Hacienda exigirá cada mes una relación de partidas y las pagará con los anticipos de la financiación autonómica
No se van a ir de rositas ni se saldrán con la suya. Acostumbrados durante décadas a pasarse la ley por la entrepierna, igniorar sentencias judiciales y chalanear con los Gobiernos españoles de turno, los independentistas catalanes no parecen haberse dado todavía cuenta de que esta vez la cosa va en serio.
La respuesta del Gobierno Rajoy al reto de la Generalitat catalana, que ha dejado de remitir la justificación semanal de gastos exigida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no se ha hecho esperar.
El Ejecutivo central prevé aprobar este viernes 15 de septiembre de 2017 un paquete de medidas para incrementar el control del gasto del Govern.
Hacienda pretende tomar las riendas sobre las cantidades que cada mes transfiere a la Generalitat a cuenta del sistema de financiación autonómica.
La idea es liberar las cantidades a cuenta gotas, a medida que la Generalitat justifique para qué las necesita, en lugar de hacer la entrega mensual del montante para que el Govern la administre.
El mecanismo que prevé aprobar el Consejo de Ministros este viernes viene a ser una intervención de hecho de las cuentas, por más que el Gobierno rechace esa expresión. Las diferencia -explican fuentes de la administración central- es que solo se pretende controlar la aplicación de los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica -que el Estado hace llegar en forma de pagos mensuales- y no, los vinculados a tributos propios gestionados por la Generalitat (patrimonio, impuesto sobre transmisiones patrimoniales, tributos medioambientales y otros) o los patrimoniales (privatizaciones, por ejemplo).
Dentro de este objetivo de cercar las finanzas de la Generalitat, el Gobierno de Mariano Rajoy también prepara medidas que tienen como objetivo controlar las aportaciones privadas a las arcas autonómicas, aunque no se espera que se adopten ya este viernes.
Cruce de cartas
Todas estas medidas, que Hacienda guardaba en cartera, serán activadas ahora que el ‘vicepresident’ Oriol Junqueras ha comunicado por carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, su decisión de dejar de remitirle el justificante semanal de gastos que impuso el ministerio en el mes de julio con el fin de deterctar posibles partidas destinadas a financiar el referéndum del 1 de octubre (1-O).
En su misiva, Junqueras se acoge a la nueva legalidad aprobada por el Parlament, pero suspendida por el Tribunal Constitucional, para justificar lo que, a juicio del ministro Montoro, constituye un «ataque directo» hacia el ordenamiento constitucional.
El ministro ha remitido a Junqueras esta misma tarde una carta de respuesta en la que le emplaza a «que cumpla con su deber» y «remita de inmediato la información a la que están obligados», pues de lo contrario «el Gobierno de España adoptará las medidas necesarias para asegurar que la Generalitat se atiene en su actuación a la legislación vigente y, en concreto, al cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria».
Montoro niega que la exigencia de un control semanal de las cuentas constituya una medida de «control político», como denuncia Junqueras. A su jucio son «medidas de control de la gestión y destino de los recursos públicos, en definitiva, control de legalidad para garantizar la financiación de los servicios públicos fundamentales».
Sigue el FLA
El Ejecutivo de Mariano Rajoy está buscando nuevas vías de control financiero de la Generalitat después de haber descartado llevar hasta sus últimas consecuencias la amenaza de cerrar el grifo del fondo de financiación autonómica (FLA) si el Govern de Puigdemont destinaba «un solo euro» a financiar el referendum o si la Generalitat dejaba de enviar semanalmente el informe de la Intervención de sus gastos, lo que ha acabado sucediendo.
El Gobierno de Rajoy ha entendido que cerrar el grifo del FLA acabaría perjudicando a los proveedores, como por ejemplo las farmacias, ya que los recursos del fondo de liquidez llegan directamente a los emisores de las facturas y a atender los vencimientos de deuda pública (sin pasar por la administración autonómica).
Ante el nuevo desafío del Govern, el Ejecutivo central ha decidido dar una vuelta de tuerca más. Ahora se entra en una fase de práctica intervención de las cuentas públicas.
Aunque no entra dentro del paquete de medidas de este viernes, el Gobierno estudia también fórmulas para controlar que la Generalitat, que tiene cerrado el acceso a los mercados con una calificación crediticia de bono basura, pueda beneficiarse de fondos privados.
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