O es un vago redomado, al estilo del inefable Zapatero o es un irresponsable. O ambas cosas a la vez, como le ocurría a ZP.
La llegada de Pedro Sánchez al Gobierno con tan sólo 84 diputados -tras la moción de censura a Mariano Rajoy- las limitaciones del Ejecutivo para tomar decisiones propias y su constante dependencia de los apoyos que necesita ir recabando de sus socios de investidura, hacen mella en Moncloa.
Política de gestos y pago de favores podrían resumir los menos de 100 días de Sánchez al frente del Ejecutivo.
Celebrado el último Consejo de Ministros y con la única comparecencia en rueda de prensa del actual presidente de los últimos dos meses y medio e iniciado el período estival, el Gobierno se va de vacaciones dejando en suspenso hasta su regreso, en septiembre, los temas más polémicos, según recoge María Jamardo en okdiario.
Éste es el complejo escenario al que deberá enfrentarse Sánchez el próximo curso escolar si no quiere que el Gobierno colapse y verse obligado a convocar elecciones anticipadas:
El Decretazo de RTVE
La medida, profundamente criticada por los socialistas desde la oposición y prevista para circunstancias urgentes y excepcionales, fue la primera gran imposición unilateral de un gobierno que intervenía el Consejo de Radio Televisión Pública para reemplazarlo por uno provisional en el que el mayor peso de los consejeros recaía sobre profesionales de los medios afines a Podemos.
Tras dos votaciones parlamentarias que frustraron la conformación de la nueva cúpula, y ante la ausencia de acuerdo, el Ejecutivo nombraba la pasada semana a la periodista Rosa María Mateo como administradora única del ente para asumir las riendas de la corporación e iniciar los trámites del concurso público del que habrá de elegirse el nuevo Director General y su equipo, tal y como establece la ley aprobada en 2017.
El Decretazo de Sánchez, sin embargo, anunciaba modificaciones para incrementar el número de Consejeros en incorporar en el órgano gestor a representantes propuestos por partidos nacionalistas y Podemos que sustentaron la convalidación de la medida que no han convencido ni a Populares ni a Ciudadanos.
Ley de Memoria Histórica y exhumación de Franco
En los pasillos del Congreso de los Diputados, el mismo día en que prosperó la moción de censura, Sánchez se comprometía con miembros de las asociaciones de la Memoria Histórica a exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos e ilegalizar la Fundación Francisco Franco; y ponía como fecha límite “antes de julio”.
Agotado el plazo comprometido y pese a que fuentes de Moncloa insistían en los últimos días en que tenían lista la “fórmula” jurídica para abordar dicho traslado de manera inmediata, la férrea oposición de la familia Franco, las dificultades para intervenir sobre una tumba que se encuentra bajo la tutela de la jurisdicción canónica, no civil, y las medidas judiciales que los herederos y la asociación ya han anunciado que adoptarán en caso de que el Gobierno actúe en contra de la voluntad de los Franco, han frustrado provisionalmente la voluntad de Sánchez.
Acercamiento de presos ETA
Una de las exigencias del PNV para apoyar a los socialistas en su empresa de desbancar al Gobierno del PP fue que Sánchez se comprometiese a abordar el acercamiento progresivo de los presos de ETA a las cárceles vascas.
Los socialistas mantienen su intención de cumplir la legislación penitenciaria que ampara el acercamiento de los presos de la banda terrorista al País Vasco y Navarra, pese a que desde las filas Populares, Casado haya advertido que no van a permitir que se produzca ni un sólo movimiento en este sentido y para ello cuentan con el apoyo de las asociaciones de víctimas que recibieron la decisión muy negativamente y dispuestas a combatirla.
Negociación Presupuestaria y Techo de Gasto
Se desmorona la minoría cualitativa que consiguió aglutinar Sánchez para desalojar a Rajoy de la Moncloa cuando los números y la economía se ponen sobre la mesa.
En septiembre ha de votarse el nuevo techo de estabilidad presupuestaria y los que deberían ser los Presupuestos Generales del Estado en 2019, cuestión que se presenta muy compleja para los socialistas.
