El inefable Zapatero declaró en su día a la golpista Òmnium Cultural asociación de utilidad pública.
Fueen 2009, con José Montilla al frente de la Generalitat y teniendo el PSOE mayoría en el Congreso de los Diputados de España (Las independentistas Òmnium y ANC declaran estar en caída libre’ en lo que se refiere a ingresos).
Como recoge María Jamardo en ‘OKdiario’ este 24 de agosto de 2018, la Consejería de Justicia, dirigida por la socialista Montserrat Tura, concedió a la entidad independentista ese privielgiado estatus, lo que permitió a la entidad golpista acogerse, desde dicha fecha, a los beneficios previstos en la Ley Orgánica 1/2002, que regula el derecho de asociación en España.
Según el artículo 33 de dicha norma, las asociaciones de utilidad pública podrán “disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales que las leyes reconozcan a favor de las mismas, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente” y de los “beneficios económicos que las leyes establezcan a favor de las mismas” además de recibir “asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la legislación específica”.
En la práctica, esto permitió que Òmnium Cultural accediese a mayor número de ayudas públicas e incrementado las cuantías de las subvenciones directas a fondo perdido recibidas hasta entonces, para la financiación de las actividades propias del objeto con el que fue constituida.
Así como que haya podido desgravarse, tanto en las declaraciones de IRPF como del impuesto de Sociedades, los importes de todas las aportaciones y donaciones recibidas, tanto de personas físicas como jurídicas.
12 millones de euros públicos
Òmnium Cultural, entidad presidida por Jordi Cuixart -actualmente en prisión provisional como autor de un delito de sedición-, habría recibido, según los informes resultantes de las investigaciones policiales, inyecciones de dinero público por valor de 12 millones de euros con el objetivo de fomentar un “permanente clima de confrontación social” en Cataluña.
Algunas de las conclusiones que la Guardia Civil extrae de sus pesquisas determinan que la separatista Òmnium Cultural habría conseguido la millonaria suma gracias a las inyecciones de dinero público proporcionadas durante años por los diferentes gobiernos de la Generalitat.
Los agentes responsables del caso consideran que bajo la presidencia de Carles Puigdemont, tanto Òmnium Cultural y la ANC, habrían puesto en marcha “una auténtica maquinaria de adulteración social” dedicada a “sembrar un sentimiento de odio”a España orientado a la ruptura del orden constitucional y a la consecución de la declaración de independencia en Cataluña.
Y para ello la Administración catalana habría alimentado, sistemática y reiteradamente a las entidades separatistas, a través de diferentes instituciones locales y autonómicas, con ingentes y generosas cantidades de dinero público.
