Son los inconvenientes de ir de listo, como hace habitualmente José Luis Ábalos.
El ministro de Transportes de Pedro Sánchez y número tres del PSOE es de esos tipos convencidos de que todo se arregla con caradura y ha intentado tapar la tremenda pifia de haber ido de madrugada el pasado 20 de enero de 2020 al Aeropuerto de Barajas, a entrevistarse a escondidas con la narcochavista Delcy Rodríguez, vicepresidenta del tirano Nicolás Maduro, diciendo que pasaba por allí a saludar a un amigo.
Y ha repetido incluso a los periodistas que fue a la terminal, pasada la medianoche, a recoger al ministro de Turismo de Venezuela, Félix Plasencia, como si fuera un conductor de Uber o Cabify.
Vaya por delante que Plasencia, que se encuentra en Madrid con motivo de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), tenía un coche de la embajada chavista esperándole y anda tan despistado que ni se ha atrevido a confirmar el encuentro.
Pues según Ábalos, la número dos de Maduro «estaba de tránsito, y a instancias del ministro de Turismo [venezolano] me pidió si me importaba que la saludara. La saludé y ya está, nada más, al margen de recordarle que lamentablemente no podía pisar territorio español, y así fue».
Y ha añadido el número tres del PSOE sin ponerse colorado: «No fue largo. Yo abandoné. Mi propósito era recoger al ministro. Dada la situación, lo que hice fue regresar, porque uno no puede permanecer en esa situación tanto tiempo».
Y ha argumentado, dando por supuesto que los periodistas son lelos y la opinión pública española anda en la inopia, que que él entiende por reunión cuando «se convoca» y hay un intercambio «aunque sea simplemente de puntos de vista».
No ha colado y el influyente «The New York Times» publica ya en su versión online que hubo «reunión secreta» en la pista del aeropuerto de Madrid entre Ábalos y la siniestra Delcy Rodríguez, a la que prohibe la Unión Europea poner los pies en su territorio.
Desde el punto de vista del Gobierno de Donald Trump, estas acciones del gobierno social-comunista de España dañan la política común de la UE y la cooperación de esta con EEUU.
La Administración Trump califica de «muy sorprendentes», tanto la decisión de Pedro Sánchez de no reunirse con Juan Guaidó, presidente democrático de Venezuela, como la rocambolesca escapada nocturna de su ministro de Transporte, yendo a ver a uno de los personajes más sórdidos y corruptos del régimen de Maduro, a escondidas y en el aeropuerto de Barajas.
«Cabe recordar que Delcy Rodríguez está sancionada por la Unión Europea, que tiene prohibida la entrada en Europa, es muy sorprendente que algo así suceda», ha dicho este 24 de enero de 2020 la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado norteamericano, Carrie Filipetti, que supervisa la política hacia Venezuela.
«El hecho de reunirse con alguien a quien has sancionado daña las políticas conjuntas que han avanzado EE.UU. y la Unión Europea. Y lo cierto es que daña también el marco de la Unión Europea, que requiere de cooperación para implementar este tipo de sanciones».
«Tenemos muchas preguntas, que vamos a intentar que responda el gobierno español. Pero ciertamente estos desarrollos no es que sean bienvenidos».
Guaidó ha sido reconocido como jefe de gobierno de Venezuela por más de 50 países, tras un año de laboriosas gestiones de la Casa Blanca y el Departamento de Estado.
Hace unos días, el jefe de la diplomacia norteamericana, Mike Pompeo, se reunió con Guaidó en Bogotá. Por eso extraña a Washington que precisamente ahora el Gobierno español y sus socios de coalición se resistan a recibir al político venezolano como lo harían con otro presidente.
«Esto no debería ser un problema de izquierdas o derechas. El presidente Guaidó no representa sólo a un partido político, representa al pueblo de Venezuela y la voluntad de lograr, por la paz, la libertad y la democracia. Por eso se ha reunido con tantos líderes internacionales y jefes de estado».
Las groseras mentiras de Ábalos son solo la última de una serie de oscuras maniobras del Gobierno Sánchez para mermar la calidad de nuestra democracia.
