Guardias civiles expulsados por demócratas, asignatura pendiente de 40 años de constitución

Guardias civiles expulsados por demócratas, asignatura pendiente de 40 años de constitución
José Manuel Sánchez Fornet, Activista Pro Derechos Humanos , Pro derechos FSE y decido activista contra la corrupción

El 17 diciembre de 1976, dos días después del referéndum para la reforma política que abría la puerta al cambio del régimen, un grupo de policías armados, guardias civiles y miembros del Cuerpo General de Policía se manifestaron en Madrid. Demandaban tener derecho a sanidad en la seguridad social porque en la militar eran maltratados ellos y sus familias; los mandos y sus familiares tenían preferencia siempre en cualquier acto médico aunque no hubiesen pedido cita. Esta manifestación es uno más de los muchos capítulos sin aclarar de la transición.

Algunos de los que estuvieron en la reunión previa a la manifestación, celebrada en la Casa de Campo de Madrid, no saben quiénes eran personas que sin ser policías asistieron a la misma (¿Cómo sabían dónde y que día se celebraba?) y trataron de hacer coincidir la manifestación con el referéndum del día 15, lo que lleva a pensar que con independencia de la razón que asistía a los manifestantes en sus demandas, el malestar existente fue aprovechado por quienes querían descarrilar los avances políticos provocando incidentes dentro de las fuerzas de seguridad.

En los primeros meses de 1977, con los ecos de dicha manifestación y muchos policías y guardias civiles expedientados, traslados de plantilla o encerrados en prisiones y calabozos, otros policías y guardias civiles demócratas empiezan a plantearse hacer uso de las herramientas de una sociedad democrática. El primero es el policía nacional José López, en Sevilla, que convenció a otros cuatro policías (José Osorno, Guillermo Gómez, Carlos Jiménez y Manuel Tapada) para crear la célula clandestina de un sindicato, y ellos cinco levantaron el Acta fundacional del primer sindicato policial clandestino el 28 de febrero de 1978. Vinieron años de clandestinidad, expedientes, sanciones, amenazas de expulsión hasta la legalización, en noviembre de 1984. José López fue también elegido secretario general en el primer congreso nacional, enero de 1985, y tras múltiples enfrentamientos con el ministro Barrionuevo y mandos policiales, en junio de 1986 él y toda la junta directiva nacional fueron desprovistos de la exención del servicio para la actividad sindical, incorporados a sus servicios en distintas plantillas de España, expedientados y amenazados con actuaciones penales por su apoyo al clandestino sindicato de la Guardia Civil. Ni manifestaciones, ni denuncias de prácticas corruptas, ni denuncias de actividades policiales al margen de la ley, ni huelga de hambre movieron a Interior a disolver en la práctica la dirección nacional de un sindicato, y sí lo hizo cuando el sindicato policial emitió una nota e hicieron público su apoyo e implicación en la defensa del movimiento sindical en la Guardia Civil.

En 1985, siete años después de aprobada la Constitución, el guardia civil Manuel Rosa planteó constituir una asociación profesional y recibió como respuesta su detención y encarcelamiento, seguido de otros compañeros de la Guardia Civil que lo secundaban. 

Durante los años siguientes continuaron las actividades clandestinas y se fueron produciendo detenciones, arrestos y sanciones para impedir su implantación. Corcuera y Roldán decidieron acabar con ellos a cualquier precio, legal o ilegalmente y se produjo la «Operación Columna», que consistió en intervenciones telefónicas sin autorización, seguimientos, infiltrar a guardias para provocar delitos y promover la detención de los dirigentes del movimiento clandestino, desembocando en numerosas detenciones entre 1990 y 1992.

