El Congreso discute aspectos aún no cerrados de la norma, que ya fue sometida a examen en comisión y volverá a serlo el próximo martes

Ley de Seguridad Ciudadana: Botellón, 600 euros de multa; ‘top manta’, hasta 30.000

Continúan las críticas a lo que, entienden, es un recorte de libertades y de derechos

La Ley de Seguridad Ciudadana avanza en su tramitación parlamentaria camino de su próxima aprobación, aunque la comisión de Interior en que se discute acordó estas últimas horas celebrar el martes que viene una segunda reunión de la ponencia que examina el proyecto, que sigue contando con un amplio rechazo de la oposición.

Continúan las críticas a lo que, entienden, es un recorte de libertades y de derechos, a lo que ayer se sumó la crítica de PSOE, CiU, La Izquierda Plural, UPyD y PNV de que hace falta un examen más «detallado, razonado y reflexivo. A falta de ello, advierten de que esta será una ley «impuesta» por el PP. Oposición y populares han presentado 270 enmiendas, de las que el PP solo ha aceptado un pequeño porcentaje, aunque se ha comprometido a estudiar y transaccionar otras.

SANCIONES

Las limitaciones y sanciones referidas a manifestaciones y protestas, el manejo de las detenciones o la interactuación con la policía constituyen los aspectos más controvertidos de este texto, en el que se regulan otras muchas realidades. Es el caso del «botellón», que -si no hay cambios- será considerado como una infracción leve con multas de hasta 600 euros, y no grave como prevé el proyecto de esta norma. Algunos grupos solicitaron que el «botellón» fuera directamente excluido de la ley de Seguridad.

También se discuten sanciones a la venta ambulante callejera, el «top manta», que el PP propuso multar estas actividades con hasta 600 euros, pero CiU pide que el castigo pueda ser de hasta de hasta 30.000 euros y solicita que se recoja la protección de los derechos de autor, una cuestión a la que se oponen la mayoría de los grupos al entender que esta materia no es competencia de una ley sobre Seguridad Ciudadana.

Una vez que la ponencia cierre su informe sobre la ley, previsiblemente el día 27, habrá de celebrarse el debate definitivo en sesión plenaria, ya que es una ley orgánica que requiere un respaldo de al menos la mayoría absoluta del Pleno del Congreso, y después se enviará al Senado.

 

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