Sin apoyo internacional ni control de sus Presupuestos, Moncloa sigue inclinándose por la tesis de que Puigdemont sus compinches no ejecuten de manera inmediata la secesión
El presidente del Gobierno de España pasará todo el fin de semana en alerta, de guardia, siguiendoal segundo los acontecimientos en Cataluña y el firme propósito de reventar el referéndum ilegal del 1-O.
El gabinete de crisis no es amplio: tiene a Mariano Rajoy al frente y está compuesto por los elemntos de su ‘núcleo duro’: la vicepresidenta y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, la dirección de su Gabinete y algún segundo nivel de la «fontanería» de la vicepresidenta.
Rajoy está ya en contacto permanente con los ministros más implicados en la gestión de esta «crisis de Estado», como el de Interior, Juan Ignacio Zoido, y el de Justicia, Rafael Catalá. Y también con el PSOE y con Ciudadanos.
La principal incógnita es hasta dónde tendrán que llegar la Guardia Civil y la Policía para cubrir los posibles espacios que dejen vacíos los Mossos a la hora de garantizar que no se abren colegios electorales ni se avala un referéndum ilegal.
La preocupación está en la calle y en ganar el domingo la batalla del relato de lo ocurrido.
El Gobierno lleva días sosteniendo que no hay ningún margen para que se celebre un referéndum ajustado a un mínimo de garantías democráticas para que tenga validez.
Ha sido neutralizado por el Tribunal Constitucional (TC), por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y por las actuaciones de la Guardia Civil. Pero ahora queda la «batalla de la lectura de lo que ocurre el domingo».
¿Controla algo Montoro en Cataluña o siguen gastando dinero público en promopver el golpe independentista? https://t.co/GJSxEcyFnA
— Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) 29 de septiembre de 2017
La del Gobierno será que el Estado de Derecho se ha impuesto sobre una consulta ilegal hecha a la medida de los partidarios de la secesión y que no respetaba los derechos de todos los catalanes.
Pero también es consciente del riesgo del discurso de la otra parte, construido sobre valores que calan tan bien en la opinión pública como el derecho al voto o el derecho a decidir.
En el Gobierno saben que lo que el independentismo busca de la jornada electoral es la imagen de mucha gente haciendo colas para intentar votar, sin violencia en principio, pero que no le va mal algún enfrentamiento con las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE).
Esa fotografía tan plástica, y tan impactante para la épica soberanista, de policías o guardias civiles enfrentados a catalanes que presionan para dejar sus papeletas.
Es un equilibrio complicado porque llegados a esta situación, y pese al riesgo social, «Rajoy no tenía otra alternativa que utilizar todos los medios a su alcance para velar por que no se vote en edificios públicos», explican fuentes de Moncloa.
Este ministro, como Montoro, tampoco tiene miedo a que le quiten puntos del carnet de ‘progre’ https://t.co/WakLolObUy
— Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) 28 de septiembre de 2017
Hay tensión y preocupación por los riesgos de manejar la calle en un escenario en el que aunque los Mossos tienen orden judicial, van a intentar no ser ellos los que protagonicen el cuerpo a cuerpo con los ciudadanos.
Y también porque aunque oficialmente no se ampare este discurso, en el Ejecutivo son conscientes de que aunque no había alternativa a los movimientos del Estado para frenar el golpe secesionista, las decisiones judiciales y hasta la presencia de las FSE en Cataluña están siendo utilizadas por los soberanistas para alentar el apoyo al llamado derecho a decidir.
De momento el Gobierno no tiene más opción que esperar y ver qué pasa, y actuar en consecuencia. Qué pasa el domingo, y cómo el independentismo gestiona su división interna cuando ya se ha llegado al punto en el que tirar hacia adelante, la declaración unilateral de independencia, no tiene vuelta atrás.
Sin apoyo internacional ni control de sus Presupuestos, Moncloa sigue inclinándose por la tesis de que Puigdemont sus compinches no ejecuten de manera inmediata la secesión, pero todo está abierto y «marcado por la incertidumbre más absoluta».
Juez Emilio Calatayud: «La participación de niños en actos independentistas es una barbaridad y una ilegalidad»https://t.co/bRVlyA6Rdc pic.twitter.com/1eYxoCIVhM
— Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) 29 de septiembre de 2017
Rajoy ha alistado respuestas para cada escenario, incluso consensuadas con los partidos constitucionalistas si se llega a la situación extrema, como podría ser la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna (que habilita no sólo la suspensión de autonomía, sino también la posibilidad de convocar elecciones autonómicas). Pero a dos días del 1-O, y una vez que el Estado ya ha ejecutado su plan para desactivar la logística de la consulta, a Rajoy sólo le queda esperar y reaccionar.
Se juega el líder del PP algo más que el cargo.
Esta es la intendente de los Mossos golpista que ordenó dejar tirados como perros a los guardias civiles
