El Gobierno de Mariano Rajoy ha recibido ya el informe del Consejo de Estado, en el que el avala los argumentos jurídicos planteados por el Ejecutivo, pero discrepa sobre el momento temporal de hacerlo.
El Gobierno no ha aclarado nada más, ni siquiera si mantiene el recurso ante el Tribunal Constitucional que tenía previsto aprobar mañana viernes en el Consejo de Ministros.
Aunque la opinión del Consejo de Estado no es vinculante, este pronunciamiento supone un duro varapalo para el Gobierno.
El Ejecutivo, no obstante, se arriesga y mantiene su decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional.
SORPRESA EN LA MONCLOA
El Gobierno de España no podía imaginar que esta iba a ser la respuesta del Consejo de Estado.
El Ejecutivo argumenta que el candidato Puigdemont no tiene «libertad de deambular» por España, ya que sobre él pesa una orden de detención que tendrá que ejecutarse en cuanto llegue a territorio español.
Como prueba, además, señala que el presidente del Parlament, Roger Torrent, tuvo que entrevistarse con el candidato en Bruselas, y no donde se reúne con el resto de los parlamentarios electos y donde han sido convocados los parlamentarios. Es decir, en Barcelona, y en el Parlament de Cataluña.
Por ello, ha decidido seguir adelante con su decisión de impugnar ante el Tribunal Constitucional, con el riesgo de que este lo rechace.