Decenas de ellos fueron encarcelados, sometidos a juicio militar por sedición (que no prosperaron), expedientados o jubilados por disminución de las facultades psicofísicas, y cuatro fueron expulsados mediante expedientes gubernativos por promover lo que desde hacía años la Constitución permitía, como era crear asociaciones profesionales

Una sentencia del Tribunal Constitucional avaló el derecho de los guardias civiles a constituir asociaciones profesionales, pero los expulsados Manuel Rosa, José Morata, José Piñeiro y Manuel Linde (ya fallecido) nunca consiguieron que se revisaran sus expedientes y se reconociera la injusticia cometida con ellos. No se han rendido y siguen reclamando justicia. 

En 1994 José Morata presentó los estatutos de Coproper (Coordinadora Pro-perjudicados por la gestión de Luís Roldán), que tras discrepancias y vicisitudes, contando con el apoyo de Margarita Robles, entonces secretaria de Estado de Interior y hoy ministra de Defensa, fue aprobado

El papel de Margarita Robles fue fundamental porque otros cargos políticos y los mandos de la Guardia Civil se oponían a legalizar ninguna asociación. Coproper fue la estrategia alternativa que de la mano de José Morata y otros compañeros guardias civiles, en especial Florencio Garrido, secretario general los últimos años de existencia, los llevó hasta el nacimiento de la hoy asociación mayoritaria. Paralelamente, desde Asturias se inició un trámite jurídico, con dinero del sindicato fundado por José López en 1978 (un millón de euros de la época) que devino en legalización. Esta organización, denominada 6-J , se fusionó con Coproper.

Manuel Rosa continuó su lucha sin doblegarse y José Piñeiro inscribió en el registro el SUGC, siglas históricas del movimiento clandestino aunque las primeras creadas por Manuel Rosa fueron UDGC (Unión Democrática de Guardias Civiles).

Respecto de la demanda de reingreso de los guardias represaliados existe el precedente en el Ejército de los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD)

En el año 2010 el Gobierno les reconoció su valentía por defender la llegada de la democracia y les permitió reingresar a quienes lo solicitaron, pasando a la situación legal que les correspondía. Estos militares actuaron contra la legalidad antes de existir la Constitución

Los guardias civiles actuaron muchos años después de aprobada la Constitución. En el año 2010 cuando se produjo ese reconocimiento a los militares ya se había presentado la primera PNL (Proposición No de Ley) en el Congreso de los Diputados sobre los guardias civiles (Rosa Diez, UPyD, 2009) que no fue atendida por el Gobierno socialista. Rosa Diez insistió un tiempo después en su proposición no de ley y nuevamente fue apoyada por unanimidad, pese a lo cual tampoco esta vez sirvió para nada. El pasado año 2017 fue Miguel Gutiérrez, de Cs, quien planteó una PNL sobre el mismo asunto, resultando votada favorablemente por todos los grupos parlamentarios excepto por el PP (que vota a favor cuando está en la oposición y en contra cuando está en el Gobierno). Quien ha votado siempre a favor ha sido el PSOE, que ahora está en el Gobierno y no tiene ninguna razón para no actuar en consecuencia. No hacerlo implicaría un mensaje de podredumbre, cínico y despreciable de las prácticas políticas en España.

Los afectados, cansados de esperar y de gestiones que siempre han resultado infructuosas, decidieron crear una organización dedicada exclusivamente a reivindicar que se corrija la injusticia cometida con ellos. Policías y guardias civiles amigos los acompañan en GUCIPOL (Colectivo Democrático de Policías y Guardias Civiles) que preside José Morata y de cuya dirección forma parte también José Piñeiro. Han remitido escritos a los grupos parlamentarios y en fechas recientes, a los ministros de Interior y Defensa demandando que se tomen las medidas precisas para restablecer el reingreso al Cuerpo de la Guardia Civil de los expulsados en la situación administrativa que corresponda. Nada que no se haya hecho antes con los militares de la UMD.

