Patética comparecencia en el Congreso de José Antonio Nieto

El número dos del ministro Zoido cabrea a decenas de miles de policías y guardias civiles

Acabada la tregua por el 1-O en Cataluña, sindicatos y asociaciones de las FSE dan un ultimátum al Gobierno para su equiparación salarial con los mossos y ertzainas

El número dos del ministro Zoido cabrea a decenas de miles de policías y guardias civiles
El ministro Zoido y José Antonio Nieto. EF

Hemos sido los grandes olvidados de la democracia, por eso nuestros gobernantes tienen que ser especialmente garantes

A los 80.000 guardias civiles que hay en España y a los 65.000 policías nacionales se les ha agotado la paciencia.

Hace ya tiempo de eso, pero se trata de servidores de la Patria disciplinados y tragan quina y aguantan lo indecible. Hasta que algún patoso mete la pata.

Y una polémica comparecencia en el Congreso del número dos del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto, sobre sus retribuciones ha acelerado una protesta por la equiparación salarial que la crisis en Cataluña había congelado.

Tras los sucesos ocurridos tras el 1-O y el papel jugado por los Mossos, la movilización de los agentes parece imparable.

Así, los sindicatos representativos de la Policía Nacional han anunciado este miércoles que presentan un conflicto colectivo, con apoyo por primera vez de las asociaciones de la Guardia Civil, para forzar al ministro Juan Ignacio Zoido, a concretar sus planes para conseguir la equiparación salarial con los policías autonómicos.

En una rueda de prensa conjunta en Madrid, todas las organizaciones representativas han amenazado a Interior con lo que se conoce como trabajo a reglamento, es decir, una huelga de celo con la que podrían llevar a colapsar la administración y las dependencias policiales al hacer cumplir escrupulosamente con sus protocolos de actuación.

Si el ministro Zoido no concreta antes de mediados del próximo mes de enero la propuesta, previa convocatoria de sendos plenos del Consejo de la Policía y la Guardia Civil, los sindicatos y asociaciones estudiarán «medidas de presión» entre las que figuran manifestaciones y concentraciones.

En su hoja de ruta barajan trabajar a reglamento, con lo que se exigiría la documentación a cada ciudadano en todos los controles de aeropuertos y pasos fronterizos, lo que provocaría inevitables colas.

Esta situación se replicaría en las oficinas de expedición del DNI o por parte de los agentes encargados de las sanciones y multas de Tráfico.

Las organizaciones sindicales han criticado el «silencio» de Zoido después de remitirle el 19 de septiembre una propuesta de equiparación salarial que han cuantificado en un total de 3.000 millones de euros en el plazo de tres años: 500 millones en 2018, 1.000 millones en 2019 y 1.500 millones en 2020. Por este motivo, le piden volver a reunirse con él de forma urgente.

«Todo lo que no sea esto es retórica política y poner en riesgo la seguridad pública de todos los españoles», han avisado los portavoces José Antonio Calleja y Alberto Moya, en representación de los cinco sindicatos policiales y ocho asociaciones de guardias civiles, además de la plataforma Jusapol.

Las organizaciones consideran que ha llegado el momento de concretar cifras y plazos, y han contradicho al ministro Zoido con que sea obligatorio para la equiparación salarial que primero haya presupuestos generales del Estado ya que, según ellos, se puede acometer vía real decreto.

Entre otras cuestiones, han criticado al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por compararles en el Senado «de manera equivocada y frívola» con otros colectivos como los médicos, a pesar de que «nada tienen que ver» con ellos teniendo en cuenta la peligrosidad o disponibilidad con la que desempeñan sus trabajos los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Alberto Moya ha recordado que la Policía y, sobre todo, la Guardia Civil tienen «restringidos o prohibidos» sus derechos sindicales y que, por ejemplo, no pueden convocar huelgas como otros funcionarios.

«Hemos sido los grandes olvidados de la democracia, por eso nuestros gobernantes tienen que ser especialmente garantes»

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