Un serio aviso con todas las de la ley tras la última escalada de violencia en Cataluña. Los desmanes de los CDR que han elevado la presión con cortes durante horas de una vía fundamental como la AP-7, y por otro lado la demencial actitud del president Quim Torra, quien exige a los Mossos que no actúen contra ellos mientras preconiza la peligrosa ‘vía eslovena‘, han llevado al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto durante estas últimas horas. (La Rebelión de los Mossos: amenazan a Torra con dejar a los CDR asaltar el Parlament de Cataluña este 21 de diciembre).
Lo hace de cara a los próximos días, cuando los autodenominados ‘comités de defensa de la república’ preparan movilizaciones para colapsar Cataluña con motivo del Consejo de Ministros que Pedro Sánchez celebrará el próximo 21-D en Barcelona. (Esther Palomera se desempeña a fondo para exonerar a Sánchez de la violencia en Cataluña y Ana Rosa la fulmina).
Así, ante la creciente tensión en las calles, que se verá agraviada con el inicio del juicio del 1-O y la pasmosa la pasividad con la que actúan los Mossos d’Esquadra, sobre todo después de que el propio jefe de la policía de la Generalitat, Quim Torra, criminalizara a los agentes por repeler a algunos de los más radicales en una manifestación contra VOX, ha remitido tres cartas al Govern de la Generalitat.
Una es de la vicepresidenta, Carmen Calvo, a su homólogo, Pere Aragonés, en la que le reprocha que
«aparentemente ha existido una dejación de las funciones que tiene atribuidas ese Gobierno, con consecuencias para la seguridad pública«. Es nuestra obligación evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido»,
remata Calvo en un tono de clara advertencia.
Además se envió otra del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y una última del de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que es la más dura y la más explícita, ya que detalla el artículo de la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que permitirá al Gobierno enviar a la policía a Cataluña si los Mossos no garantizan la seguridad.
Grande-Marlaska recuerda que el artículo 38.2 de esta norma, «prevé los supuestos de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando lo estimen oportuno las autoridades estatales». El Gobierno exige en esta misiva que los Mossos ejerzan «las funciones que legalmente le incumben».
En caso contrario», señala el ministro,
«se ordenará la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando proceda y en términos de proporcionalidad y necesidad».
En este sentido, una de las opciones que tiene el gabinete de Sánchez sobre la mesa es la aprobación por Real-Decreto de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, más conocida como Ley de Seguridad Nacional, aprobada en septiembre del 2015 bajo gobierno de Mariano Rajoy con el apoyo de todos los partidos menos los nacionalistas.
Se trata de una norma cuyo objetivo es
«proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales».
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