LAS COSAS DEL GOBIERNO SOCIALISTA Y SUS AMIGOS

El Gobierno Sánchez ha gastado ya 90.000 € en cursos de risoterapia, meditación y autodefensa

El Gobierno Sánchez ha gastado ya 90.000 € en cursos de risoterapia, meditación y autodefensa
PlagScam, el plagio y la tesis doctoral de Pedro Sánchez. EP

Un alivio es que todavía no han incluido en el temario la masturbación (Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son dos ‘moscas’ de la misma mierda).

El Gobierno Sánchez ha gastado cerca de 90.000 euros en la contratación de distintos cursos para su personal relacionados con el bienestar emocional y en el puesto de trabajo (‘Gobierno S.A.’: Ni España ni los españoles se merecen a Sánchez y toda esta mierda).

La temática es de lo más variopinta y abarca clases de meditación, «gestión del tiempo», resolución de conflictos, autodefensa o, incluso, risoterapia. Se trata de contratos menores -sin publicidad- cuya adjudicación se recoge en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado (Sánchez, metepatas por partida doble: blanquea al castrismo mientras se deja meter un gol con Gibraltar).

Su valor es diverso: desde los 400 euros a los 15.000 que costó un curso de ‘mindfulness’ -técnica que consiste en lograr un estado mental de «atención plena»-para la Subdirección General de Administración Financiera (Peñafiel derriba de una certera pedrada al ‘aviador’ Sánchez: «Se le debería caer la cara de vergüenza»).

En dicho Portal se encuentran contrataciones cuanto menos curiosas: por ejemplo, un curso para ‘hablar en público’ para la Dirección General de Tráfico, para 14.000 euros. En la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se imparten clases de autodefensa y en la delegación de Economía y Hacienda de Lugo necesitan talleres para aprender a controlar el estrés.

Como explica Luz Sela en OKdiario este 25 de noviembre de 2018, destaca también el curso, por 1.900 euros, sobre «inteligencia emocional» para el personal de la delegación de Hacienda en Jaén; el de «trabajo en equipo» de la Dirección del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (1.800 euros) o las clases de «bienestar emocional y crecimiento emocional» para funcionarios del Gobierno en Gerona.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pagó más de 4.000 euros para aprender a crear «equipos de trabajo eficaces» y la Subdirección de Recursos Humanos de Hacienda, 1.760 euros para introducirse en el ‘mentoring’, el ‘traspaso’ de conocimientos entre un superior y otro empleado con menos experiencia.

Abundan también los cursos para aprender a gestionar el tiempo de una forma más eficaz o para mejorar la productividad en el puesto de trabajo. O los de técnicas de autodefensa ante «agresiones verbales». Y otros, por importe menor, no dejan de resultar llamativos.

El personal de la Delegación de Economía y Hacienda y del Catastro de Valladolid, por ejemplo, pudo participar en una «Escuela de Espalda» que costó 550 euros públicos.

Cursos de lenguas co-oficiales

El Gobierno también ha contratado recientemente varios cursos para que sus empleados dominen las lenguas co-oficiales. Es el caso de las clases de gallego y euskera impartidas por la Universidad de Educación a Distancia (UNED), para el personal de Hacienda, y cuyo coste ascendió a 11.100 euros en el primer caso, y cerca de 10.000, en el segundo.

El año pasado, el PSOE impulsó una proposición de ley en el Congreso en la que instaba a fomentar el uso de las lenguas co-oficiales del Estado en la Administración pública, facilitando que cualquiera pueda dirigirse a un funcionario, en todos los puntos de España, en la lengua que considere.

Según la propuesta -en espera de ser activada en el Congreso «los peticionarios con residencia habitual en una comunidad autónoma que haya establecido la cooficialidad lingüística tendrán derecho a formular sus peticiones a los órganos de la Administración General del Estado o a los organismos públicos vinculados o dependientes de ella con sede fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma en cualquiera de las lenguas oficiales, aunque el procedimiento se tramitará en castellano».

Ello obligaría a las distintas oficinas de atención pública y a los servicios de la Administración a disponer de servicios permanentes de traducción en catalán, euskera y gallego para todos sus procedimientos.

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