Le va a dar donde más le duele: en el bolsillo. El Gobierno quiere que Carles Puigdemont y sus exconsejeros sean sometidos por el Tribunal de Cuentas a un expediente de responsabilidad contable para que paguen con su patrimonio personal el dinero público que se haya empleado en el referéndum ilegal del 1 de octubre, tal como ya ocurre con Artur Mas y sus exconsejeros respecto a la consulta del 9N, por la que se les reclama una fianza de 5,2 millones de euros. (El prófugo Puigdemont denuncia un «encarcelamiento masivo» de independentistas).
Según da cuenta ‘El Español‘, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha enviado un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas denunciando la utilización de fondos públicos en la votación independentista del 1-O y pidiendo al Ministerio Público que «inicie las actuaciones oportunas» con el fin de determinar los contratos y actos administrativos llevados a cabo por el exGovern catalán para la organización y celebración del referéndum y concretar cuánto dinero se destinó al mismo.
La denuncia sostiene que deben incluirse las ayudas y subvenciones públicas de las que han sido perceptoras Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las organizaciones que colaboraron en la materialización de las votaciones.
El escrito se refiere a la Ley 4/2017, de Presupuestos de Cataluña, en la que se incluyen varias partidas para gastos de procesos electorales y consultas populares. Esta ley comprometió al Govern para que garantizara la «dotación económica suficiente para hacer frente a las necesidades y requerimientos que se deriven de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de Cataluña».
La denuncia del número dos de Montoro señala que con esas normas «estamos en presencia de una actuación consciente de utilización de medios humanos y materiales, de recursos públicos dirigidos a la consecución de una finalidad manifiestamente conocida y reconocida judicialmente como ilegal».
«Ánimo de ocultación»
La denuncia reconoce que «no resulta en este momento posible la definición cierta de la cuantía de los daños producidos», entre otros motivos por el «ánimo de ocultación de la financiación» del referéndum por parte del Govern.
Aunque será la investigación que eventualmente se realice la que determine la cuantía de los costes de la consulta cargados al erario público, el escrito de Hacienda menciona gastos que considera producidos como el de la campaña por el referéndum insertada en la web oficial de la Generalitat y en diversos medios de comunicación, el contrato para el suministro de urnas, el coste derivado de la utilización de los 2.315 colegios electorales (gastos de agua, luz, telefonía, limpieza, personal) o la utilización de medios informáticos.
A este respecto, recuerda que Carles Puigdemont publicitó a través de Twitter una app para votar, registrada a nombre de Catalonia Voting Software. Oriol Junqueras, por su parte, publicó tres vías para acceder al censo a través de Telegram, de Twitter y de una dirección de correo electrónico.
ANC y Òmnium
La denuncia de Hacienda atribuye a ANC y Òmnium un «papel principal» en la organización y celebración del 1-O «que puede implicar el empleo de fondos públicos, de los cuales se nutren sus presupuestos, para la realización de actividades ilegales o contrarias a las resoluciones de los tribunales».
«Es objeto de la presente denuncia que se proceda a la definición de las responsabilidades que corresponda exigir a todos los [ex]miembros del Gobierno de Cataluña, así como a los responsables de Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana», señala el secretario de Estado.
Añade que, una vez determinados los daños al erario público y sus eventuales responsables,
«se solicita la identificación del [ex]Gobierno de Cataluña como responsable de esos daños y se le reclamen tras el correspondiente procedimiento de responsabilidad contable las indemnizaciones procedentes».