Ya no se trata solo de denunciar los sistemáticos engaños en que, día sí, día también, incurre este Ejecutivo para manipular y despreciar a la ciudadanía con una estrategia clara para esconder la acción de gobierno. Ni siquiera de que en cualquier país embustes flagrantes como el de Ábalos llevan aparejada la dimisión. Ya engañó él con su tesis plagiada y no dimitió.
En apenas veinte días este Gobierno ha legitimado al régimen de Maduro; está en trámite de un abuso de poder con la designación de la exministra Delgado como fiscal general del Estado porque carece de la más mínima idoneidad para el cargo; ha atacado la independencia del Poder Judicial como ningún presidente lo hizo nunca; ha alterado la celebración de los Consejos de Ministros para pervertir el normal desarrollo de las sesiones parlamentarias y dificultar la labor de fiscalización de la oposición; mantiene una agenda opaca de cesiones al separatismo catalán, y está legitimando a un presidente inhabilitado como Torra y a un partido filoterrorista.
Con los votos de menos de media España y solo 120 diputados, Sánchez gobierna contra la otra media España.
UN PERSONAJE SINIESTRO
Delcy Eloína Rodríguez (Caracas, 1969) ocupa desde mediados de 2018 el cargo de vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela y es, de facto, la numero dos del régimen de Nicolás Maduro.
Cuando apenas contaba siete años, su padre, Jorge Antonio Rodríguez, fundador del partido marxista Liga Socialista, falleció mientras se encontraba preso y bajo custodia de la policía política del entonces presidente Carlos Andrés Pérez.
Rodríguez es, desde su muerte, un mártir de la izquierda y ahora del chavismo.
Ese hecho marcó profundamente a Delcy Rodríguez y reforzó su vocación política. “Yo sí sé lo que es una dictadura (…) A mi padre le costó la vida ser un disidente político”, dijo ante las acusaciones de la oposición de ser la dirigente de una dictadura.
Ocupó diversos cargos en el Ejecutivo de Hugo Chávez (llegó a ser, en 2006, ministra del Despacho de la Presidencia), pero su carrera política despegó con la llegada de Maduro al poder.
Así, en 2014 fue designada ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, convirtiéndose en la primera mujer venezolana que alcanzaba el cargo de canciller o ministra de Asuntos Exteriores.
Dos años después, Maduro la condecoró con la orden militar de la Defensa Nacional por “defender los intereses de la nación ante los ataques de la derecha”. Y ese mismo año recibió la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela por “llevar con honor y amor la verdad de Venezuela al mundo”. Un año después, en 2017, fue aupada por Maduro al cargo de vicepresidenta del país.
Muchos de sus enemigos le achacan que, pese a residir en Altamira, un barrio de clase alta de Caracas, Rodríguez siga defendiendo los ideales marxistas de su padre.
También le afean su uso en la vida política de un lenguaje bronco y agresivo, con frecuentes insultos a diversas personalidades del país, a pesar de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente que ella misma presidía, y que prohíbe ese tipo de conductas.
El pasado mes de septiembre, sin ir más lejos, acusó al líder opositor Juan Guaidó de liderar una delegación de “criminales y paramilitares” supuestamente vinculada al grupo organizado del narcotráfico colombiano conocido como Los Rastrojos, y aseguró que estas vinculaciones son peligrosas y representan “una traición”. “Ahí están las evidencias, sacan a Guaidó como lo que es, como un delincuente haciendo la ruta criminal.
Estas evidencias y más cosas las vamos a llevar a las Naciones Unidas”, aseguró. Y añadió que no es la primera vez que se utilizan “bandas criminales para derrocar a gobiernos libres, de izquierda”, y puso como ejemplo los casos de Nicaragua y El Salvador en el pasado.
En junio de 2018 fue incluida por la Unión Europea, junto a otros funcionarios venezolanos de alto nivel del régimen de Maduro, en una lista de personalidades a las que se vetaba la entrada al territorio de la Unión, así como la congelación de sus bienes en los países miembros, por estimar que todos ellos estaban implicados en la represión a una gran parte del pueblo venezolano.
Dicho veto de la UE se fundamenta en que las acciones de Delcy Rodríguez “han minado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, lo que incluye la usurpación de poderes de la Asamblea Nacional y su uso para cercar a la oposición y evitar que participe en el proceso político”.
Pocos meses más tarde, en septiembre de 2018, el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), aplicó contra ella y otros dirigentes venezolanos una nueva ronda de sanciones.
