"Se publicará una declaración detallada de su situación patrimonial, con la sola excepción de los datos exactos que permitan la localización de sus inmuebles"
El Gobierno ha propuesto a los partidos políticos una serie de medidas concretas de transparencia y regeneración democrática, entre ellas homologar las pensiones de los cargos públicos a las del resto de los ciudadanos, y prohibir las tarjetas de crédito para gastos de representación.
Así consta en la documentación entregada a los partidos en la reunión convocada por el Gobierno para este jueves 21 de noviembre, a la que tuvo acceso la agencia ‘Servimedia’.
Son cuatro documentos en los que se abordan muchas de las medidas que se analizaron al tramitar el Proyecto de Ley de Transparencia.
Los documentos agrupan las medidas en cuatro bloques: Ley Orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, Ley reguladora del ejercicio del cargo público de la Administración General del Estado, Plan de Regeneración Democrática, y Medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción.
La intención del Gobierno expresada a los partidos en esa reunión, a la que no asistieron ni el PSOE ni UPyD, es que esas medidas se tramiten como proyectos de ley en el próximo periodo de sesiones.
MEDIDAS
En uno de esos bloques, el de medidas para regular el ejercicio del cargo público, el Gobierno propone que todos ellos contribuyan al régimen de protección social «en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores públicos». «No tendrán derecho a percibir pensiones de jubilación distintas de las previstas con carácter general en cualquier régimen de protección social público», dice el Gobierno en ese documento.
Además, propone una «delimitación de los usos a los que pueden ser destinados los gastos de representación», que en ningún caso puedan ser objeto de modificación presupuestaria, y prohibir el uso de tarjetas de crédito para esa finalidad, con una «justificación estricta de los gastos reembolsables, acreditando su necesidad para las funciones inherentes al cargo».
NORMA CON RANGO DE LEY
El Gobierno quiere aprobar una norma con rango de ley que regule las obligaciones y los derechos de los cargos públicos de la Administración General del Estado, «corrigiendo así la actual dispersión normativa y evitando resquicios que favorezcan conductas irregulares».
En ella, dice el Ejecutivo, se especificará lo que se entiende por cargo público, incorporando a los miembros de órganos de la Administración General que no están actualmente incluidos en la normativa de conflictos de intereses, como son el Consejo de Estado o el Consejo Económico y Social, y a otros de nueva creación, como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Quiere, por ejemplo, ampliar la publicidad de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales, que hasta ahora afectan a los miembros del Gobierno y a los secrtarios de Estado, a todos los que desempeñen un cargo público.
«Se publicará una declaración detallada de la situación patrimonial de los altos cargos, con la sola excepción de los datos exactos que permitan la localización de sus inmuebles y salvaguardando la privacidad y seguridad del titular de los bienes», dice el texto.
El Gobierno propone que las retribunciones de todos los cargos públicos deban figurar en las normas presupuestarias «de forma clara y homogénea».
Añade en ese capítulo el refuerzo de la Oficina de Conflictos de Intereses «mediante la ampliación de sus funciones y medios», y la fiscalización «ex post» del patrimonio de los cargos públicos por parte de esa Oficina una vez hayan abandonado su puesto, para detectar así «las situaciones de enriquecimiento injustificado».
Finalmente, el Gobierno propone en ese bloque que esa Oficina colabore con la Agencia Tributaria y que pueda solicitar datos, certificaciones y verificaciones necesarias para clarificar ese patrimonio.
