La celebración del 8M, pese a las advertencias del impacto que tendría en la propagación del COVID-19, se ha convertido en la china en el zapato del PSOE y Podemos. Aunque han intentado echar balones fuera y culpar a los expertos, un estudio independiente podrá zanjar la polémica y demostrar, empíricamente, el impacto de la marcha feminista sobre la transmisión del coronavirus.
El Grupo Parlamentario Popular instó al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a encargar a un comité científico independiente para la realización de un estudio que analice la posible relación entre las grandes concentraciones de personas que generaron las manifestaciones del Día de la Mujer, el domingo 8 de marzo, y el aumento de los contagios por coronavirus en los días posteriores a esas celebraciones masivas.
La proposición no de ley (PNL), firmada por la portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo, reclama un estudio científico «que permita discernir el impacto real del retraso en las decisiones gubernamentales de confinamiento hasta después del 8-M como elemento relevante a la hora de evaluar el impacto de la pandemia en España». Unos datos que podrán dotar de validez científica la irresponsabilidad de socialistas y comunistas de promover una manifestación multitudinaria a sabiendas del riesgo que conllevaba para la salud pública.
En la PNL, Cayetana Álvarez de Toledo recuerda que «el 31 de enero la Organización Mundial de la Salud anunció que el brote infeccioso era una emergencia de salud pública de importancia internacional”, así como que el 11 de febrero, su presidente lo consideró ya como «el enemigo público número uno del mundo». A pesar de que también se tenían los datos de lo que ocurría en Italia y en China, el ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, justificó la celebración de las manifestaciones del 8-M con el argumento de que «el cambio de la situación se produjo el domingo al anochecer».
Demanda en curso
El estudio científico podrá también utilizarse en la demanda en contra de Pedro Sánchez por prevaricación administrativa por omisión que ha sido registrada en el Tribunal Supremo y a la que está previsto que se adhieran más de 7.000 españoles que se han sentido, de alguna manera, afectados por la gestión del gobierno del PSOE y Podemos de la crisis sanitaria del coronavirus.
Víctor Valladares adelanta a este medio que, para canalizar el volumen de los ciudadanos que quieren participar en la causa legal, “se está creando una asociación que ya cuenta con los estatutos redactados, a la espera de poder formalizarla en los próximos días”.
La demanda, que inicialmente también acusaba de prevaricación a los delegados del Gobierno de las 17 Comunidades Autónomas por autorizar las marchas feministas del 8M, fue presentada el pasado 19 de marzo ante el Juzgado de Guardia de la Plaza Castilla de Madrid.
Sin embargo, ha llegado hasta el Tribunal Supremo, debido a que se trata de la institución correspondiente, ya que Pedro Sánchez tiene la condición de aforado.
Víctor Valladares adelanta que se han realizado unas ligeras modificaciones en el texto que se ha presentado ante el Tribunal Supremo. En este sentido, la denuncia “se dirige sólo contra Pedro Sánchez”, pero también “se amplía el tipo delictivo tomando como base el auto del JI 51 de Madrid” y se “amplían las diligencias de prueba tomando como base también el citado auto”.
La denuncia exige que se contemple la responsabilidad de Pedro Sánchez al permitir que se celebrasen las manifestaciones del 8M, pese a tener en sus manos un informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades que advertía del riesgo para la salud pública de organizar actos con alta afluencia de personas.
Irene Montero, en la mira
El Grupo Popular solicitó, además, la comparecencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la Comisión correspondiente del Congreso. El objetivo es que rinda cuenta «de su responsabilidad en la convocatoria de concentraciones masivas en toda España el pasado 8 de marzo a pesar de conocer las recomendaciones del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, en un informe emitido el pasado día 2 de marzo, en el que recomendaba ‘evitar concentraciones masivas innecesarias por el coronavirus'».
Convencidos de los fallos e irresponsabilidades del PSOE y Podemos, los populares han registrado además una nueva batería de preguntas escritas en las que se interesa por «si el ministro de Ciencia e Innovación comunicó a Presidencia la urgencia de tomar medidas epidemiológicas» tras afirmar que ‘los investigadores españoles comenzaron a trabajar de forma intensa sobre el COVID-19 en enero'».
El partido que preside Pablo Casado también pregunta por los motivos por los Irene Montero rompió la cuarentena antes de hacerse un nuevo test que resultó positivo, qué precio pagó el Gobierno por los test adquiridos en China, por qué veta el Ejecutivo las preguntas sobre los test defectuosos en las ruedas de prensa o «si ratifica el Ejecutivo las palabras de Fernando Simón en las que afirmó que ‘cuando hay un profesional sanitario afectado todos los profesionales que hay a su alrededor son testados y se identifica a los positivos».
En la nueva embestida del PP también hay otra proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno a ampliar la duración de las exenciones fiscales del programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, tras el aplazamiento de los mismos por la crisis sanitaria.
