Sólo un 10 por ciento de las sociedades radicadas allí pagan impuestos
El Gobierno español ha desvelado, en la documentación enviada a la Unión Euorpea, que un tercio de los habitantes de Gibraltar está utilizando los servicios públicos españoles así como sus infraestructuras pero sin contribuir fiscalmente al pago de los mismos.
Por ello, el Ejecutivo de Mariano Rajoy anuncia ante Bruselas que está tomando medidas contra estas personas y contra las sociedades pantalla que ocultan la titularidad de 3.000 inmuebles radicados en España.
Estos datos constan en la documentación que España ha enviado a Bruselas a raíz del conflicto surgido este pasado verano con el Peñón de Gibraltar, después de que las autoridades gibraltareñas arrojaran al mar setenta bloques de hormigón de los que sobresalía ferralla para impedir la faena a los pescadores de Algeciras.
MÁS CONTROLES
España extremó los controles en la Verja, lo que ha provocado largas colas en la frontera con Gibraltar a lo largo de todo el verano y ha obstaculizado el contrabando de tabaco que de manera habitual venía produciéndose. Unas medidas que provocaron la protesta del primer ministro británico, quien telefoneó al presidente de la Comisión para pedirle una misión que revisara la actuación española.
Sin embargo, esa llamada se contrarrestó con otra de Rajoy a Durao Barroso para pedirle que en esa misión incluyera una inspección sobre contrabando, blanqueo de capitales y fraude fiscal, así como con el envío de un memorándum con la problemática actual con Gibraltar, que ha sido ampliado la semana pasada para que las autoridades de Bruselas dispongan de toda la información necesaria antes de desplazarse al Peñón, algo que harán el 25 de septiembre.
SÓLO PAGA EL 10% DE LAS SOCIEDADES
En esta documentación enviada a Bruselas, el Gobierno español detalla, que sólo un 10 por ciento de las sociedades radicadas allí pagan impuestos.
Por ello, España ha decidido y así se lo comunica a la Comisión, desarrollar medidas para «combatir el fraude fiscal originado en Gibraltar, tanto a través de sociedades ‘pantalla’ gibraltareñas que ocultan la titularidad de mása de 3.000 inmuebles radicados en España, como de los más de 6.700 gibraltareños que manteniendo su residencia real, pero no fiscal, en España se benefician de los servicios sociales e infraestructuras españolas sin haber contribuido a los mismos».
En la citada documentación se especifica que el régimen fiscal gibraltareño se caracteriza por la «opacidad», especialmente en el «impuesto de sociedades». Y para apoyar la argumentación, España utiliza datos del fisco británico, según los cuales hay 21.770 sociedades registradas en el Peñón, de las cuales sólo el 10 por ciento paga impuestos.
LA TASA DE CONGESTIÓN
El Ejecutivo español deja claro que estos datos demuestran que es «necesario controlar los tráficos» en la Verja. «Son controles obligatorios e irrenunciables para nuestro país en ejercicio de sus responsabilidades ante la UE, plenamente adecuados al Código de Fronteras Schengen y guiados exclusivamente por los principios de aleatoriedad, proporcionalidad y no discriminación», argumenta España.
En este contexto, se expone también la posibilidad que está estudiando el Gobierno español de imponer un «tasa por congestión en la Línea de la Concepción» para reducir la congestión del tráfico entre el Peñón y España.
Como ejemplo de una tasa de este tipo, el Gobierno recuerda que un sistema de esta naturaleza ya fue utilizado en la ciudad de Londres en 2003, y después del resultado positivo de ese «experimento» se ha introducido en otras ciudades europeas «con resultados apreciables».
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