En las últimas semanas, el PSOE ha tratado de dilatar la tramitación de la reforma de la Ley de Indultos para no debatir todavía la enmienda del PP que pide no conceder este perdón a los condenados por rebelión o sedición, los delitos que se atribuyen a los presos del referéndum ilegal de 2017.
El empeño de Pedro Sánchez en favorecer la situación judicial de los jefes independentistas encarcelados o prófugos se ha unido ahora a una más que sospechosa maniobra que consise en convocar a la comisión en la que se debate esa reforma -y que preside la socialista Isabel Rodríguez- a una ronda de comparecencias de expertos para que ilustren a los diputados sobre la reforma.
José Luis González Cussac
Cada grupo podía presentar dos candidatos y el PSOE ha presentado los suyos: José Luis González Cussac, catedrático de Penal de la Universidad de Valencia y Jesús López-Medel Báscones, abogado del Estado.
Éste último, propuesto también por Podemos.
Según da cuenta ‘OkDiario’, López-Medel, ex diputado del PP y autor del libro ‘Por una nueva ley del indulto’, se ha significado a favor de la libertad de los dirigentes independentistas y se ha mostrado crítico con la «judicialización» del órdago secesionista.
Jesús López- Medel
Desde su columna de opinión, en El Periódico, el jurista ha afirmado, por ejemplo, que «no se pueden afrontar con normalidad unas votaciones cuando algunos líderes están encarcelados» o que
«el despropósito y la crueldad de encarcelar a unas personas por sus ideas (y también por sus errores y disparates, aunque estos no son delito), no puede seguir». «El mantenimiento de la prisión en Madrid de actores secundarios solo tiene un nombre: ensañamiento o contumacia deliberada en el error»,
consideró en una ocasión.
González Cussac, por su parte, coincide también con varias de las tesis socialistas, como el acercamiento de presos etarras a cárceles del País Vasco.
El catedrático ha firmado algunas polémicas decisiones, como el sobreseimiento del expediente a tres estudiantes de la Universidad Jaime I de Castellón por invitar como ponente a una conferencia a un condenado por colaboración con ETA.
Y en otra ocasión, opinó que la legislación contra el terrorismo en España «es muy avanzada, aunque también tiene muchas sombras» y consideró que
«hay una serie de modificaciones de conductas periféricas, como el autodoctrinamiento y el reclutamiento, que pueden incidir en libertades fundamentales, como la ideológica, de expresión o asociación».
«Es decir, estamos criminalizando conductas que pueden invadir esos derechos», expresó el año pasado en el congreso ‘El Derecho Penal ante el nuevo terrorismo’, organizado por la universidad castellonense.
Tanto PP como Ciudadanos han renunciado a citar a expertos a esta comisión, para evitar ralentizar aún más la tramitación parlamentaria de la reforma, que se encuentra en fase de ponencia.
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