Las asociaciones profesionales representativas y alguna que no lo es han suscrito el apoyo a esta demanda. También algunas organizaciones sindicales policiales, aunque esto, visto desde la Guardia Civil, podía ser contraproducente por lo que la estrategia se ha centrado en el apoyo de las asociaciones profesionales de guardias civiles. Todas menos una, que tiene un vocal en el Consejo de la Guardia Civil, apoyan el reingreso; catorce de los quince miembros de la parte social del Consejo de la Guardia Civil apoyan que se cierre este capítulo restableciendo el honor y la justicia a los cuatro expulsados, los tres con vida y el fallecido. Las noticias que llegan de la Dirección General de la Guardia Civil y de los ministerios de Interior y Defensa, por primera vez en veinticinco años no son de cerrazón absoluta, al contrario, parece que valoran como justa la demanda y están estudiando la fórmula legal para resolver el asunto. Cuando no se quiere resolver un problema los gobiernos se escudan en la legalidad, pero en este caso es tan sencillo como tener voluntad y adoptar una decisión política, pues la forma legal, el rango de la norma y todo lo demás es secundario. La sentencia del Tribunal Constitucional estableciendo rotundamente que los miembros de la Guardia Civil disponían del derecho de asociación profesional debería ser palanca suficiente para restablecer sus derechos a estos quienes les fueron robados. El poder ejecutivo, con el apoyo ampliamente mayoritario del legislativo puede resolver esta situación que no se corresponde con valores de justicia y legalidad. La Constitución cumple 40 años con guardias civiles expulsados por querer aplicarla en la Guardia Civil. Borren esa mancha con el reingreso inmediato de los demócratas del tricornio.

En la mañana de hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recibido en audiencia a los miembros de la Guardia Civil sargento José Morata Gargallo, cabo Primero Manuel Rosa Recuerda, y guardia civil José Carlos Piñeiro González, que fueron expulsados de la Guardia Civil por promover el derecho de asociación profesional. Sus expulsiones se produjeron mediante expedientes gubernativos tras rechazar los tribunales militares las acusaciones de sedición.
 
Tras un periplo de años de encierros en prisiones, expedientes y sanciones, fueron definitivamente expulsados ellos tres junto con Manuel Linde Falero, ya fallecido. Otros muchos miembros de la Guardia Civil fueron dados de baja por no estar en condiciones psicofísicas para el servicio (eran demasiado demócratas) y los menos permanecieron en el cuerpo tras pasar por psiquiátricos, prisiones y sometidos a expedientes.
 
Los afectados crearon el pasado año una asociación denominada Colectivo Democrático de Policías y Guardias Civiles, en siglas GUCIPOL, para trasladar a los distintos organismos e instituciones la situación en la que se encontraban. José Morata es presidente y José Piñeiro secretario de esta Organización, en la que los acompañan otros dirigentes históricos del movimiento asociativo en la Guardia Civil.
 
Una vez constituidos solicitaron el apoyo de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, consiguiendo el respaldo de todas ellas excepto una (que tiene un vocal en el Consejo de la Guardia Civil) por lo que 14 de los 15 miembros de la parte social de dicho órgano apoyan su reingreso. Igualmente remitieron escritos a los grupos parlamentarios y a los ministros de Interior y Defensa, planteando la incoherencia de mantenerse ellos en esta situación cuando hace años que se resolvió el asunto de los militares de la UMD (Unión Militar Democrática), que actuaron antes de aprobada la Constitución y por lo tanto contra la legalidad existente, mientras ellos lo hicieron una vez aprobada la Constitución, ratificada la legalidad de sus actos por una sentencia del Tribunal Constitucional.
 
La ministra de Defensa les ha manifestado su reconocimiento por su lucha en pos de la democratización de la Guardia Civil, y su intención de abordar, junto con el ministro de Interior, una solución a la situación en que se encuentran que restablezca la justicia, comprometiéndose a buscar la norma de rango adecuada y la disposición necesaria para cerrar este capítulo pendiente.

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