tipos de malversación, prevaricación, cohecho o tráfico de influencias, entre otras novedades.

Se ampliará asimismo la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas y se incluirán medidas para agilizar los procedimientos judiciales para que no se «eternicen». Por ejemplo, se permite al juez elevar una causa para su enjuiciamiento sin necesidad de acumularlo al proceso conexo.

Además, se facilita la persecución del corrupto y la recuperación de los bienes procedentes de sus actividades delictivas, según ha subrayado la vicepresidenta.

A su vez, con la prohibición del uso de las tarjetas de crédito con cargo a los ministerios para pagar los gastos de representación se pretende evitar así «ningún género de duda» sobre el uso de estos fondos.

También se ampliará, según ha anunciado la vicepresidenta el número de altos cargos cuya actividad estará sometida a un «control reforzado» y cualquier movimiento «llamativo» en las cuentas corrientes que controlen estas personas con responsabilidad pública será comunicado.

El Gobierno busca igualmente aclarar y unificar toda la normativa que existe relativa a los cargos públicos, que es dispersa, que lleva «muchas veces» a los ciudadanos a pensar que estos cargos tienen «una serie de derechos que no son tales».

Más delitos económicos

El proyecto de reforma penal incluye el delito de concurso punible para perseguir a quienes, en situación de insolvencia inminente, despatrimonializan la empresa u ocultan el patrimonio de la entidad para ponerlo fuera del alcance de los acreedores.

La reforma también incorpora la posibilidad de que los administradores concursales puedan ser condenados por malversación y cohecho, con lo que mejora la protección de la masa del concurso. También se castiga con este tipo a los directamente causantes de la situación de concurso de una entidad.

Según Justicia, se trata de facilitar una respuesta penal frente a las actuaciones que ponen en peligro ilícitamente los intereses de los acreedores.

Por otra parte, el proyecto de ley tipifica como malversación todos los supuestos de gestión desleal del patrimonio público, de forma que ya no será preciso acreditar un enriquecimiento, sino que bastará con probar que ha existido una conducta desleal patrimonial.

Por ejemplo se castigarán las contrataciones a precios superiores a los reales, los contratos firmados sin que exista contraprestación o la utilización del patrimonio público para fines privados.

El Ministerio ha subrayado que hasta ahora la malversación era una modalidad de administración desleal que se refería fundamentalmente a la sustracción de fondos públicos y en mucha menor medida a la desviación del destino de los mismos.

A partir de ahora se castigarán los actos de gestión desleal cometidos mediante abuso o deslealtad de quien administra el patrimonio de un tercero y le causa un perjuicio o crea una situación de peligro de pérdida del mismo.

Asimismo, la reforma amplía la responsabilidad de las personas jurídicas a las sociedades mercantiles públicas y prevé la sanción de los directivos de las entidades en las que se cometan delitos por falta de adopción de medidas de prevención.

 

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