Pensionistas
Desde la oposición, Sánchez utilizó el argumento de las pensiones para atacar de manera recurrente al Gobierno anterior. Ahora son los pensionistas quienes recuerdan al socialista que, estando en la Moncloa, tiene el poder para hacer que las pensiones queden constitucionalmente blindadas y aplicar las subidas que exigen vinculándolas al IPC.
Exigen que las pensiones se traten como un derecho y no como una limosna y advierten ala Gobierno que saldrán de nuevo a tomar las calles en septiembre si no atienden a lo que tantas veces exigieron al Ejecutivo de Rajoy.
Huelga del Taxi
Como una “tregua provisional”, así han definido los portavoces del gremio del taxi la decisión de desconvocar la huelga salvaje que ha mantenido en jaque al Gobierno durante una semana, con escenas e incidentes que colapsaron las principales arterias de las capitales españolas.
Cumplimiento de la Ley 1/30 a cambio de que los paros y las protestas se suavicen e incluso se aparquen indefinidamente. Sin embargo y ante la complejidad de un tema en el que difícilmente la solución a adoptar será capaz de conformar las pretensiones de ambas partes involucradas: taxis y VTC, el Gobierno de Sánchez, a través del Ministerio de Fomento, ha sugerido que lo adecuado sería transferir las competencias de la materia administrativa para la emisión de licencias a las Comunidades Autónomas, algo que no ha gustado en absoluto a los titulares autonómicos que consideran que es trasladarles el problema.
Los taxistas por su parte advierten que a su regreso en septiembre, si las promesas no se cumplen, están dispuestos a que “ardan” de nuevo las ciudades.
Inmigración y fronteras
Sánchez arrancó su presidencia acogiendo a más de 400 inmigrantes a la deriva en e Mar Mediterráneo a bordo de un barco propiedad de una ONG, el Aquarius. La medida, duramente criticada por su oportunismo, fue la espita que abrió el gas de la inmigración como uno de los nuevos problemas del Gobierno socialista.
El último episodio, el asalto de más de 600 inmigrantes ilegales subsaharianos en la valla de Ceuta, que dejaron a 20 agentes de la Guardia Civil heridos de diversa consideración tras utilizar una violencia inusitada que incorporaba incluso el uso de sustancias corrosivas como cal viva.
El efecto llamada de la política de gestos de Sánchez incomoda a la mayor parte de las formaciones políticas y a los ciudadanos que asisten preocupados al anuncio de medidas como la retirada de las concertinas.
El incremento de la delincuencia callejera, la sobreexposición de los recursos públicos a la atención de irregulares en territorio español -condenados a precariedad e indigencia– y la falta de medios para atender la sobrepoblación de los CETIS en zonas ya de por sí afectadas por dificultades propias y tasas de paro muy elevadas, son algunos de los principales escollos que deberá abordar el actual Gobierno con medidas reales y en algunos casos, impopulares.
Cataluña
Tras su primera reunión en Moncloa con Pablo Casado, nuevo líder del Partido Popular, Sánchez conoce su oposición frontal a la reforma constitucional que pretendía el Ejecutivo para resolver la amenaza separatista en Cataluña.
En las conversaciones mantenidas entre ambos, Casado negó a Sánchez cualquier posibilidad de prestar futuros apoyos para abrir el melón de la Carta Magna y con ello privilegiar a Cataluña.
Sánchez es consciente de que abordar dicho propósito sin los votos populares, imprescindibles para tal cometido, es un fracaso anunciado.
UCO y Guardia Civil
Unas horas antes del último Consejo de Ministros trascendía la noticia de la destitución fulminante del Coronel Manuel Sánchez Corbí al frente de la UCO de la Guardia Civil por “pérdida de confianza”.
Cese directo del Ministro de Interior, Grande-Marlaska, a quien no gustó que Corbí comunicase a su equipo la falta de fondos reservados para atender las necesidades de dotación presupuestaria de las unidades dedicadas al crimen organizado, corrupción y delincuencia grave.
Rebelión interna entre los miembros de la benemérita que han manifestado su apoyo a Corbí, casi tanto como han evidenciado las críticas al recién nombrado Francisco Javier Sánchez Gil, quien no tiene experiencia previa en investigación.
