Los terroristas advierten que no renegarán de su trayectoria
Hoy domingo 20 octubre 2013 se cumplen dos años de la declaración de cese de la violencia de ETA, una fecha que marcó el inicio de un proceso de cierre definitivo de décadas de terrorismo pero que, pese al tiempo transcurrido se sitúa en un «punto muerto» por la ausencia de avances significativos.
Pasados dos años desde que ETA declarase el alto el fuego definitivo, la organización terrorista no ha desmantelado sus estructuras ni entregado sus armas, como le demanda todo el espectro político excepto la izquierda abertzale que, no obstante, también vería con buenos ojos un gesto de la banda en ese sentido.
El Gobierno, firme en su posición de no dialogar con ETA, ha obviado los requerimientos de la banda para negociar los aspectos «técnicos» del desarme, que la organización terrorista desea tratar directamente con el Ejecutivo.
La falta de avances en este terreno hizo que en marzo de este año los miembros de ETA Josu Ternera, David Pla e Iratxe Sorzabal se vieran obligados abandonar Noruega, país que había permitido su presencia en espera de que pudieran darse nuevos pasos en el proceso de abandono del terrorismo, que sin embargo no llegaron.
En el ámbito de la política penitenciaria tampoco se han producido novedades en los últimos meses, en los que el Gobierno mantiene la fórmula que presentó en abril de 2012, consistente en facilitar la reinserción individual de los presos de ETA, bajo la condición de que se separen de la banda y se arrepientan, unas premisas que no acepta el colectivo de presos de ETA (EPPK).
Pendiente de la resolución definitiva del recurso contra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la llamada doctrina Parot, que podría derivar en la liberación de un buen número de importantes presos de ETA, la Justicia no ha levantado la presión sobre las estructuras próximas a los reclusos, como demuestra la operación contra la plataforma Herrira del pasado 30 de septiembre.
Esta operación ha sido considerada por la mayoría de partidos vascos y por el Ejecutivo autonómico como «un paso atrás» en una situación en la que la izquierda abertzale ha vuelto a la legalidad a través de la creación de Sortu, partido cuya inscripción fue avalada por el Tribunal Constitucional, aunque el Gobierno vigile sus pasos.
De hecho, esta formación ha nacido condicionada por las actuaciones judiciales contra la izquierda abertzale, ya que su secretario general, Arnaldo Otegi, sigue encarcelado y muchos de sus dirigentes actuales están siendo juzgados desde el jueves acusados de un delito de pertenencia a banda armada por la financiación de ETA a través de las «herriko tabernas».
Ante esta situación de aparente «bloqueo» el 27 de mayo de este año el llamado Foro Social para Impulsar el Proceso de Paz, en el que intervinieron entidades y partidos como Sortu y el PNV, estableció un itinerario para intentar propiciar nuevos pasos tanto por parte de ETA como del Gobierno.
Para ello, emplazó a la organización terrorista a acometer un proceso de desarme y desmantelamiento de sus estructuras militares, sin intervención del Estado, y abogó por la «reintegración» en la sociedad de los reclusos etarras de forma individual, tras renunciar a la violencia y reconocer el daño causado.
Rechazo sin condena
La izquierda abertzale acogió estas recomendaciones con reticencias, mientras que el colectivo de presos aún no ha respondido al emplazamiento del Foro, algo que se espera para las próximas semanas.
Mientras los pasos para el fin definitivo del terrorismo parecen detenidos, los partidos vascos han intentado avanzar en acuerdos que construyan las bases de la convivencia futura, un afán que también ha quedado en suspenso.
La Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento vasco ha quedado aparcada después de que se descolgaran el PP y UPyD, primero, y el PSE-EE después, debido a que la izquierda abertzale no ha aceptado de manera expresa los principios pactados por los partidos en la legislatura anterior, plasmados en el llamado «suelo ético»: reconocer la injusticia de la violencia, el daño causado, la dignidad de las víctimas y que el futuro sólo será posible con la desaparición de ETA.
Aunque la ponencia se ha estancado, el Gobierno vasco ha elaborado su propio plan de convivencia que espera poder aplicar con el máximo consenso posible. Cuando la sociedad va asumiendo el final de la violencia y la gran mayoría de amenazados han recuperado su libertad, el centro del debate se sitúa en el relato de lo sucedido, lo que enfrenta miradas divergentes de difícil o imposible conciliación, entre otras cosas porque la izquierda abertzale rechaza ahora la violencia como instrumento político, pero no ha dado el paso de admitir su ilegitimidad en el pasado.
ETA lo ha dicho bien claro en su último comunicado: «No podemos aceptar que tengamos que renegar de nuestra trayectoria de lucha y asumir el relato de los opresores».
